Milei negoció que los gobernadores puedan vender tierras a Estados extranjeros

La administración Milei va por la entrega del territorio nacional a manos de empresas y personas extranjeras. La Libertad Avanza consiguió en el Senado la firma del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación general al proyecto denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”. La iniciativa no solo borra todas las limitaciones que se habían incluido en la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales) sino que, de aprobarse el proyecto, también se pondrán en riesgo recursos hídricos en línea con las pretensiones de instalar en la Patagonia un hub de data centers de IA.

Para congraciarse con los gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo en Mendoza por citar un ejemplo, el oficialismo aceptó hacer una modificación en el único límite que había dejado Milei. Las provincias podrán presentar “proyectos de cooperación” – ese fue el título que le dio Patricia Bullrich al defender la iniciativa- cuando un Estado extranjero quiera comprar tierras en un territorio determinado, previa autorización de Nación. Bullrich lo ejemplificó con la Base Espacial de la Unión Europea en Malargüe, Mendoza. Se abre la puerta para que Estados Unidos – o cualquier otro país - quiera instalar una base militar propia en territorio nacional.

El proyecto se llevaría al recinto dentro de dos semanas. Desde el peronismo se estaba definiendo la presentación de un dictamen de rechazo.

Cartel de remate

El dictamen de mayoría deroga el artículo 8 de la ley 26.737 (el límite del 15% de extranjerización), el 9 (que ponía un máximo del 30% dentro del límite general para una persona humana o jurídica de una misma nacionalidad) y el 10 (que fijaba un límite de 1000 hectáreas de máximo por cada persona).

Con estas modificaciones, la administración Milei abre la posibilidad a que se siga concentrando la tenencia de la tierra rural en manos extranjeras, sobre todo en zonas mineras, en la Patagonia y en algunas regiones lindantes a la Vía Navegable Troncal (VNT), donde ya se superaban los límites fijados por la norma sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen incluyó, en su artículo 3, que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. Acto seguido, a la única restricción que se había incluido dentro del proyecto – una prohibición expresa de operaciones de compra a Estados extranjeros- se le incluyó una excepción a manera de negociación con los gobernadores cómplices de la entrega del territorio nacional.

“Queda prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de los sujetos enumerados, salvo que medie solicitud expresa de la provincia en cuyo territorio se encuentren ubicadas dichas tierras y autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional”, puede leerse en el dictamen. ¿Cuáles serán esas excepciones que tendrán en mente los gobernadores aliados de La Libertad Avanza?

“No se especifica si la excepción será pedida por ley provincial, por decreto, por una nota del Gobernador o un mensaje de Whatsapp. Puede ser cualquier cosa, así de impresentable es. La explicación de Patricia Bullrich como miembro informante dio cuenta del desconocimiento del marco constitucional argentino”, sostuvo –en diálogo con El Destape- Florencia Gómez, ex titular del Registro Nacional de Tierras Rurales durante la administración de CFK.

Plexo normativo para el saqueo

Las modificaciones incluidas en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada forman parte de un conjunto de normativas pensadas para consolidar un nuevo saqueo colonial: la derogación de la Ley 26.160 -de Emergencia de los territorios indígenas-, las modificaciones a la Ley de glaciares y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“La combinación de una mayor liberalización en el acceso a la tierra y a las fuentes de agua con incentivos a la inversión de gran escala puede profundizar procesos ya críticos de apropiación, concentración y aprovechamiento privado de rentas asociadas a bienes comunes naturales”, indicaron desde el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (Facultad de Ciencias Económicas - UBA) en su cuarto informe sobre el proceso de entrega de tierras.

Uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial es que se rompe el principio de progresividad del Estado nacional en el que ningún derecho, incluido el de la propiedad privada, es absoluto.

“En esa tensión se inscriben los derechos sociales y ambientales, así como el principio de progresividad, que obliga al Estado no solo a garantizar derechos individuales, sino también a avanzar —sin retrocesos— en la protección de intereses colectivos. El proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Por eso, más que una ley de protección, entendemos que se trata de una ´ley de extranjerización´ que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes”, puede leerse en el cuarto informe del Observatorio de extranjerización de la tierra.

También se eliminan las restricciones específicas sobre tierras con acceso a cuerpos de agua y se debilita su articulación con el régimen de zonas de seguridad de frontera. “Su desvinculación del régimen general de tierras rurales fragmenta la política territorial y reduce su eficacia. En el caso de los recursos hídricos, la consecuencia es más directa: su acceso y control quedan crecientemente mediados por el mercado de tierras”, explicaron desde el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria

En la práctica, esto puede aumentar los riesgos de apropiación o control privado de lagos, ríos y otras fuentes hídricas, en un contexto donde ya existen antecedentes de acceso restringido o disputado en territorios con alto valor paisajístico y estratégico. Los Lewis de la vida, de parabienes.

Colisión entre glaciares, proyectos mineros y territorios

“Con el RIGI solo no alcanza”, había dicho el CEO de Barrick Gold, Marcelo Alvarez. Por eso fueron por la ley de glaciares y ahora pretenden modificar la ley de protección de las tierras rurales. El mapa elaborado como parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria da cuenta de la colisión entre los proyectos mineros y la protección de bienes comunes como la tierra y el agua.

Algunos ejemplos:

En el Departamento de Calingasta (San Juan) el porcentaje de extranjerización de la tierra rural llega al 12,10%. El máximo autorizado por el actual marco legal es del 15%. De acuerdo al trabajo del Observatorio de Tierras, el porcentaje de área glaciar llega al 2,39% que equivalen a 51.101 hectáreas.

En esta región ya se encuentra operativo un proyecto minero y otros 11 en carpeta. Uno de los principales se llama Los Azules (cobre) operado por McEwen y Stellantis, iniciativa que se encuentra rodeada por los glaciares y ambientes periglaciales inventariados por el IANIGLA. Los Azules es uno de los proyectos que ingresó al RIGI.

En el Departamento Iglesia, también de la provincia de San Juan, la extranjerización de la tierra llega al 24,95% (450.000 hectáreas). En esta zona no se podría incorporar ningún capital extranjero más. El porcentaje del área glaciar se ubica en el 0,6% del departamento (10.800 hectáreas). Existen dos proyectos mineros en actividad y otros 17 en carpeta. Uno de los principales: Vicuña, que unifica las iniciativas Filo del Sol y Josemaría de Lundin Mining y BHP Group. El proyecto está enclavado en una zona donde fueron inventariados glaciares y periglaciales que deben protegerse.

En el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, el porcentaje de extranjerización de la tierra rural se ubica en el 0,12% con 3504 hectáreas. Sin embargo, existe una subdeclaración de los verdaderos titulares de los proyectos en danza que, si se contemplaran, los porcentajes de entrega del territorio a capitales de otras nacionalidades sería mucho mayor. Según los datos oficiales, se encuentran operativos 6 iniciativas y otras 16 en carpeta.

Dentro de este departamento está ubicado lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, con cerca de 600 kilómetros cuadrados. Uno de los proyectos de Río Tinto se llama Sal de la Vida, que se encuentra a 60 kilómetros del proyecto Fenix. Galan Litio, empresa australiana, ingresó al RIGI con el proyecto Hombre Muerto del Oeste que posee una extensión de 11.000 hectáreas. Estos proyectos con su extensión territorial no aparecen dentro del RNT. Si se los incluyera, el porcentaje de extranjerización del Departamento de Antofagasta de la Sierra sería mucho mayor al 0,12% declarado oficialmente.