Las mentiras del gobernador Gerardo Morales en el caso del micro proveniente de Jujuy

Los documentos de las embajadas de Colombia y Perú, el testimonio de los pasajeros que recogió El Destape y el de los referentes de organizaciones protectoras de derechos derrumban el relato del mandatario provincial.  

04 de abril, 2020 | 23.30

El gobernador Gerardo Morales quedó envuelto en un escándalo luego de que expulsara de Jujuy sin fundamento a decenas de migrantes, en su inmensa mayoría extranjeros. El estado provincial pagó un micro de larga distancia para que el 1° de abril llevara a 62 personas (51 de otros países  latinoamericanos) a la ciudad de Buenos Aires. El vehículo de Balut Hmnos fue interceptado en el ingreso a la Capital Federal, después de 40 horas de viaje y con una pasajera con fiebre. El caso impactó en los medios de comunicación y el mandatario salió a brindar explicaciones. El Destape contrastó sus dichos con documentos diplomáticos, el testimonio de los trasladados y con el de referentes de las organizaciones civiles que presentaron un habeas corpus para intentar frenar el viaje en plena pandemia y aislamiento social. La conclusión es contundente: Morales mintió. 

“Yo no eche a nadie”.  

Eso dijo Morales en una entrevista televisiva. “Nadie ha sido obligado a irse”, añadió en el mismo reportaje, el jueves por la noche.

Los testimonios que recogió este medio desmienten al gobernador. El Destape dialogó con Alexander, un ciudadano venezolano de 37 años que viajó con su pareja Gleidis y sus tres hijos de 5,7 y 14 años, quien fue muy claro: “Nosotros no queríamos subir al micro”. Ellos estaban en el hotel Frontera de La Quiaca, junto a un grupo de compatriotas, “super tranquilos”. Alexander explicó que quien los amenazó para que se subieran fue la pareja del intendente de La Quiaca. “La señora nos dijo que si no salíamos del hotel nos iba a echar con la policía”, afirmó. En ningún momento le precisaron cuál sería su destino.

Un testimonio similar brindó a este medio Benito, otros de los venezolanos que viajó con su esposa Cristina en el micro de Balut. “Nosotros no queríamos viajar a Buenos Aires hasta que pasara la pandemia. Pero de un día para otro nos dijeron que nos teníamos que ir. Nos echaron. Fue una salida obligatoria”, relató.

Según cuenta este joven de 24 años, el 31 de marzo a la noche, la pareja del intendente les dijo que a la mañana siguiente debían irse. “Nos dijo que ya no nos podíamos quedar. Un compañero pregunto qué pasaba si no queríamos salir. Nos respondió que nos iban a sacar a la fuerza”. 

Alexander y Benito con sus respectivas familias integran un grupo de 18 venezolanos que están bajo el resguardo de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) que trabaja codo a codo con la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). Son dos instituciones socias de ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, que tienen oficinas en La Quiaca.

Juan Carlos Soto era otro de los viajantes, que estaba en la Argentina por turismo. Originario de Colombia, Soto dijo que fue engañado para abandonar Jujuy. “Nos informaron que ya había conversaciones con el embajador (colombiano) y que tenían listo un avión para trasladarnos a Colombia pero que tendríamos que ir a Buenos Aires“. Era falso.

No solo el relato de las víctimas desenmascara a Morales. La decisión intempestiva del carcelero de Milagro Sala ya había motivado, el miércoles 1° de abril, la presentación de un habeas corpus por parte del CELS y las organizaciones ANDHES y CAREF para que se garantizaran las medidas de protección de los trasladados. 

Según constataron las autoridades, en el colectivo que Morales pagó para que se llevara a decenas de migrantes de Jujuy viajaban personas originarias de Colombia (22), Venezuela (21), Argentina (1), Perú (5), Bolivia (2) y Brasil (1).

“Nos contactamos con las embajadas”. 

El gobernador también dijo públicamente que tenía “firmado que (los migrantes peruanos) vayan a la embajada de Perú” y que “la de Colombia también dio el ok” para los colombianos. “Lo que se ha hecho es una coordinación con cada una de las embajadas”, aseguró.

En este caso, tal como trascendió, quien desdijo a Morales y en muy duros términos fue el embajador de Colombia, Álvaro Pava Camelo. El diplomático le envió una carta al gobernador en la que le exigió que rectifique sus dichos. Pava Camelo sostuvo que la afirmación de que la embajada autorizó el desplazamiento “carece de total veracidad”. 

“Nunca Señor Gobernador ni usted ni ningún funcionario de Jujuy, o de la Quiaca se comunicaron con el suscrito para informar, solicitar autorización y tanto menos para coordinar esa determinación, que por demás considero totalmente equivocada”, aseguró el diplomático. Y agregó que se sometió a sus compatriotas “a un riesgo innecesario”.  El disgusto del embajador se agravó porque un funcionario de la diplomacia colombiana “pidió expresamente” al Secretario de Relaciones Internacionales del gobierno jujeño así como al intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, no trasladar a los migrantes colombianos "a la Capital por considerar esa medida riesgosa y no conveniente desde todo punto de vista”.

“Nunca, reitero, ni ahora ni en fecha anterior he tenido contacto ni personal ni telefónico con usted ni con funcionarios de su gestión”, resaltó Pava Camelo, quien cerró su misiva diciendo que “no podría ser cierta la afirmación que usted y sus funcionarios usaron aparentemente, para movilizar a los colombianos a aceptar su traslado, en el sentido que la Embajada coordinaría el regreso de estos colombianos a Colombia, dado que es de público conocimiento que el ingreso a nuestro país está cerrado por disposición del señor presidente hasta el día 23 de abril”.

También cuestionó a Morales “apoyarse” en su nombre y en el de la embajada colombiana “para justificar una medida equivocada de su administración”.

Un pasajero colombiano que pidió que no se revele su nombre dijo respecto a la postura de la embajada de su país: “Se nos dijo que la embajada estaba al tanto del viaje. Nosotros llamamos al consulado y nos dijeron que no tenían conocimiento de esto. Tampoco la Cancillería”. “También se nos dijo que tendríamos acompañamiento policial y en San Salvador de Jujuy se bajaron los policías que estaban en el micro”, agregó. 

A la par, la embajada de Perú en la Argentina también desmiente la afirmación del gobernador de Jujuy. En un comunicado que está subido a la página de la sede diplomática, fechado el 3 de abril, se indica: “Ante la información difundida el día de ayer en distintos medios de comunicación, respecto de la llegada a la ciudad de Buenos Aires de un grupo de extranjeros, entre los que se encontraban cinco ciudadanos peruanos, en un bus fletado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, la Embajada del Perú en Argentina comunica que no ha solicitado ni autorizado el referido traslado”.  

Otro de los cinco destinos que la gobernación jujeña había pensado para estas personas era la embajada de Venezuela según se desprende del pedido de circulación que había elevado al Ministerio de Transporte de la Nación el Coronel Guillermo Siri, integrante del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy (en el listado que giró también figuraban las mentadas embajadas de Colombia y Perú, la de Brasil y la terminal de Retiro). Llevar a los venezolanos que ingresaron al país buscando protección internacional era un sinsentido. 

“No quieren quedarse en La Quiaca”.

“Hay venezolanos, que son un caso distinto. Estaban en La Quiaca en tránsito. No se querían quedar pero los obligamos a hacer la cuarentena”, señaló el gobernador de Jujuy en declaraciones mediáticas. 

Alexander fue muy claro con respecto a eso: “Estábamos súper tranquilos para no salir del hotel”. Por ejemplo, contó que ADRA y CAREF ya les habían pagado alimentación hasta el 13 de abril que es la fecha en la que vence la nueva cuarentena. 

Benito respaldó esa postura: “Estábamos bien en La Quiaca. Teníamos alimentos, hospedaje, todas las comodidades posibles para esperar que pase la pandemia”.

Las declaraciones fueron confirmadas por Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF, organización dedicada a la protección de los derechos de los refugiados y migrantes, quien dialogó con El Destape. “Dadas las restricciones para la movilidad, lo que hicimos fue garantizar que las personas pudieran permanecer alojadas y con su alimentación cubierta en La Quiaca hasta que fuera posible el traslado. Esto quiere decir, hasta que el gobierno nacional levante la medida de asilamiento social y obligatorio que permita el tránsito de las personas”. Según precisó, el hotel en el que estaba el grupo de venezolanos había sido cubierto hasta el 13 de abril. “Estaban tranquilos. Esperando y entendiendo el marco de la pandemia”, contó. Pero el gobierno de Jujuy tomó una medida intempestiva. “Nadie nos consultó, nos enteramos de la decisión a través de la población. Estaban muy preocupados porque les dijeron que debían subirse a un micro que iba a aparecer al día siguiente. Nadie sabía a dónde los llevaban. Ni ellos ni nosotros, que nos preocupamos de preguntarle a cuanto funcionario pudimos contactar”, indicó Liguori. 

“Las embajadas se querían hacer cargo”.

“Las embajadas se querían hacer cargo. Ahora me dice Horacio (Rodríguez Larreta) que no atienden las embajadas y que les va a tener que dar el alojamiento como yo les di en La Quiaca. Le dije a Horacio que me pase la cuenta. Yo no me estoy sacando extranjeros de encima”, afirmó Morales.

Por los comunicados que emitieron está más que claro que las embajadas no estaban siquiera enteradas del procedimiento.

Y Morales no pagó, por ejemplo, el alojamiento del grupo de venezolanos que estaba en La Quiaca, quienes estaban hospedados en el hotel Frontera. El alojamiento como la alimentación de ellos corrió por cuenta de la ACNUR. Que también iba a cubrir los gastos hasta que las normas nacionales permitieran el desplazamiento de los migrantes.

Lo que sí pagó Morales fue el micro para echarlos.

“Lo primero que hacemos es cuidar la salud y la vida de las personas”.

Esa declaración del mandatario jujeño también se hace añicos cuando se compara con la realidad.

En pleno aislamiento social, Morales envió a muchas personas al abismo. Las embajadas no iban a recibirlas. Y en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires hoy está el foco de la pandemia. Para Liguori, de CAREF, la decisión del gobernador fue de una “irresponsabilidad absoluta. Tomó una medida desmesurada, arbitraria y coercitiva”. “Descuidó la salud pública y de las personas que subió al micro”, agregó. 

Entre los trasladados había niños, que viajaron 40 horas en un colectivo con los baños anulados y con una persona con fiebre. “El baño no se podía usar. Viajamos como unos cochinos dentro de un camión. Como no se podía parar en el camino, uno de mis hijos se hizo encima. El más chico, de 5 años. Los niños lloraban”, contó Alexander.

“No nos dieron comida ni agua –continuó Alexander-. Los chicos tenían sed y hambre. En Jujuy nos bajaron a todos. Nos metieron en la terminal, en la parte de atrás. Nos mandaron a desnudar a todos. Completamente desnudos. Nos quitaron pertenencias, desde colonias a cadenas. Hice un reclamo y un policía me agredió”, narró. También, dijo, le pegaron a otras dos personas. 

“La ministra de Seguridad ha dicho 'paren ese micro'”.

Morales afirmó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le dijo “que la ministra de Seguridad ha dicho 'paren ese micro', que tiene todas las autorizaciones y tiene todo en regla". Y añadió: "Esto lo han hecho en la Ciudad con este micro y no con anteriores".

Según reconstruyó este medio, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, nunca dijo eso y se lo hizo saber al gobernador, que difícilmente se haya sonrojado al recibir el mensaje.
 
 

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