15 de octubre, 2021 | 08.24

Pederastía en la Iglesia: piden que renuncien todos los obispos franceses

La publicación del informe CIASE causa estupor por el número de casos.

Una semana después de la publicación del informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase), tres personalidades piden la renuncia colectiva de los 120 obispos franceses. El llamamiento fue lanzado por la teóloga Anne Soupa junto a la directora editorial del semanario “Témoignage chretien”, Christine Pedotti y el ex presidente de la asociación de víctimas “La Parole libérée”, François Devaux.

“Una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público ”, señala  Pierre Vignon, sacerdote de la Drôme en un reportaje de Mediapart. "Aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad", prosigue el sacerdote, conocido por denunciar  la violencia sexual en el seno de la Iglesia desde hace años. “La palabra de los obispos está desacreditada. Tienen que asumir la responsabilidad y no solo con palabras."

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Como un cataclismo, las cifras publicadas el 5 de octubre dejaron absortos a quienes leyeron el informe: la Iglesia católica en Francia es responsable de 216.000 víctimas menores de edad de violencia sexual, cometidas por sacerdotes y religiosos desde 1950. De estas 216.000 personas, el 32% fueron violadas. A este recuento sombrío y sin precedentes de estas víctimas aún vivas, debemos agregar otras: los actos cometidos por laicos como directores de coros o líderes de jóvenes boy scouts, llevando el número de víctimas a 330.000 personas, es decir doce niños abusados todos los días durante setenta años por sacerdotes y religiosos católicos en Francia. Durante este período, el informe estima que la institución albergó – y cubrió - entre 2.900 y 3.200 pedocriminales católicos.

Faltan lamentablemente los abusadores que no se pueden contar porque ya están muertos. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", admite la teóloga Véronique Margron, presidenta de la Corref (Conferencia de religiosos y religiosas en Francia), patrocinadora, con la Conferencia de Obispos de Francia (CEF) del informe pilotado por Jean-Marc Sauvé – ex vicepresidente del Consejo de Estado - quien recomendó la creación de una institución independiente por parte de la Iglesia para reconocer a las víctimas que han sufrido actos prescritos.

El informe de Ciase observa que el silencio que rodeó la violencia sexual, la atenuación de la gravedad de los actos en el discurso de los agresores y de los líderes de la Iglesia, "incluso su negación o su disimulo", constituyeron para las víctimas "una doble pena por los abusos y el sufrimiento que causaron”. El informe apunta a "una eufemización, que raya en la negación de la realidad": "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples "gestos inapropiados","desviación”, “torpeza” o incluso “imprudencia”.

La confesión, excusa para el encubrimiento

Desde su publicación, las reacciones al informe Sauvé han sido bastante unánimes. El Papa Francisco expresó "vergüenza" por la larga falta de respuesta de la Iglesia ante semejantes abusos. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, provocaron controversia el miércoles 6 de octubre. Entrevistado por Franceinfo, el funcionario declaró que "la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios ”.

Estos comentarios son "inaceptables y particularmente serios", criticó Gilles Clavreul, un alto funcionario y cofundador de Printemps Républicain, en Twitter.  “¿Dónde están los que claman separatismo de la religion y el Estado cuando un musulmán habla y no dicen nada cuando un obispo llama a los sacerdotes a ignorar la ley de la República con pretexto religioso?” preguntó Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI), en Twitter.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, declaró ante la Asamblea Nacional el martes 12 de octubre que las confesiones de abuso sexual de menores deben ser consideradas como una excepción al secreto de confesión en relación a las declaraciones realizadas por el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF). “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados, recordó el ministro. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase), presidida por Jean-Marc Sauvé, recomienda que las autoridades eclesiásticas transmitan un mensaje claro sobre la obligación impuesta al confesor de denunciar los casos contra un menor o persona vulnerable, a las autoridades judiciales y administrativas además de otras 45 recomendaciones desarrolladas en su informe de más 2000 páginas incluyendo los anexos, informe realizado durante dos años y medio.

Indemnizar a las víctimas

Una de las recomendaciones del informe consiste en la reparación financiera que debería dejarse en manos de un organismo independiente. La recomendación del informe “rechaza que las indemnizaciones se concreten con un llamado a las donaciones de los fieles prefiriendo en cambio que la indemnización a las víctimas se financie "con los activos de los abusadores y los bienes de la Iglesia de Francia".

Anticipando el resultado de la investigación de la Ciase, los obispos de Francia crearon en julio de 2021 por un lado, una comisión independiente (Inia) encargada de investigar las denuncias de las víctimas y por el otro, un fondo "para ayudar y luchar contra el abuso de menores" (Selam), que tiene como objetivo recaudar 5 millones de euros. Pero su financiación es un desafío para una institución ya agotada por la continua disminución de las donaciones de iglesias en los últimos años y por el cierre de iglesias durante los confinamientos, causando una pérdida de 90 millones de euros en ingresos según un artículo de Mediapart. La crispación en el seno de la Iglesia de Francia se manifiesta en no querer utilizar la palabra “indemnización”. Primero usaron “gesto financiero” y ahora hablan de “contribución financiera”.

Véronique Garnier-Beauvier, víctima del abuso de un cura cuenta: “Una cosa está clara para mí: esta cantidad de dinero debería ser un reconocimiento por el daño sufrido y la responsabilidad de la Iglesia en esta violencia. Si eso es un poco de ayuda para pagar a nuestros psiquiatras, no la quiero. ¡No puedo aceptar que me den limosna!”. Ella quiere compartir la suma recibida con sus ocho hijos, víctimas de “daños indirectos” según ella. "Pero lo que más me va a reparar son las medidas preventivas que se van a implementar", aclara.

El escándalo suscitado por el “Informe Sauvé” pone sobre el tapete la profundidad del fenómeno en el seno de la Iglesia pero también ilustra la complicidad de las familias, reticentes a escuchar y comprender los testimonios de niños y niñas abusados. La pederastia y la pedofilia están también presentes en otras instituciones y hogares como lo demuestran varios estudios recientes. Lo que está en juego no es el combate entre una supuesta ley divina (la confesión) o la ley de la República sino el valor de la ética en el seno de la sociedad contra el silencio y el secreto criminal, venga de donde venga.

 

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