Dos tensiones apuntan contra la gobernabilidad en la Bolivia del posgolpe

A casi dos años de asumir el poder, el gobierno del MAS tiene dos frentes abiertos en los que se cruzan conflictos históricos y sectores que promovieron el golpe de Estado contra Evo. 

20 de agosto, 2022 | 00.05

La gestión de gobierno de Luis Arce Catacora se enfrenta a dos problemas históricos en la política reciente de Bolivia, que ninguna de las administraciones progresistas logró resolver. Por un lado, mantiene un frente abierto con la provincia de Santa Cruz y su líder Fernando Camacho, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales y quien se constituyó en el último tiempo como el portavoz del reclamo al Ejecutivo para que realice el censo estipulado para este año; y, por otro, sostiene una disputa con el sector tradicional de los cocaleros, que hace años denuncia la presencia de un mercado paralelo, sobre el que, dicen, el Gobierno no interviene.

La resolución de ambos conflictos es un desafío para un gobierno popular que busca reconstruir su fuerza después de haber sufrido un golpe de Estado.  

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Santa Cruz vs el MAS

"Siempre hay un clivaje entre Santa Cruz y el gobierno central", explicó en diálogo con El Destape, el periodista y escritor Fernando Molina, sobre el conflicto entre la región que concentra a las élites bolivianas y los gobiernos de Evo en su momento y de Arce actualmente. En los últimos meses, el eje de la pelea pasó por la postergación  del censo que hizo el Ejecutivo.

Inicialmente el censo debía realizarse en noviembre de este año pero para llegar a esa fecha los preparativos deberían haber empezado en 2019, mismo año en que la derecha boliviana promovió el golpe contra Evo. De igual manera, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzó el poder de nuevo en 2020 firmó un decreto que puso como fecha noviembre de 2022.

"Fuimos avanzando con el diagrama pero vimos que muchos municipios tenían deficiencias con la cartografía y a raíz de eso hubo una reunión entre ocho de los nueve gobernadores y el presidente, en la que acordaron que el censo se pase a mayo o junio del 2024", explicó en diálogo con El Destape, Omar Yujra, legislador del MAS y Presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. 

Ese arreglo encendió la mecha de la oposición que encontró en Camacho un portavoz y que apuntó al Gobierno de estar haciendo un uso político del censo. El líder de Santa Cruz no participó de ese encuentro entre gobernadores y el presidente y, en cambio, apostó a un paro primero de 24 horas y luego otro de 48 con la intención de mostrar músculo político ante Arce.

Sin embargo, en los últimos días bajó la intensidad del conflicto en esa provincia; desde el Gobierno central leen que "la gente quiere trabajar y salir de la crisis", no estar en situación de paro, y denuncian la intención de generar un desgaste político detrás de los movimiento de Camacho. Además, el legislador Yurja señaló que el promedio de tiempo para la realización de censos en América Latina es de tres a cinco años y destacó: "Bolivia no está fuera de esto. Estamos dentro de los parámetros". 

Por su parte, el punto que marca la oposición es que los datos que surgen del censo luego influyen en la cantidad de recursos que el Estado asigna a las provincias, y en ese punto Camacho tiene terreno por ganar porque desde el último censo (2012) a esta parte, Santa Cruz recibió mucha inmigración de manera que debería recibir mayor cantidad de recursos y también ganar en representatividad en la Asamblea Legislativa. "Como las gobernaciones tienen poca capacidad para generar sus propios recursos es muy importante la distribución que se hace desde arriba", explicó el periodista boliviano.  

Entonces, para la oposición no solo se juega una cuestión de asignación de recursos sino también de redistribución de legisladores. El Congreso de Bolivia tiene un total de 140 diputados, número que no puede aumentar ni disminuir pero sí cambiar su distribución. Molina agregó otra lectura al opinar que el interés del Gobierno en pasar el censo para el 2024 responde a la necesidad del oficialismo de evitar acumular tensión política en el 2025, año electoral donde necesariamente va a estar muy vivo el recuerdo del golpe a Evo. 

"El Gobierno no quiere que haya unos resultados del censo antes de las elecciones del 2025 porque se podría complicar la situación si tiene que redistribuir diputados. Tiene miedo que el 2025 sea muy complicado, entonces postergó el censo hasta el 2024 de tal manera que mientras se presentan los resultados se realicen las elecciones con la distribución actual", explicó. 

La tensión todavía está abierta. El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística, está llevando adelante un proceso de socialización del censo, en conjunto con universidades, con gobernadores y con las principales ciudades del país mientras espera los próximos movimiento de Santa Cruz. 

Disputa por la representación de cocaleros

Otro de los conflictos que enfrenta la gestión de Arce tiene lugar en La Paz y como protagonistas a los productores de coca. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, Bolivia es el tercer país del mundo con mayor producción de coca, después de Colombia y Perú, e históricamente el sector destinado a la producción de este cultivo es el de las yungas bolivianas.

Durante su gobierno Evo cambió esta situación y reconoció a su región de origen -El Chapare-  como productora de coca y rompió así con la visión instalada desde los gobiernos que le antecedieron y que asociaban a la región del Chapare con el mercado de coca para el narcotráfico. En ese momento los cocaleros de las yungas rompieron con el Gobierno y desde entonces tuvieron malas relaciones con el MAS e insisten en que son ellos quienes tienen el monopolio de la venta legal de coca. 

En los últimos años- explicó Molina- fueron apareciendo disidentes dentro del sindicato de las yungas que son afines al Gobierno. Desde entonces intentan, sin éxito, ganar la representación del sindicato a la par que desarrollaron un mercado "paralelo" de coca. "Aunque eso es ilegal, el Gobierno argumenta que ellos no tienen capacidad para decidir cual es el mercado que vale y permite que funcionen los dos", explicó el periodista y agregó: "El resultado de esta situación es un conflicto entre dos grupos que lleva a que en La Paz se armen grandes manifestaciones y choques entre ambas facciones a lo que se suma represión policial"

La semana pasada la tensión escaló muy rápido con fuertes movilizaciones, 23 cocaleros, del sector opositor al MAS, detenidos y la muerte de uno de ellos a quien le explotó una dinamita en el cuerpo. El Gobierno abrió una mesa de diálogo con ambos sectores que producen coca pero el este jueves el sector opositor se retiró de la negociación y dejó la disputa abierta

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