La violencia que el gobierno llama paz social

Es verdad que el gobierno de Javier Milei llega a diciembre con paz social a pesar de lo agobiante que fue el año 2025 —y casi no hace falta hacer el recuento de deudas, restricciones, pérdidas que se acumulan después de dos años de gobierno libertario porque prácticamente todo el mundo reconoce en su cuerpo el cansancio—. Pero no es verdad que haya sido sin violencia. Un muerto en Navidad, en la Villa 20 de Lugano, Juan Gabriel González, un pintor de casas de 45 años, muy querido en el barrio, a quien un policía de la Ciudad le disparó con un arma de fuego sin mediar palabra. Otro herido gravísimo, Leonardo Vargas, trata de sobrevivir a los tres balazos —uno en la cara— que le pegó, en Constitución, otro policía de la Ciudad. Pablo Grillo, fotógrafo, todavía se está recuperando del impacto de un cartucho lanzagases que el gendarme Héctor Guerrero disparó sobre él el 12 de marzo de este año.

Son tres ejemplos, pero hay muchos más. Correpi, la organización histórica que denuncia la violencia policial y las muertes por “gatillo fácil”, cuenta —desde que asumió Milei— mil muertes en todo el país por esta razón: abuso de poder por parte de quienes llevan las armas que carga el Estado como dueño delegado del monopolio de la violencia. “Es la mayor violencia represiva desde 1983” denuncia la organización, que también cuenta 1.500 personas heridas en contexto de protesta social, 250 que fueron detenidas y procesadas en el mismo contexto, solo en CABA. Y un número más: 19 femicidios cometidos por uniformados, con armas reglamentarias.

¿Cabe sumar en este recuento a los cuatro soldados que se suicidaron solo en el mes de diciembre? Rodrigo Gómez en la misma Quinta de Olivos, Juan Pereira —suboficial— en Corrientes, Diego Kalilex en Santiago del Estero, Facundo Lima, integrante de la Guarnición del Ejército de Mendoza. ¿Qué efectos tuvo la precariedad de sus vidas, que otro militar —el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, rango que no quiso perder— justificó como parte de la crisis que atraviesa el país cuando desde el gobierno se festeja una baja despampanante de la pobreza? Ni los suicidios pueden contarse como hechos aislados —menos con esa frecuencia alarmante— ni la pobreza bajó tanto .

Hay una autorización oficial, desde el gobierno nacional —particularmente desde el Ministerio de Seguridad— y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, para que la violencia letal sea un lenguaje que se hable sobre todo en los barrios y territorios más empobrecidos. Hay un desprecio que es política de gobierno contra ciertas vidas bien caracterizadas: migrantes, pobres, racializades; esas personas que cometieron algún delito como si se hubiera instalado una pena de muerte sin juicio otra vez en Argentina. Otra vez porque la pena de muerte ya se aplicó clandestinamente en nuestro país: el año que viene se cumplirán 50 años desde que la dictadura más sangrienta de la historia se instaló en el poder público para aniquilar a los movimientos políticos, estudiantiles, sindicales y sociales que luchaban por otro país posible, por una distribución justa de la riqueza, del trabajo, del descanso y el disfrute. Hoy el Falcon verde es un meme que te mandan los libertarios en X a modo de amenaza —pero en chiste, claro— y a la violencia policial se la justifica como parte de una supuesta limpieza a favor de los “argentinos de bien”. Ese consenso nuevo es una alarma: da cuenta de hasta qué punto puede rasgarse el tejido social cuando desde el poder se enseña que no hay ningún otro articulador social más que la competencia, la ley de la fuerza, el supremacismo de los dueños. ¿La justicia social? Una aberración. ¿El respeto a las personas mayores, a su cuidado? Palos y gases que se aplicaron todo el año, como todo el año el gobierno luchó —literalmente— para despojar de derechos a las personas discapacitadas.

Sin embargo, a pocas horas de que empiece 2026 —y la feria judicial—, el juez Martín Cormik declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y en la memoria colectiva titilan otros hechos que también son parte de esta misma historia que ahora parece cerrada, sin salida, abarrotada del asedio de la pérdida constante de derechos, del desfinanciamiento a la educación, la cultura, la investigación científica, de la pérdida de la mera idea de un salario que alcance sin tener que sumar dos o más trabajos, del derecho al descanso, al ocio, a la naturaleza, un recuento que se ha hecho muchas veces y cuyas marcas están en los cuerpos en este fin de año. Hace cinco años una lucha colectiva y masiva consiguió que fuera ley el aborto seguro y gratuito, una victoria que le cambió la vida a muchas chicas sobre todo, también a los chicos, a todos y a todas, porque maternar o paternar no puede ser un accidente; aun cuando el desfinanciamiento a la salud ponga en jaque ese derecho, la famosa batalla cultural de este gobierno hace agua cuando pretende avanzar de nuevo con la criminalización del aborto.

Y hay otro hecho de la historia reciente, un hecho tremendo como fue la masacre de Cromañón, donde murieron 194 pibes y pibas que habían ido a escuchar a una banda nacida de un barrio bajo que hablaba de la vida cotidiana en esos suburbios donde nada está dado desde el principio. Muchos de esos pibes murieron porque volvieron a entrar a ese boliche donde el humo tóxico hacía imposible la respiración para salvar a otros, a otras. Una y otra vez, decenas de pibes y pibas volvieron a buscar a quienes habían quedado en el piso, pusieron por delante la solidaridad a su propia integridad, la solidaridad antes que eso que ahora se quiere instalar como sentido común: el sálvese quien pueda.

Pronto el calendario volverá a pisar el mes de febrero, el mes en que una manifestación masiva, inesperada y solidaria ocupó las calles de cada ciudad y pueblo del país para rechazar la estigmatización y la deshumanización de un sector de la sociedad: la comunidad LGBTIQ+, a la que Javier Milei había calificado en el Foro Mundial de Davos de “pedófilos”. Esa Marcha del Orgullo Antifascista Antirracista dio inicio al año político en este menguante 2025, una marcha en la que se tomó la calle por otres, por otros, por otras, por una forma de vida en común sin discriminación, sin descarte. Ese es el desafío que tenemos para 2026: resistir el sálvese quien pueda, desde el momento en que brindemos por el año nuevo y hasta que logremos construir ese país en el que entramos todes.