El Estado italiano resolvió este miércoles tomar el control de la concesionaria vial Autostrade per l'Italia (Aspi), tras las denuncias de "graves incumplimientos" del contrato por parte del grupo Benetton, que controla el 88% de la firma y pasará a tener un porcentaje inferior al 10%.
El primer ministro Giuseppe Conte resolvió el ingreso del Estado en la concesionaria vial más grande del país, informó este miércoles un comunicado del Gobierno, como le reclamaban sectores del oficialismo como el Movimiento Cinco Estrellas y de la oposición, entre ellos la derechista Liga de Matteo Salvini.
El grupo Benetton, que hasta ahora tenía el 88% del paquete accionario de Aspi a través de su firma Atlantia, cederá su participación al Banco de Inversión Público CDP, controlado por el Ministerio de Economía, según lo informado por el Ejecutivo.
El grupo empresario había sido señalado como el principal responsable del derrumbe del puente Morandi, que en 2018 provocó 43 víctimas en las cercanías de Génova, y cuyo mantenimiento era administrado por Aspi.
La decisión de Conte, oficializada en la madrugada tras más de seis horas de reunión de Gabinete, obligará al grupo Benetton a desprenderse gradualmente de su participación en Aspi a partir del 27 de julio.
La decisión se basó en los "graves incumplimientos" de contrato de parte de la concesionaria, según informó la ministra de Transporte, Paola de Micheli, durante la reunión de ministros.
La salida de Benetton de la concesionaria era la condición que Conte había exigido para poder extender la concesión de varias autopistas a Aspi tras denunciar que el grupo "le toma el pelo a los italianos" por una serie de incumplimientos en los contratos.
La nueva política para Aspi incluye, además el pago de compensaciones por 3.400 millones de euros por parte de la concesionaria, la obligación de reforzar los sistemas de control y la renuncia a cualquier litigio contra el Estado por las tarifas.
Aspi es el caso Vicentin de Italia, ya que la empresa fue adquirida por el sistema pública tras evidenciarse graves incumplimientos, negligencias. En Argentina, la cerealera esfumó u$s 1450 millones en cien días, de los cuales 300 millones fueron prestados por todos los contribuyentes a través del Banco Nación.
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