Frente a las presiones de los taxistas para erradicar a la empresa Uberde la Ciudad de Buenos Aires, el bloque Vamos Juntos avanza en un proyecto para modificar el Código de Tránsito y Transporte y así aumentar las penas para los que transporten pasajeros de forma ilegal que va desde multas de 200 mil pesos hasta la retención del carnet y la inhabilitación para conducir.

El expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Transporte y el oficialismo cuenta con el acompañamiento de la oposición para aprobarlo en sesión el próximo jueves 1 de noviembre.

Las modificaciones que se incorporarán en el Código plantea, por un lado, que los agentes de tránsito podrán retener las licencias de conducir cuando: “Un vehículo automotor circule en contramano o por la acera; cuando preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación, o inscripción que la normativa aplicable requiera; y cuando el conductor de un servicio de transporte de pasajeros preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo”.

Además, se agrava la multa a cobrar al conductor que “explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente” con una sanción de “10.000 unidades fijas” que sería un monto mínimo de 200 mil pesos ya que el valor de “unidad fija es el valor de medio litro de la nafta más cara”. Y se inhabilitará para conducir al responsable del vehículo entre 7 y 30 días.

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En diálogo con El Destape, la legisladora porteña por Unidad Ciudadana Paula Penacca explicó que el proyecto busca “regular el transporte público y privado, por lo cual, incorpora a Uber porque es un transporte privado de pasajeros como así también los famosos trencitos que se utilizan como forma de entrenamiento” y apuntó que “tiene como objetivo aumentar las penas y multas para el transporte ilegal”.

Destacó que se agraven las multas y sanciones para los conductores ilegales al advertir que “es difícil controlar a los choferes como Uber en la calle” y remarcó que “como las penas son más duras, la idea es causar un efecto disuasivo para quienes acuden a esta herramientas como una forma de trabajo”.

En tanto, Penacca marcó que desde el bloque de Unidad Ciudadana acompañan la iniciativa del oficialismo pero “con un reparo” que es que la implementación de empresas como Uber responden a “un modelo económico de ajuste debido a que las personas se ven en la situación de buscar otra forma de subsistencia y encuentran este tipo de trabajo precarizado”. Al respecto, bregó para que se plantee una “solución integral para que los ciudadanos no tengan que acudir a estas formas de trabajo”.

También, el expediente incorpora la regulación de los servicios de delivery como Rappi y Glovo, a quienes se les podría suspender por un período entre 7 y 30 días la licencia cuando: “Circule en exceso de más de veinte (20) km/h en la velocidad permitida, para cualquier tipo de arteria; circule por el carril exclusivo de Metrobus o en Ciclovías, sin estar autorizado para hacerlo”, entre otros puntos.

Y establece que “la Autoridad de Aplicación dispondrá administrativamente la baja de la habilitación como conductor” cuando el responsable del vehículo: “Supere los límites de alcohol en sangre y/o se detecte en el organismo cualquier sustancia que disminuya la aptitud para conducir; cuando preste el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias sin haber sido habilitado por la Autoridad de Aplicación”.

“Participe, dispute u organice competencias de velocidad o destreza en vía la pública; viole barreras ferroviarias; preste un servicio para el cual no está habilitado; o haya sido adulterada la licencia de conducir”, detalla el proyecto.

Según la gravedad de la falta, la Autoridad de Aplicación podrá inhabilitar al conductor para ejercer la actividad del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias, por el término de hasta cinco años.