La corte suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la Operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sérgio Moro con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por 6 a 5, el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales.
El caso se inició a raíz del inicio de alto voltaje de la Operación Lava Jato, cuando el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario.
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Moro entendió en su fallo que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre 2003 y 2010.
Ahora, la Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, preso condenado a 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril pasado en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
Moro condenó a Lula por corrupción al encontrarlo culpable de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.
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