Mientras Francia vive su tercera ola de calor, la situación política está que arde. Una misma jornada legislativa condensó dos síntomas del momento político francés a diez meses de las elecciones presidenciales de 2027: el martes pasado, la Asamblea Nacional aprobó con los votos conjuntos del macronismo y la extrema derecha una ley que otorga presunción de legítima defensa a policías y gendarmes que usen su arma de servicio, mientras Marine Le Pen anunciaba formalmente su candidatura a la Presidencia horas después de conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones de París en su causa por desvío de fondos públicos.
Un "permiso para matar", según la izquierda
La ley, impulsada originalmente por el diputado de Los Republicanos Éric Pauget pero rescrita y adoptada por el propio gobierno, fue votada por 313 votos a favor contra 199 en apenas dos horas de debate. El texto invierte la carga de la prueba: será la víctima - o su familia-, quien deberá demostrar que el agente no actuó dentro de la ley cuando disparó su arma, y no al revés. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional Francia y la Liga de Derechos Humanos advirtieron que la reforma corre el riesgo de multiplicar los muertos y heridos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras el Defensor de los Derechos había alertado semanas antes que la medida perjudica directamente a las víctimas.
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El bloque de izquierda - insumisos, socialistas, comunistas y ecologistas- intentó frenar la votación con una guerrilla parlamentaria de mociones de orden y suspensiones de sesión, hasta que el gobierno recurrió a la figura del "voto bloqueado" para cortar la discusión y forzar la votación en tiempo récord. La totalidad del Reagrupamiento Nacional (RN), de Los Republicanos y del partido Horizontes de Édouard Philippe votaron a favor, junto con la amplia mayoría del bloque macronista. Fuera del recinto, tras conocerse el resultado, los diputados de extrema derecha brindaron con champagne, mientras varios legisladores de izquierda se expresaron abiertamente contra esta ley.
Para la izquierda, la ley concreta, por primera vez en la historia parlamentaria francesa, una idea que integraba el programa presidencial de Jean-Marie Le Pen en 2007. El diputado insumiso Manuel Bompard había interpelado horas antes al primer ministro Sébastien Lecornu preguntándole si quería pasar a la historia como quien aplicó el programa del fundador del Frente Nacional. El texto deberá pasar ahora por un Senado dominado por la derecha de Bruno Retailleau, que se espera lo vote sin modificaciones; solo un recurso ante el Consejo Constitucional podría todavía frenarlo.
En 2025 murieron 49 personas en intervenciones policiales en Francia; en lo que va de 2026 ya son 22.
"Una ley infame" que restablece la pena de muerte "por vía extrajudicial"
La votación se produjo casi en el aniversario exacto del asesinato de Nahel Merzouk en Nanterre en 2023, baleado por un policía, ex integrante de la Brav-M, que no corría ningún peligro real en el momento del disparo. La deriva represiva tiene su origen en 2017, cuando el entonces ministro socialista Bernard Cazeneuve impulsó el artículo L. 435-1 del código de seguridad interior, que ya había habilitado a la policía a disparar en casos de fuga o percepción de peligro, y que derivó en numerosos tiroteos mortales evitables convirtiendo a Francia en el país de la Unión Europea con más muertos y heridos por intervenciones policiales que se verificaron durante los enfrentamientos con los “chalecos amarillos” (2018-2019).
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La nueva ley será interpretada de inmediato por las fuerzas de seguridad como una autorización para matar y un permiso de facto para impartir justicia sumaria, con consecuencias que superarán ampliamente a las ya producidas por la reforma de Cazeneuve, agravadas por la inversión de la carga de la prueba y el debilitamiento de las herramientas judiciales para establecer la verdad. Con esta ley queda ahora reinstaurada "de manera extrajudicial", sujeta al humor del momento de un funcionario armado. La larga cadena de leyes de seguridad acumuladas en las últimas dos décadas - de Sarkozy a Macron, pasando por Hollande-, colocan a las fuerzas del orden por encima de la ley, en ruptura con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia. De confirmarse en el Senado, la norma podría convertirse en un instrumento adicional de terror y dominación sobre la población en caso de triunfo de la extrema derecha en 2027.
Le Pen, condenada pero habilitada
El mismo martes, la Cámara de Apelaciones de París dio a conocer su fallo en la causa por el desvío de fondos del Parlamento Europeo que involucró durante años al Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional. A diferencia del tribunal de primera instancia, que en marzo de 2025 la había inhabilitado por cinco años con aplicación inmediata, la Cámara de
Apelaciones redujo la pena de inhabilitación a 45 meses - 30 de ellos en suspenso- y consideró que ese plazo ya se había cumplido desde el fallo original. El resultado práctico: Marine Le Pen, condenada a un año de prisión efectiva, que puede sustituirse por el uso de una pulsera electrónica en su domicilio, recupera su elegibilidad, conserva su banca de diputada y puede presentarse a la Presidencia en 2027.
El Tribunal de Casación «podría» pronunciarse sobre el recurso presentado por Marine Le Pen contra su condena en el caso de los asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional «a más tardar a principios de abril de 2027», según anunció el miércoles. «Este calendario podría variar en función de factores procesales», matiza, no obstante, la máxima instancia judicial, mientras que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 18 de abril de 2027. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución de la pena, en caso de que se desestime el recurso de Marine Le Pen, la posibilidad de que tenga que llevar una pulsera electrónica durante la campaña presidencial parece reducirse considerablemente.
El fallo generó fuerte controversia porque otros dirigentes del RN condenados en la misma causa —como el intendente de Perpiñán, Louis Aliot, o los diputados Julien Odoul y Timothée Houssin— también recibieron penas de inhabilitación en suspenso, mientras que dirigentes jubilados y sin mandato vigente, como Bruno Gollnisch, sí recibieron penas efectivas. El tribunal justificó su decisión invocando la necesidad de proteger la libertad de elección de los electores. La comparación resulta incómoda para la Justicia francesa: otros funcionarios condenados por delitos de menor cuantía, como el ex intendente de Toulon Hubert Falco o el ex ministro socialista Thierry Mandon, sí recibieron inhabilitaciones efectivas por montos muy inferiores a los defraudados por el RN.
La delincuencia de cuello blanco no es menos grave que otros tipos de delitos, opina el jurista Paul Cassia en un artículo de opinión publicado en Le Monde, en el que se pregunta cómo es posible que la líder de una formación política que aboga por la firmeza en materia penal pueda aspirar a la candidatura presidencial cuando acaba de ser condenada por malversación de fondos públicos. El caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional [antiguo nombre de la Agrupación Nacional] en el Parlamento Europeo, resuelto con gran habilidad por el Tribunal de Apelación de París, plantea, de manera implícita, esta cuestión fundamental: ¿cómo explicar que una grave violación de la probidad pública ya no sea, en sí misma, por principio e independientemente de la norma jurídica, un motivo de impedimento para presentarse, en conciencia, al ejercicio de un cargo público, y con mayor razón a la elección a la presidencia de la República?
Por extensión, ¿cómo justificar que una formación política que aboga por la firmeza en materia penal, que reclama la inelegibilidad de por vida para los corruptos, que se opone a las reducciones y adaptaciones de las penas, que condena el más mínimo acto de delincuencia no financiera, siempre que sea cometido por un extranjero, esté a punto de acceder al Elíseo, cuando esta misma formación, así como una decena de sus principales dirigentes, ha sido condenada por la justicia penal?
Un relanzamiento de campaña interrumpido
Apenas conocido el fallo, Le Pen inició su primera recorrida de campaña en La Flèche, una localidad de 15.000 habitantes en el departamento de Sarthe ganada por el RN en las elecciones municipales de marzo. La visita, pensada como un gesto de fortaleza en un bastión favorable, terminó abruptamente: unos sesenta manifestantes la recibieron con cacerolas y pancartas que aludían a los fondos desviados, obligándola a ella y al presidente del partido, Jordan Bardella, a retirarse a los 27 minutos, sin llegar a recorrer el mercado que motivaba la visita.
Le Pen responsabilizó del hostigamiento a La Francia Insumisa, a la que calificó de fuerza que erosiona la democracia, y buscó instalar la idea de que sus adversarios apelan a la Justicia por no tener propuestas políticas propias. Bardella, que aspiraba a ser el candidato presidencial del espacio mientras pesaba sobre Le Pen la inhabilitación, volvió a su rol previsto de aspirante a primer ministro tras el fallo. El entorno de Le Pen descartó nuevos actos de campaña durante el verano boreal, a la espera de que la instancia de casación de su causa judicial defina el capítulo final de un proceso que, según reconoció la propia candidata, seguirá acompañando cada paso de su carrera hacia el Elíseo.
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