Las transferencias de recursos tributarios de origen nacional hacia las provincias continúan mostrando una tendencia descendente en términos reales durante 2026. De acuerdo con datos recientes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en abril se registró una caída interanual de 3,3% en los Recursos de Origen Nacional (RON), mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) retrocedió 3,8% en el mismo período. Se trata de un recorte que prolonga la dinámica de ajuste observada desde que asumió el gobierno libertario, caracterizada por una evolución irregular y, en varios tramos, contractiva.
Según las estimaciones del CEPA, “las transferencias tributarias de origen nacional representan en promedio 44,8% de los ingresos provinciales en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional, el guarismo asciende a 54% del total”. Esta dependencia condiciona la capacidad de los gobiernos subnacionales para sostener servicios y políticas públicas, donde el incremento del transporte en territorio bonaerense (según justificaron las propias autoridades provinciales) es un ejemplo del resultado del ajuste.
El ajuste impulsado por la administración de Javier Milei se traduce en una menor disponibilidad de recursos para las provincias. La secuencia de caídas en lo que va del año —7% en enero, 7,5% en febrero, 4,7% en marzo y 3,3% en abril para los RON— da cuenta de una tendencia que impacta de forma relativamente homogénea en las jurisdicciones. Algunas, como Salta (-10,9%), La Rioja (-4,4%) y Formosa y Entre Ríos (-4%), exhiben descensos más pronunciados.
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El deterioro también se vincula con la evolución de los principales impuestos que alimentan la masa coparticipable. El informe señala que “el 95% de las transferencias por Coparticipación se nutrieron del Impuesto a las Ganancias e IVA”. En abril de 2026, ambos tributos mostraron retrocesos reales: el IVA cayó 3,3% interanual y Ganancias, 2,5%. La retracción del consumo y la actividad económica aparece como uno de los factores explicativos.
Este escenario tiene consecuencias concretas en las administraciones provinciales, que enfrentan mayores restricciones presupuestarias. En ausencia de transferencias suficientes, los gobiernos provinciales se ven obligados a recomponer ingresos propios o trasladar costos a los usuarios de servicios públicos. Un caso reciente es el del transporte en la provincia de Buenos Aires. Desde el lunes 4 de mayo, el gobierno bonaerense autorizó un aumento del 11,16% en el boleto de colectivos para líneas provinciales y municipales del conurbano. La medida se inscribe en una serie de ajustes tarifarios que buscan compensar el incremento de costos operativos en un contexto de menores subsidios.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la evolución de uno de los componentes centrales de esos costos. "Es inexplicable la suba del precio del combustible dado que, gracias a la recuperación de Vaca Muerta, Argentina está en el nivel de autoabastecimiento y hasta tiene un excedente. Esto responde a una decisión política de Javier Milei de someter el valor del combustible al ritmo del precio internacional”, sostuvo Bianco.
Más recorte y ajuste
El esquema tarifario venía ajustándose con una fórmula que combinaba un 2% mensual más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, en mayo esa dinámica se vio alterada: “el Índice de Precios al Consumidor dio un 5,4%”, señalaron, y agregaron que “la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril que fue por encima del 23%, y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%”. El traslado de estos aumentos a las tarifas se vincula con la reducción de transferencias nacionales, que históricamente funcionaron como mecanismo de compensación. Sin esos recursos, las provincias enfrentan un dilema entre ajustar el gasto, incrementar impuestos propios o elevar tarifas.
El informe del CEPA también describe el carácter fluctuante de los ingresos en los últimos años. Durante 2024, los RON acumularon “9 meses de derrumbe y solo 3 de crecimiento en términos reales interanuales”, mientras que la coparticipación mostró un patrón similar. En 2025 hubo una recuperación parcial que no logró consolidarse y volvió a terreno negativo en varios tramos. Esa inestabilidad complica la planificación fiscal de las provincias.
En paralelo, el comportamiento del IVA refleja la debilidad del consumo a nivel nacional, producto de las medidas recesivas del catálogo mileísta, que también impacta en las arcas provinciales. El documento señala que “en 2024 la recaudación del IVA cayó en nueve de los doce meses”, y que en 2026 se registraron retracciones significativas en el primer trimestre. La caída de este impuesto no solo afecta a la recaudación nacional, sino que impacta directamente en los recursos que se distribuyen entre las jurisdicciones.
En suma, la combinación de menores transferencias, caída de la actividad y suba de costos configura un escenario de presión creciente sobre las finanzas provinciales. La respuesta, en muchos casos, se traduce en aumentos de tarifas y ajustes en servicios, con efectos directos sobre los usuarios.
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