Del tarifazo a los activos financieros: las privatizadas ganaron más, pero no invirtieron en infraestructura

Del tarifazo a la bicicleta financiera. Esa parece haber sido la lógica que predominó entre las principales empresas privatizadas durante lo que va del gobierno de Javier Milei. Beneficiadas por una política de fuerte recomposición tarifaria y reducción de subsidios, las compañías recuperaron ganancias extraordinarias, pero no las destinaron en la misma medida a ampliar la infraestructura o mejorar la calidad de los servicios que prestan.

Según un informe privado, la transferencia de ingresos generada por el nuevo esquema tarifario convirtió a las empresas de servicios públicos en uno de los sectores que más rentabilidad captó desde diciembre de 2023. En concreto, en estos dos últimos años, la facturación de las compañías creció un 28% en términos reales -frente a apenas el 1% del Valor Bruto de Producción (VBP) de la economía- y las ganancias aumentaron más de un 50%. Sin embargo, ese salto no se tradujo en nuevas obras ni en una expansión equivalente de la inversión productiva, sino en una creciente acumulación de activos financieros.

Tarifazos y ganancias extraordinarias

La política tarifaria del gobierno de Javier Milei se estructuró en torno al "sinceramiento de precios relativos" y la meta del equilibrio fiscal que, en la práctica, implicó tanto sucesivos incrementos tarifarios como, a la par, una reducción pronunciada de los subsidios económicos en energía, transporte y agua.

Frente a una suba del 334% en el índice de precios implícitos del producto (indicador que refleja la evolución general de los precios de la economía), el rubro “electricidad, gas y agua” registró una expansión del 760%. Así lo detalló un informe presentado por los economistas Martín Shorr y Gustavo García Zanotti que destacó que “el gobierno transfirió el costo de sostenimiento del sistema energético y de transporte hacia las tarifas abonadas por los usuarios finales”. 

En este esquema, el golpe se sintió con fuerza en el bolsillo de las familias, así como en la estructura de costos de las micro, pequeñas y medianas empresas que sufren la contracción del mercado interno y la apertura comercial desregulada. Como contó el periodista Cristian Carrillo en El Destape, el gasto promedio en servicios públicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó, en apenas un año, de representar el 9,1% del ingreso promedio de los asalariados registrados al 10,8%. De hecho, según estimaciones del IIEP (UBA-CONICET), a mediados de 2026 el valor de la canasta de servicios públicos básicos ya llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado, situación que se agudiza en el caso de los sectores populares, donde el peso incluso se duplica. 

Sin embargo, la otra cara de la moneda es mucho más amigable, al menos para las empresas que manejan la prestación de estos servicios: “las firmas licenciatarias de servicios públicos accedieron a un esquema regulatorio de privilegio que potenció su capacidad de apropiación de excedentes y repercutió de manera favorable en su nivel de actividad y su rentabilidad”, señalaron los especialistas. 

Más precisamente dicho marco regulatorio benefició a una estructura de propiedad concentrada que se fue reconfigurando desde las privatizaciones de la década de 1990. En la actualidad, en estos sectores se manifiesta una presencia importante de un puñado de grupos económicos nacionales con un elevado poder de incidencia sobre las políticas públicas.

Si se pone la lupa en las ganancias empresarias en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) mientras la producción del conjunto de la economía apenas creció un 1% en términos reales, la facturación de las principales empresas privatizadas aumentó un 28%. De igual manera, en cuanto a las ganancias en términos reales, la masa agregada de beneficios creció más del 55% entre 2023 y 2025.

Un aspecto particularmente relevante surge al comparar la rentabilidad de estas empresas de servicios públicos con la del conjunto de las corporaciones que cotizan en el mercado bursátil argentino: cuando las primeras incrementan su rentabilidad, el conjunto de las grandes firmas con oferta pública de acciones empeora su performance, y viceversa, siempre durante gobiernos de signo neoliberal. 

“En la medida en que las actualizaciones tarifarias incrementan la participación de los servicios públicos en el ingreso disponible de las personas, los hogares y las empresas, se produce una transferencia de recursos hacia las compañías prestatarias”, explicaron los investigadores y agregaron que “la recuperación de la rentabilidad en 2024 y 2025 puede interpretarse como parte de un proceso de redistribución del ingreso a favor de este segmento del poder económico local”.

Ganan más, pero ¿invierten?

A pesar de la significativa recuperación de sus ganancias, ello no estuvo acompañado por un incremento equivalente de las inversiones productivas.

El examen de los balances contables evidenció que, en el caso de los sectores vinculados con la generación y la transmisión de energía eléctrica, y el transporte y la distribución de gas natural, las inversiones medidas en términos reales permanecieron relativamente estables o incluso registraron retrocesos. Más aún, cuando se las coteja con la dinámica de las ventas, se observa una disminución de la proporción del excedente económico destinada a la ampliación o la modernización de la infraestructura.

Por su parte, algunos segmentos, como la distribución de electricidad, evidenciaron incrementos en los montos absolutos invertidos. Sin embargo, dichos aumentos pierden relevancia cuando se los compara con la magnitud de los ingresos empresariales. 

No obstante, mientras la inversión productiva y la mejora en infraestructura para la prestación de los servicios a la población fue en franco retroceso lo que sí se incrementó en la tenencia de activos financieros. Según el documento al que accedió este medio, diversas firmas registraron un aumento significativo de sus carteras financieras, concretada principalmente en instrumentos como fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros activos de corto y mediano plazo.

Por ejemplo, a fines de 2025, la firma TGS mantenía activos financieros por 1.239 millones de dólares (equivalentes al 105% de la facturación). Por su parte, Pampa Energía registraba activos financieros por 1.173 millones de dólares (57% de las ventas); Edenor por 582 millones (28%); Telecom por 553 millones (9%); Central Puerto por 373 millones (30%); TGN por 192 millones (44%); AA2000 por 170 millones (17%); y Autopistas del Sol por 29 millones de dólares (34%).

Para los autores la conclusión es clara, a la vez que el gobierno libertario garantizó una mayor capacidad de apropiación de excedentes por parte de las empresas prestadoras de servicios, "no se generó un incremento proporcional en la inversión destinada a ampliar o mejorar la infraestructura de esos servicios”.