La Justicia Federal se declaró incompetente para intervenir en un recurso de amparo que denunciaba un supuesto “adoctrinamiento político” en las escuelas de la Formosa, en un fallo que fue destacado por autoridades provinciales por reafirmar el respeto al sistema federal y a la autonomía de las provincias.
La presentación había sido impulsada por la exdiputada Gabriela Neme, con el patrocinio de un abogado de la provincia de Mendoza, quienes argumentaban presuntas violaciones a normas constitucionales y tratados internacionales.
Según se conoció, el planteo fue realizado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 bajo el argumento de que los denunciantes no confiaban en la Justicia provincial para resolver la cuestión. Sin embargo, tanto el fiscal interviniente como el juez coincidieron en que el caso no correspondía a la órbita federal, al tratarse de una materia vinculada al derecho público local. En consecuencia, resolvieron que deben ser los tribunales provinciales los encargados de analizar y decidir sobre este tipo de controversias.
La fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, subrayó la importancia institucional del fallo y destacó que constituye un precedente significativo en defensa de la autonomía provincial. En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), explicó que la resolución conocida este jueves 26 se centra específicamente en la cuestión de competencia, lo que resulta clave dentro del esquema federal argentino.
Zabala sostuvo que el dictamen fue contundente al señalar que debe respetarse el sistema federal de gobierno y que las causas que versen sobre cuestiones locales deben ser tratadas por los jueces naturales de cada jurisdicción. En ese sentido, enfatizó que el fallo reafirma principios básicos de la organización institucional del país, donde las provincias conservan competencias propias que no pueden ser desplazadas arbitrariamente hacia la Justicia Federal.
Asimismo, la funcionaria cuestionó la estrategia adoptada por los demandantes, a la que calificó como un intento de “fórum shopping”, es decir, la búsqueda de un tribunal que resulte más favorable a sus intereses. Según indicó, este tipo de prácticas debilitan los pilares del federalismo y desconocen la estructura jurídica sobre la que se construyó la Nación. “Quienes aspiran a ejercer representación política deben, en primer lugar, respetar la autonomía provincial y el sistema federal”, remarcó.
En esa línea, Zabala recordó que el ordenamiento jurídico prevé instancias claras de revisión dentro del ámbito provincial. Explicó que, ante un eventual desacuerdo con una resolución judicial, las partes pueden recurrir a las Cámaras correspondientes, al Superior Tribunal de Justicia e incluso, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario. De este modo, señaló que existen mecanismos institucionales suficientes para garantizar el acceso a la justicia sin necesidad de recurrir directamente al fuero federal.
Finalmente, la fiscal de Estado destacó que el juez fue categórico al establecer que su decisión sobre la competencia es inapelable, lo que refuerza aún más el carácter definitivo del pronunciamiento en este aspecto. A su entender, la discusión nunca debió haberse planteado en esos términos, ya que la competencia provincial en este tipo de casos es clara dentro del sistema constitucional argentino.
El fallo, concluyó, no solo resuelve un caso puntual, sino que también reafirma los principios fundamentales del federalismo y la organización institucional del país.
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