La apuesta de la oposición más dura de Bolivia para debilitar al Gobierno: el conflicto cocalero

Hace varios meses que el clima político en Bolivia está tenso debido a la presencia de varios focos de conflicto en simultáneo. El presidente Luis Arce Catacora tiene al menos tres frentes abiertos, todos liderados por la provincia de Santa Cruz en cabeza de uno de los promotores del golpe contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho. En la última semana uno de ellos escaló de manera inesperada luego de que detuvieran a Freddy Machicado, líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y la Justicia anticipara hacer lo mismo con otros 15 dirigentes.

La Fiscalía lo imputó por "instigación pública a delinquir" luego de que quemara -junto a otros miembros de Adepcoca- la sede del mercado de venta de coca que denuncian como "paralelo". Algunos analistas y dirigentes cocaleros anticipan que la ola de detenciones puede profundizar el conflicto y tensionar la gobernabilidad mientras que otras lecturas sugieren que este tema "no activa sensibilidades". 

Un mercado oficial vs uno paralelo

El conflicto por los distintos mercados de coca comenzó en 2017 cuando se instaló por primera vez un segundo mercado de coca en Villa El Carmen que le empezó a disputar el mercado al histórico que funciona en Villa Fátima. Los dos funcionan en La Paz, a poca distancia entre uno y otro. El "oficial" está dirigido por Machacado que este miércoles fue apresado bajo los cargos de tráfico ilícito de armas, organización criminal e instigación publica a delinquir y estará privado de su libertad por seis meses, mientras que el "paralelo" está conducido por Arnold Alanes. 

Según la ley boliviana, hay un solo mercado de coca oficial en La Paz, el de Adepcoca -que es opositor-. Pero en los hechos también funciona otro mercado, al que llaman "paralelo", que es gestionado por cocaleros del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y desde Adepcoca denuncian que el Gobierno no hace nada para solucionar la pelea entre ambos para así, por omisión, beneficiar a los masistas.

La disputa entre mercados se mantiene como una constante pero tiene picos de profundización cada vez que baja el precio de la coca, algo que viene sucediendo desde la pandemia. "El conflicto es fundamentalmente económico no solo político. Porque es un mercado que por mes maneja muchísimo dinero y si uno lee cómo votaron estos sectores 'opositores' en las elecciones del 2019 y el 2020 ve que el MAS arrasó en esa zona", explicó en diálogo con El Destape la politóloga y analista política, Susana Bejarano. 

La escalada entre ambos bandos venía desde hace algunos meses y terminó en una deriva crítica el jueves 8 de septiembre cuando el sector opositor concluyó una extensa marcha al mercado "paralelo" de La Paz; lo quemó mientras había personas adentro y hasta incluso un dirigente de Adepcoca intentó agredir sexualmente a una mujer que estaba en el mercado. Esa fue la razón por la que la Justicia pidió la detención de Machicado y otros dirigentes.

Hasta ese momento los cocaleros nucleados en Adepcoca tenían el apoyo unánime de gran parte de la oposición boliviana pero al televisarse las escenas de violencia varios sectores se mostraron críticos. "No hay una suerte de pensamiento al estilo de 'nos inmolamos por Freddy', porque su detención es también una ventana de oportunidad para aquel cocalero que quiera hacerse de la dirigencia", agregó Bejarano.

Esa nueva interna en Adepcoca se verá este lunes cuando la parte que responde a Machicado realice una movilización para pedir su libertad, en La Paz. No solo están los cocaleros que apoyan a Machicado sino que también retiene el aval de las fuerzas más radicales de derecha como el Comité Cívico Pro Santa Cruz -que convocó a un paro general para el próximo 30 de septiembre- y hasta el abogado de la golpisa Jeanine Áñez, que dijo que representará legalmente a Machicado. La movilización del lunes seria el inicio de una agenda de la derecha más radical que podría intensificarse. 

Un conflicto que no termina

"El conflicto no va a bajar. Se va a estabilizar y seguir así en una tensión sostenida", opinó la analista política de Bolivia, aunque señaló que la derecha "ganó en opinión pública y batalla mediática" al instalar la idea de que hay una "persecución política". "Creo que ahora el clima político en Bolivia es complicado pero aún así creo que el tema de los cocaleros no activa mayores sensibilidades en los bolivianos y bolivianas", opinó Bejarano y explicó que -en su lectura- el conflicto por los mercados de coca no afecta en el día a día a la gente porque en definitiva cada uno puede seguir comprando su coca y de alguna manera la pelea entre ambas facciones se "naturalizó". 

Para la politóloga, según la lectura de varias encuestas, el conflicto de los cocaleros no toca sensibilidades profundas porque la mayor preocupación de la población es la economía y el costo de vida, y en ese ámbito Bolivia está en la mejor posición respecto a los países vecinos.

"Sin embargo si es cierto que Santa Cruz fue un tubo de ensayo para intentar encender esa conflictividad y ahí veo que el único momento en el que verdaderamente hubo una posibilidad de iniciar un conflicto fue cuando salió la Ley de Ganancias Ilícitas, que movilizó porque tenía una afectación directa al bolsillo de la gente. Además porque hubo una campaña de desinformación con la que lograron instalar que el gobierno podía meterse en tu cuentas así sea tengas 5 pesos", explicó Bejarano. De hecho, Arce terminó dando marcha atrás con esa legislación. 

"Siguiendo las encuestas, los bolivianos ven a Arce como un presidente capaz de gestionar la economía, que es la principal preocupación de los bolivianos. Ahora, en el campo político estas divisiones que por ejemplo está teniendo el MAS, las peleas entre Arce, Choquehuanca y Evo son más cuestiones que importan al círculo rojo y a la prensa", señaló Bejarano. 

Queda en la mira ver qué sucede el próximo 30 de septiembre cuando la Asamblea de la Cruceñidad realice un cabildo abierto para expresarse sobre los distintos frentes en curso, entre ellos la realización del Censo 2023. Sobre la medida de paro, el oficialismo salió a rechazarla y acusan a la oposición de querer "desestabilizar al Gobierno". "Nos vamos a preparar para defender a nuestro presidente Luis Arce Catacora, porque no podemos permitir que otro golpe se esté gestando”, afirmó este jueves Gerardo García, vicepresidente del MAS.