Desde la provincia de Formosa cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de eliminar el sistema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos, destinados a personas con discapacidad y otros grupos contemplados por leyes especiales.
La Secretaría de Transporte oficializó, a través de la Resolución Nº 28/2026, una modificación clave en el esquema de reintegros para el transporte de pasajeros. La medida elimina las compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas de colectivos por los boletos gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.
A pesar de la quita de estos subsidios a las prestatarias, la normativa aclara explícitamente que el derecho al pasaje gratuito para los usuarios de estos grupos vulnerables continuará vigente. De esta manera, las empresas de transporte seguirán obligadas por ley a garantizar el beneficio y otorgar los pasajes sin costo, asumiendo a partir de ahora los gastos operativos sin el auxilio financiero estatal.
Una medida incongruente
El Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, calificó la decisión como "absolutamente incongruente" y sostuvo que el Gobierno nacional está trasladando responsabilidades estatales al sector privado. En comunicación con medios locales, afirmó que la eliminación de las compensaciones podría generar efectos indirectamente regresivos sobre el acceso efectivo al derecho al transporte gratuito garantizado por la legislación vigente.
El funcionario provincial recordó que el sistema de subsidios para estos pasajes comenzó a implementarse en 2018 y advirtió que, aunque la resolución no deroga formalmente la Ley Nº 22.431 ni elimina expresamente el derecho al transporte gratuito, sí podría dificultar su cumplimiento práctico.
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Posibles consecuencias para los usuarios
Desde la Defensoría señalaron que la eliminación de las compensaciones económicas podría derivar en una reducción de cupos disponibles, mayores obstáculos administrativos, incremento de litigios judiciales y más rechazos por parte de las empresas transportistas. En ese marco, Gialluca sostuvo que la medida genera incertidumbre respecto a la viabilidad del sistema y podría trasladar el conflicto directamente a los usuarios más vulnerables.
También remarcó que el Estado nacional tiene la obligación constitucional de garantizar condiciones reales y efectivas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, citando el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.
Finalmente, desde la Defensoría solicitaron al Ministerio de Economía de la Nación y a la Secretaría de Transporte que revean la medida, al tiempo que reclamaron a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) incrementar los controles sobre las empresas para garantizar que continúen otorgando los pasajes gratuitos previstos por ley.
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