El Gobierno nacional avanzó un paso más en su proceso de desmantelamiento de las políticas de intervención estatal en para el consumo al derogar 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas todas las regulaciones complementarias de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 publicadas en el Boletín Oficial y representa el cierre definitivo de instrumentos que durante años funcionaron como mecanismos de estímulo al consumo y de contención de precios.
Esos programas ya habían sido discontinuados por la administración de Milei, pero sí constituye una definición política y económica sobre el rol que el Estado debe ocupar en el mercado. La eliminación de la normativa residual busca impedir cualquier eventual reactivación de estas herramientas sin la elaboración de nuevos marcos regulatorios.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que las derogaciones forman parte de un proceso de simplificación normativa destinado a reducir regulaciones consideradas innecesarias. Según los fundamentos de la resolución, las medidas eliminadas "buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica".
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El Gobierno justificó por qué elimina el Ahora 12 y Cuota Simple
La resolución firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, encuadra la decisión dentro de la estrategia de desregulación impulsada desde la sanción de la Ley Bases y del DNU 70/2023. El documento argumenta que una gran cantidad de normas vinculadas a comercio, abastecimiento, control de precios y protección del consumidor habían quedado desactualizadas o sin objeto luego de la derogación de diversas leyes y decretos.
Sin embargo, entre las disposiciones eliminadas aparecen programas que tuvieron una fuerte incidencia sobre la dinámica del consumo interno durante más de una década. El caso más relevante resulta el de Ahora 12, una herramienta lanzada en 2014 que permitió financiar compras de bienes durables, indumentaria, materiales de construcción, electrodomésticos y turismo mediante cuotas subsidiadas.
El propio Gobierno reconoce en los considerandos de la resolución que "han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga". En otras palabras, la administración primero dejó vencer los programas y posteriormente eliminó toda la arquitectura normativa que los sostenía.
La explicación oficial para justificar la medida refleja la visión económica que predomina en la Casa Rosada. Según el texto, "la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital".
La premisa del Gobierno es que el crédito debe determinarse exclusivamente por las condiciones del mercado financiero y no mediante mecanismos de subsidio o incentivos estatales. Bajo esa lógica, programas como Ahora 12 constituían una alteración artificial de los precios relativos y una interferencia sobre las decisiones de asignación de recursos.
No obstante, la desaparición de estos instrumentos ocurre en un contexto económico muy distinto al que describe el discurso oficial. La economía argentina atraviesa una etapa caracterizada por tasas de interés reales elevadas, caída de los ingresos de amplios sectores de la población y un mercado de crédito que continúa mostrando niveles de profundidad considerablemente inferiores a los de otros países de la región.
Cuando Milei asumió la presidencia, el programa fue reemplazado por Cuota Simple, una versión significativamente más acotada. Mientras Ahora 12 ofrecía financiamiento de hasta doce cuotas y contemplaba numerosos rubros, Cuota Simple redujo las opciones a tres y seis pagos con costos financieros más elevados. Finalmente, tampoco fue renovado.
La resolución también pone fin a la normativa remanente vinculada con Precios Cuidados, una política implementada originalmente para establecer acuerdos de precios sobre una canasta de productos de consumo masivo. Aunque el programa había sido reformulado en distintas oportunidades y posteriormente reemplazado por Precios Justos, la llegada de La Libertad Avanza al poder significó el abandono definitivo de este tipo de esquemas.
Desde la perspectiva oficial, los controles o acuerdos de precios generaban distorsiones sobre el funcionamiento del mercado. Sin embargo, para numerosos sectores económicos y organizaciones de consumidores, esos programas constituían una referencia relevante en contextos de alta inflación y permitían moderar parcialmente los aumentos sobre determinados productos esenciales.
No las escuelas darán el ejemplo
La ofensiva desreguladora no se limitó a los programas de consumo. Entre las normas derogadas también aparecen regulaciones vinculadas con los establecimientos educativos privados. El Gobierno recordó que en noviembre de 2025 eliminó el régimen que obligaba a las escuelas privadas a informar y solicitar autorización estatal para modificar aranceles.
Según los fundamentos de la resolución, ese sistema "les limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado" y generaba incertidumbre económica para las instituciones educativas. La visión oficial sostiene que la libertad de fijación de precios permite una asignación más eficiente de recursos y elimina trabas burocráticas.
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