Cómo afecta a la niñez la reforma laboral, la modificación de la ley de glaciares y la baja de la edad de punibilidad

25 de febrero, 2026 | 13.37

La reforma laboral, la baja de la edad de punibilidad y las modificaciones a la ley de glaciares no pueden leerse de manera fragmentada. Expresan la búsqueda por reconfigurar estructuralmente el modo en que el Estado regula la producción, la reproducción social de la vida y el territorio. De esta forma, busca modelarse una “secuencia coherente”: más precarización laboral, mayor riesgo de colapso ambiental, deterioro de condiciones de reproducción social y expansión del castigo.

Desde una perspectiva crítica del adultocentrismo, estas reformas pueden leerse como decisiones políticas que priorizan ganancias económicas de corto plazo en beneficio de un pequeño grupo de multi(mil)millonarios por sobre el derecho de las nuevas y futuras generaciones a un ambiente seguro, cuidado y sostenible. No se trata únicamente de reformas sectoriales, se trata de una búsqueda por fortalecer un modelo de organización social que en buena medida reconfigura la relación entre presente y futuro.

Toda reforma laboral redefine la distribución social y sexual del tiempo. Si se amplía la jornada de trabajo, se flexibilizan horarios o se debilitan licencias, no solo cambia el contrato, cambia la disponibilidad adulta para cuidar. En un país donde la licencia por paternidad ya es de las más bajas de la región, cualquier retroceso o falta de ampliación profundiza un esquema donde las tareas de cuidado siguen incuestionablemente feminizadas, los varones quedamos institucionalmente desincentivados a ejercer paternidades presentes, y las niñas y niños pierden tiempo adulto disponible y cuidado de calidad. De aquí que la cuestión no sea solamente qué derechos perdemos las y los trabajadores, sino también cómo se deteriora el derecho al cuidado de niñas y niños, y por lo tanto las condiciones materiales para amar.

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En la lógica de la reforma laboral en curso, el mensaje es claro: productividad mata cuidado. Las leyes, además de ordenar conductas, producen sentido. Y una reforma que prioriza la “competitividad” y la “eficiencia” por sobre los derechos, trae consigo una innegable educación política: es más valioso producir que cuidar. Pero cabe preguntarnos, ¿quién cuidará a las niñas y niños en una sociedad que coloque la productividad como eje organizador de la vida? Esta reforma revitaliza y refuerza la idea hegemónica de masculinidad asociada al ser proveedor, pero al mismo tiempo nos hundirá a los varones en una brutal depresión por resultar imposible lograr cumplir con ese mandato. Y nos alejará más aún de los cuidados.

Así como la reforma laboral prioriza productividad por sobre cuidado, la reforma de la ley de glaciares prioriza rentabilidad extractiva por sobre sostenibilidad ecológica. Porque los glaciares ni son paisaje ni son un “recurso” disponible, son inestimables reservas de agua dulce. Y el agua no es un “recurso” más, es la condición de posibilidad de la vida. De modo que si se debilitan los controles y restricciones a las actividades mineras, a las hidrocarburíferas y a la utilización de sustancias extremadamente contaminantes en zonas glaciares y peri glaciares, se pone en riesgo el acceso al agua potable, la producción agrícola, la estabilidad de ecosistemas, y la salud integral de comunidades enteras. Y quienes pagan primero la crisis hídrica o la contaminación son las personas más vulnerables a contraer enfermedades vinculadas al agua, además de ocasionar malnutrición, desplazamientos forzados y empobrecimiento territorial en un sentido simbólico y material. Si la reforma laboral reorganizará el tiempo en favor del capital, la modificación de la ley de glaciares reorganizaría el territorio en favor del extractivismo.

A su vez, la precariedad/precarización adulta siempre provocará inseguridad infantil. Porque la infancia no vive en abstracto. Vive en hogares y en comunidades. Y cuando se facilita el despido, se abarata la indemnización o se debilita la negociación colectiva, se incrementa la incertidumbre económica familiar, precarizando la vida y los cuidados en general. Esa incertidumbre/precarización impacta negativamente en la calidad y cantidad de la alimentación, en la creación de condiciones para estudiar y pensar, en definitiva, en la salud mental familiar. Por lo tanto, una reforma laboral como esta fortalecerá los maltratos y los abusos hacia niñas y niños, en tanto se debilitarán aún más todos los anticuerpos sociales e institucionales que los previenen.

Asimismo, extractivismo desregulado es vulnerabilidad infantil territorial. Y cuando el territorio se vuelve zona de sacrificio, la infancia también. Es sabido que en zonas de expansión minera se normaliza una forma de trabajo tan transitoria como masculinizada, aumentan las violencias machistas y se deterioran las condiciones de cuidado, lo cual, como decíamos, fortalece la inseguridad infantil.

La reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares que quieren concretar desde el oficialismo se complementan con la promesa de mano dura, es decir, más represión y especialmente dirigida a los jóvenes de sectores populares. Cuando se debilitan las condiciones laborales de las familias, se incrementa la vulnerabilidad material de las niñas y niños; cuando se flexibilizan las protecciones ambientales estratégicas, se reducen y desfinancian las políticas públicas, se amplían las brechas de desigualdad y se debilitan las condiciones materiales y simbólicas de reproducción de la vida; cuando se deterioran las trayectorias educativas y comunitarias de las niñas y niños, se incrementan los conflictos sociales, se agudizan las desigualdades estructurales y en ese contexto la respuesta del Estado promete ser (¡menuda sorpresa!) no la restitución de derechos sino el castigo ampliado y temprano. La baja de la edad de punibilidad que quiere el gobierno no puede leerse por fuera de este contexto.

El combo de las tres reformas consolida una ingente injusticia intergeneracional. La reforma consolida un mercado laboral más frágil para las generaciones jóvenes y el horizonte vital de quienes hoy son adolescentes se vuelve más incierto. Eso ya se expresa en la entrada más temprana al mercado laboral informal, en el abandono escolar, en una mayor exposición a trabajos precarios, y fundamentalmente en la pérdida de la posibilidad de soñar un porvenir. Pero paradigmáticamente, un glaciar es futuro congelado. Es decir, atendiendo al contexto de colapso ambiental en el que estamos, un glaciar es agua reservada para generaciones que todavía no nacieron. De modo que flexibilizar su protección implica no sólo transferir riqueza presente a los ricos de entre los ricos; sino fundamentalmente significa empobrecer el porvenir.

En cualquier caso, hay aquí un mundo adulto que parece legislar priorizando beneficios inmediatos (para ellos, la renombrada casta política y empresarial) que se lograrán hipotecando el futuro de las jóvenes —y aún no nacidas— generaciones. Que las niñas y niños no voten no habilita a que se legisle como si no existieran. Eso es profundamente injusto, y expresa el carácter punitivo, extractivo y productivista del adultismo de quienes gobiernan. Pero además, es completamente irracional porque socava las condiciones de reproducción social y natural en estos territorios, priorizando la rentabilidad inmediata de los multi mil-millonarios por sobre el derecho de las nuevas generaciones a un mundo habitable. Desproteger los glaciares es hipotecar el porvenir, precarizar el trabajo es menos tiempo para abrazar y castigar la infancia vulnerada es una perversidad.

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Santiago Morales

Sociólogo e investigador (UBA/CONICET). Co-coordinador del Grupo de Estudios “Niñeces y Juventudes” del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA.