#AltaData | Los cruces en el Debate entre Macri y Alberto Fernández Suscribite

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"Si las retenciones ayudan en esta crisis, que las apliquen". La definición, efectuada a somos Radio AM 530 y Cítrica Radio sobre las retenciones al campo, no provino de un dirigente kirchnerista, sino de Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que es parte de la Mesa de Enlace. Por supuesto, Iannizzotto se manifestó en contra de la aplicación de las mismas, pero sostuvo que "a la parte humana hay que darle prioridad porque la que debe conducir es la política y no la economía".

Una semana después, Alberto Fernández logró una reunión que tuvo un fuerte peso simbólico, pues no solo lo acompañaba Héctor Daer de la CGT, sino también Miguel Acevedo, de la UIA, apoyando la posibilidad de un acuerdo corporativo para dinamizar el mercado interno, el consumo y el trabajo. Aún más, desde la UIA acusaron a la alianza Cambiemos, a la que habían apoyado en 2015, de “insensible” y “desencajada” de la realidad, mientras anunciaron un nuevo encuentro en su propia sede con Fernández, para el próximo miércoles.

Este contexto se asemeja mucho al de 2002, cuando en medio de un país devastado por años de políticas neoliberales, Eduardo Duhalde aplicó retenciones sobre las exportaciones del 23,5% para soja y girasol, y 20% al trigo y el maíz, con el fin de obtener recursos que le permitieran financiar el plan Jefes y Jefas de Hogar, sin mayores reparos por parte del campo. En tanto, por aquel tiempo, el presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, se incorporaba al flamante gobierno peronista como ministro de Producción, con fuertes críticas hacia el neoliberal Fernando de la Rúa, quien dirigía la primer Alianza. La derecha ni siquiera alzó demasiado la voz en 2007, cuando Néstor Kirchner aumentó las retenciones al 35,5% para la soja, 32% para la harina, y 28% para el trigo.

Pero aquel fue un año bisagra para el contexto político económico. No solo asumió Cristina Kirchner, sino que fue además el fin de la tregua que la derecha aceptó para evitar la profundización del caos socioeconómico de 2001. La negativa oficial a regresar al esquema de salarios bajos vía devaluación, fue respondido con la inflación por parte de los formadores de precios, mientras la UIA tomaba distancia y el campo comenzaba, unos meses más tarde, su propia batalla por la resolución 125.
En rigor, la UIA y el campo no hacían más que regresar a sus habituales programas liberales en los que reclamaban la disminución del programa peronista de presencia estatal para maximizar sus ganancias en desmedro de trabajadores y jubilados. Y es que históricamente, tanto la UIA como la Sociedad Rural Argentina, la entidad más representativa de los terratenientes, tuvieron un pésimo vínculo con el gobierno peronista, al punto que el propio Perón intervino la entidad de los grandes industriales luego de que ésta le declarara un lock out a inicios de su presidencia, en 1946. El conflicto, en rigor, se había iniciado unos años antes, cuando como Secretario de Trabajo, Perón había impuesto por decreto el aguinaldo, la jornada de ocho horas y las vacaciones, con lo que la UIA le respondió calificándolo de líder autoritario y financió la campaña del partido rival la Unión Democrática.

En el mismo sentido, ambas entidades fundaron en 1958, junto a la Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la denominada Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) entre cuyos postulados se encontraban “la necesidad de reducir la presencia del Estado en el plano económico y social”; “la importancia de basar el desarrollo sobre una asignación de recursos guiada por el libre juego de las fuerzas de mercado y no en una dinámica de negociación entre corporaciones”, y “otorgar un papel relevante del capital multinacional en el desarrollo”. Un programa económico casi calcado al que luego patrocinaría la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) que en los hechos reemplazó a ACIEL para solicitar en 1975 el arribo de un gobierno liberal, el cual se concretó en 1976 mediante el golpe de Estado.

 

Hoy, como en 2002, cuando el país se encuentra en estado de descomposición socioeconómica, la derecha parece tender puentes con un gobierno peronista que muy probablemente le asignará un mayor rol al Estado. El desafío, será lograr un consenso para que este acompañamiento no sea solo una instancia temporal, sino que se inscriba en un plan de desarrollo sostenido en el tiempo, que beneficie a todos los segmentos de la población.