Las tensiones políticas en Estados Unidos volvieron a colocar a la Argentina, por el salvataje otorgado a Milei para que "gane las elecciones" octubre, en el centro de una disputa interna que combina política exterior, finanzas y control legislativo. Dos senadoras demócratas, Elizabeth Warren y Jeanne Shaheen, presentaron un pedido formal de información dirigido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, para que expliquen los alcances del swap por hasta 20.000 millones de dólares otorgado a la Argentina. El reclamo se inscribe en medio de las recientes discusiones en Washington sobre el uso de recursos públicos estadounidenses para respaldar programas económicos en países aliados y, en particular, sobre el salvataje financiero concedido al gobierno argentino.
El pedido de Warren y Shaheen apunta a conocer las condiciones precisas del acuerdo, los mecanismos de control previstos y las garantías exigidas. En términos políticos, el movimiento reaviva una discusión que ya había atravesado al Congreso estadounidense en otros momentos de asistencia a la Argentina, cuando sectores del Partido Demócrata cuestionaron la falta de transparencia y el impacto de esos desembolsos en la política interna del país sudamericano. En aquel entonces, el eje estuvo puesto en el rol del Tesoro y en la coordinación con organismos multilaterales. Hoy, el foco se traslada a un instrumento bilateral que, por su magnitud, excede la lógica de una operación financiera rutinaria.
El swap aparece como un salvavidas al esquema de financiamiento argentino. Las senadoras cuestionan qué tipo de salvaguardas se establecieron para garantizar la devolución de los fondos, si existen cláusulas vinculadas a activos estratégicos y de qué manera se evaluó el riesgo crediticio del país. También solicitan información sobre el proceso de toma de decisiones dentro de la administración estadounidense y el grado de participación del Congreso en la supervisión del acuerdo.
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Warren, con una trayectoria ligada a la regulación del sistema financiero, viene cuestionando desde hace años el uso discrecional de herramientas del Tesoro sin un debate público suficiente. Shaheen, desde la comisión de Relaciones Exteriores, suma una mirada centrada en las consecuencias geopolíticas de estos acuerdos. La Argentina aparece así como un caso testigo de una discusión que trasciende lo bilateral.
Mientras en Buenos Aires el swap es presentado como una señal de respaldo internacional y de confianza en el programa económico, en Washington se multiplican las preguntas sobre su contenido y sus implicancias. La falta de información pública detallada no solo alimenta el debate en Estados Unidos, sino que también condiciona la discusión interna en la Argentina, donde el Congreso no ha tenido un rol activo en el análisis de este tipo de compromisos.
Los salvatajes viejos
El salvataje financiero a la Argentina en etapas anteriores generó resistencias dentro del propio sistema político estadounidense, con legisladores que advirtieron sobre el riesgo de sostener programas que no lograban estabilizar la economía ni mejorar las condiciones sociales. Aquellas críticas resurgen ahora, con un nuevo gobierno argentino y un nuevo contexto internacional, pero con preguntas similares: quién asume los costos, bajo qué condiciones y con qué controles.
El pedido de informes también pone en evidencia la centralidad de la política estadounidense en la arquitectura financiera que condiciona a la Argentina. No se trata solo de una relación entre dos Estados, sino de un entramado en el que el Tesoro, el Departamento de Estado y el Congreso definen márgenes de acción. Cuando esos márgenes se discuten puertas adentro de Washington, las consecuencias se proyectan sobre economías que dependen de ese respaldo para sostener su funcionamiento cotidiano.
En ese marco, la demanda de transparencia no es un gesto retórico. La oposición demócrata a la administración de Donald Trump busca establecer responsabilidades y dejar registro de cómo se administraron recursos y acuerdos estratégicos. Para la Argentina, el episodio debería abrir una discusión más amplia sobre la forma en que se asumen compromisos externos y el grado de información que se pone a disposición de la sociedad. Los interrogantes planteados en el Senado estadounidense son, en buena medida, los mismos que siguen sin respuesta en el debate público local.
El swap de 20.000 millones de dólares no es solo un instrumento financiero: es un hecho político que vuelve a mostrar hasta qué punto las decisiones económicas centrales se negocian fuera del país. Que las explicaciones lleguen primero desde Washington y no desde Buenos Aires es un dato que resume la asimetría de la relación y la fragilidad del control democrático sobre endeudamientos que condicionan el futuro. La discusión abierta en Estados Unidos expone esa realidad y obliga a revisar, una vez más, quién decide y bajo qué reglas cuando se comprometen recursos que exceden a un gobierno y alcanzan a varias generaciones.
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