Una compañía fue creada en 2016 con la exclusiva tarea de ganar contratos millonarios con el Estado. Fundada por un joven de 20 años y el gerente de un canal de televisión, pasó a ser controlada por una offshore a través de un complejo entramado vinculado a un funcionario de la Casa Rosada con directa llegada a Mauricio Macri. La Justicia suspendió la construcción ilegal de una de las termoeléctricas de la compañía, por tratarse de una central altamente contaminante en una zona residencial.

El 26 de abril de 2016, Jorge Alejandro Núñez y Tomás Núñez constituyeron Araucaria Energy SA. El primero, contador público y gerente de Fox Latin American Channel SRL, se erigió como presidente y director titular, mientras que el segundo, un mero estudiante de 20 años, aportó el 20% de los $ 100.000 del capital inicial y quedó relegado a director suplente, de acuerdo al Boletín Oficial. El Destape intentó sin éxito contactar tanto al profesional como al joven, a quien desconocen dentro de la sociedad.

Araucaria Energy se presentó pocos días después de su fundación a las licitaciones abiertas desde marzo por el Ministerio de Energía para la construcción de termoeléctricas. Dos meses después ya había quedado preseleccionada para cuatro obras multimillonarias.

Especialistas de la cartera de Juan José Aranguren confiaron a este medio haberse sorprendido por los resultados de los concursos. Las soberbias pretensiones de la energética fantasma se combinaron con sus nulos antecedentes y una clara insuficiencia de fondos. La versión oficial indica que una asociación de la casa matriz de Araucaria Energy con la alemana Siemens elevó el nivel de profesionalismo de la compañía local. Desde el Gobierno, además, naturalizaron la carencia financiera al alegar que “no necesariamente debe contar con fondos propios, sino que puede conseguir préstamos para llevar adelante los contratos”.

La irrupción del entramado offshore

A pesar de que Jorge Alejandro aún trabaja dentro de la empresa, ninguno de los Núñez mantuvo las acciones en sus manos por mucho tiempo. En diciembre de ese año, dos offshores se presentaron en una asamblea extraordinaria como los nuevos dueños, según consta en el acta a la que El Destape tuvo acceso. Stoneway Energy LP (a la que llamaremos “SE”) y su tocaya Stoneway Energy International LP (“SEI”) pasaron a controlar a Araucaria y dejaron a la familia en segundo plano, como aparentes prestanombres para la fundación societaria.

Estas dos extranjeras, radicadas en la provincia de New Brunswick de Canadá, son representadas en Argentina por José Eduardo Irusta Cornet, un trabajador autónomo de 29 años que declaró ante las autoridades vivir en el mismo edificio que la familia Núñez, en avenida Del Libertador 498, pero en el piso 15 en lugar del cuarto. Araucaria Energy se mudó un año después a la dependencia de Irusta Cornet dentro de la codiciada torre, donde también posee una planta entera Sideco Americana SA, de la familia Macri.

Los domicilios locales de las dos offshores quedan dentro del ostentoso Springdale. De acuerdo a documentos a los que accedió El Destape, ese lote del barrio cerrado de Derqui, en la provincia de Buenos Aires, pertenece al propio Irusta Cornet, a pesar de que el joven maneja un presupuesto mensual inferior a los $ 30.000, según consigna una calificadora crediticia.

Araucaria Energy no contaba con el dinero que precisaba para construir los cuatro codiciosos proyectos que ya le había entregado el Ministerio de Energía, por lo que acudió al hermano del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, virtual vicejefe de Gabinete. Norberto Quintana, abogado de la firma estadounidense Holland & Knight, consiguió que inversores internacionales aporten U$S 500 millones para las obras que precisaban de U$S 636,5 millones y que ya habían licitado siete meses antes.

Para la operación puso la cara la sociedad controlante máxima del entramado, Stoneway Capital Corporation, cuyo domicilio de constitución local coincide con el de SE, SEI e Irusta Cornet, en el country Springdale. También poseen el mismo representante legal que las otras dos offshores, Irusta Cornet, e idéntica dirección social de origen, que confluye en la guarida fiscal de New Brunswick, Canadá. Las tres compañías dicen tener oficinas dentro del estudio de abogados donde fueron fundadas, Mosher Chedore, que ofrece una amplia variedad de servicios para pequeños y grandes inversores.

Los conglomerados de guaridas fiscales buscan esconder a los dueños reales de las compañías y suelen servir en el mundo como vehículo del lavado de activos y narcotráfico. Por esto las offshores tienen prohibido operar directamente dentro de la Argentina por resolución de la IGJ de 2005. Si bien Canadá en sí misma no oficia de paraíso, algunas de sus provincias como New Brunswick poseen laxos controles tributarios y societarios.

La vocera de Quintana, Laura la Torre, decidió no atender aEl Destape. Su jefe creó exclusivamente para ella el cargo de coordinadora Institucional dentro de la Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, cuyo rol incluye el trato con los medios.

Contratos millonarios con contactos y dinero ajeno

La holding Stoneway Capital fue evaluada como “B3” por parte de Moody’s para sus obligaciones negociables a diez años. Esta es la máxima nota posible para el rubro, dado que es la que le otorga a CAMMESA, la que administra la red eléctrica y les paga a las generadoras. Con lo recaudado gracias al hermano de Quintana, las offshores intermediarias realizaron en febrero de 2017 un nutrido aporte en Araucaria Energy, de $ 483,4 millones.

Si bien la calificadora les detalló a los inversores internacionales que la dueña del conglomerado iba a aportar los U$S 163,5 millones restantes, El Destape pudo saber que Araucaria Energy acudió al Banco Ciudad en agosto del año pasado por un préstamo de U$S 15 millones a un año, para el que cumplió con todas las formalidades y cumple su pago en término, destacaron desde la entidad que depende del Poder Ejecutivo porteño. Este, sin embargo, no fue el único crédito local, ya que repitió la operación en otros bancos comerciales a lo largo del mes. Todos fueron garantizados por el entramado de sociedades canadienses.

Con el apalancamiento de dinero ajeno provisto por Quintana y el contrato asegurado por Aranguren por cinco años, el Estado le girará a esta compañía fantasma más de U$S 11 millones mensuales por la generación energética.

Sin embargo, la Justicia suspendió el funcionamiento de la planta de Matheu por sus peligros al medio ambiente. A pesar de que la erigió en una zona prohibida legalmente, la compañía había desembolsado ahí ya el 99,9% de los $ 205.797 millones planeados. Para la de Luján, donde la empresa comenzó la construcción sin conseguir la habilitación, superaron el 98% de los $ 108.864 millones necesarios. En Las Palmas, Araucaria Energy fondeó el 99,5% de los $ 154.151 millones requeridos y en San Pedro completó los $ 83.258 millones presupuestados, de acuerdo a un reporte a los inversores de febrero.

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