La reestructuración de deuda pública con el sector privado llevada adelante en septiembre del año pasado permitió reprogramar los vencimientos abultados hasta el año 2025 y un descenso de los servicios de intereses desde una tasa anual promedio del 7,2% al 3,1%.
Al momento del exitoso canje de títulos, el riesgo país se ubicaba en los 1100 puntos básicos y, contrariamente a lo esperado, dado que la reestructuración debía dotar de sustentabilidad al programa financiero alcanzado, el riesgo de los títulos soberanos comenzó a ascender hasta flotar en torno a los 1500 puntos básicos.
Esta contradicción puede explicarse en el perfil de vencimientos a un lustro vista, tal como lo refleja el cuadro siguiente
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La casi quintuplicación del monto anual de desembolsos por servicios de deuda con el sector privado estimados a partir del año 2025 y su proyección hasta el final de la década ha abierto dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina.
El programa financiero pautado con los tenedores privados de bonos debe ser completado con el acuerdo con el FMI.
Esencialmente, este acuerdo debiera convertir los u$s45.000 millones recibidos por el gobierno macrista bajo el régimen de “crédito condicionado” (“stand by”) a “crédito de facilidades ampliadas” (“extended facilities”), de modo de lograr un alargamiento de plazos desde los cuatro años originales de vigencia a un préstamo de diez años de duración, conforme las modalidades del organismo multilateral.
El FMI ha aceptado reducir los intereses sobre el stock prestado a los países tomadores, lo que constituye un alivio en el contexto de refinanciación planteado.
La economía sufrió una reducción del -13,5% del PIB en el ciclo 2016-2020
Cuando se agreguen los vencimientos reformulados de la acreencia del FMI, la cifra proyectada de pagos financieros externos rondará los u$s 11.000 millones anuales en la segunda mitad de la presente década.
Esta proyección de desembolsos hacia el sector privado y los multilaterales complica la solvencia externa porque, de no producirse una vigorosa recuperación del tamaño de la economía, dichas erogaciones tienden a superar el 2,5% del PIB, que suele ser el límite máximo de sostenibilidad en el tiempo de la capacidad de pago hacia el exterior.
La economía sufrió una reducción del -13,5% del PIB en el ciclo 2016-2020, signado por el desastre de la administración macrista y el impacto del virus en la actividad. Volver a niveles previos a estos infortunios requerirá un trienio de expansión potente.
La solvencia externa también debe ser analizada a la luz de la tensión histórica entre los exportadores, oferentes privados de dólares en la economía argentina, y los tenedores de bonos, ávidos de divisas para cobrar sus acreencias.
En columnas pasadas analizamos las reestructuraciones de deuda del Plan Brady -presidencia de Carlos Menem- y los Canjes 2005/2010 -presidencias de Néstor y Cristina.
En la primera de ellas -Plan Brady- la tensión apuntada sobre la apropiación de divisas se resolvió con la privatización de las empresas públicas, cuya venta generó los dólares para estabilizar la economía después de la hiperinflación de 1989 y garantizar los pagos externos.
En la segunda -Canjes 2005/2010- se produjo una fuerte reducción del stock de deuda a partir de una quita de dos tercios del capital, y se afrontaron los servicios resultantes con los derechos de exportación recaudados por el Estado. También se estabilizaron las variables con posterioridad al crack de la Convertibilidad del 2001.
En definitiva, la reestructuración de los 90’ se pagó con la liquidación de los activos públicos acumulados por tres generaciones de argentinos y argentinas, mientras que los canjes 2005/2010 descargaron el costo del endeudamiento en los bonistas que asumieron la quita de capital y con las porciones de renta agropecuaria ingresadas con las retenciones.
La pregunta es cuál sería el mecanismo de resolución del ciclo de endeudamiento macrista, porque se aglomeran dos restricciones: la insustentabilidad cuantitativa del programa financiero y el mecanismo ordenador de los pagos, tal como se verificó en las dos reprogramaciones anteriores.
Esta incertidumbre es la que crispa los nervios de los agentes económicos más poderosos que reclaman a gritos un “plan económico”.
Tal vez temen que los declamados “avances sobre la propiedad privada” no los realice un “gobierno populista-socialista” o un pueblo sometido a privaciones intolerables para la Argentina, sino que lo hagan los tenedores de bonos que quieren cobrar y exijan la entrega de activos productivos depreciados en dólares, pero valiosos en sus potencialidades.
Una situación parecida conjuró Carlos Pellegrini en la crisis de deuda de 1890, cuando los acreedores británicos reclamaban tierras en la pampa húmeda como pago. Fundó el Banco de la Nación Argentina y refugió la totalidad de las hipotecas agropecuarias en la institución.
Es sólo una pincelada histórica.
Cerrar sesión