El Gobierno de Formosa planteó un reclamo político y técnico de alto voltaje en la segunda reunión del Consejo Federal Agropecuario (Región NEA), realizada en Posadas, Misiones. Allí, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, acompañado por el subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, denunció el abandono de la Nación en obras hídricas clave, en políticas de sanidad agropecuaria y en la definición de herramientas específicas para las economías regionales del NEA.
Según explicó Rodríguez en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Formosa expuso ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y los ministros de Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos una serie de temas que "son responsabilidad directa del Estado nacional y hoy están desatendidos".
Uno de los puntos centrales fue el reclamo por el financiamiento para el mantenimiento del cauce y las correderas del río Pilcomayo y el Bañado La Estrella. En este sentido, el ministro subrayó: “El Estado nacional ha abandonado su responsabilidad de financiar las obras de mantenimiento de los cauces del río Pilcomayo y las correderas del Bañado La Estrella”.
Rodríguez advirtió que, al ingresar al territorio formoseño casi el 90% de los sedimentos que arrastra el Pilcomayo, la falta de mantenimiento provoca la colmatación de cauces y correderas, con el riesgo concreto de desbordes que pueden afectar directamente a los sistemas ganaderos del oeste y centro-oeste provincial.
En la misma línea, cuestionó la paralización del financiamiento del Acueducto de la Ruta Nacional 86, obra que calificó como “fundamental” para irrigar miles de hectáreas en el noreste de la provincia. Señaló que la puesta en marcha de ese sistema permitiría potenciar cadenas productivas en una región clave para el desarrollo agropecuario local.
En materia de infraestructura, Formosa también planteó la necesidad de que Nación atienda el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, ya que su deterioro impacta en la logística, los costos y la competitividad de las producciones regionales.
Otro eje fuerte del reclamo estuvo vinculado a la política nacional para el sector cárnico. Rodríguez cuestionó el tratamiento preferencial que recibe el sector exportador frente a los productores de cría de las economías regionales, que abastecen principalmente el mercado interno y no acceden a los mismos incentivos.
En particular, planteó la carga que representan las caravanas electrónicas para los criadores, señalando que el costo de su incorporación se concentra en el primer eslabón de la cadena, sin participación proporcional de invernadores, frigoríficos y exportadores que operan en mercados internacionales. Esta situación, remarcaron, profundiza las asimetrías dentro del propio sector ganadero.
El ministro también hizo foco en la sanidad animal y vegetal. Explicó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se limita a tomar nota de los acuerdos alcanzados en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), pero que en los hechos la provincia termina asumiendo funciones que deberían ser nacionales.
Como ejemplo, Rodríguez mencionó la conformación de un Programa de Monitoreo del Picudo Algodonero, desarrollado junto con productores y organismos públicos provinciales, ante la falta de respuestas operativas por parte de Nación frente a una plaga que impacta directamente en la producción algodonera.
En el plano productivo, la delegación formoseña destacó el crecimiento del arroz, que pasó de 7.523 hectáreas en 2017 a 18.850 en 2025, como un indicador del potencial del sector cuando existen condiciones mínimas de acompañamiento. Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de que la cadena bananera avance en inversiones de riego tecnificado para reducir su vulnerabilidad frente a la variabilidad climática.
Para Rodríguez, estos ejemplos muestran que "las economías regionales del NEA requieren políticas diferenciadas y un abordaje federal real". Sin embargo, sostuvo que el Gobierno nacional “no prioriza la definición de políticas específicas para las economías regionales”, lo que en los hechos implica abandonar su responsabilidad sobre territorios con fuerte dependencia del sector agropecuario.
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