Mientras se amontonan los reclamos tanto de la oposición como del oficialismo en Santa Fe para que el gobierno de Javier Milei reactive la obra pública, el gerente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario, Rubén Llenas, advirtió que el impacto de la crisis también se siente en el sector privado porque el mercado “no convalida el traslado de los costos a precios”.
Desde mediados de 2023, la actividad de la construcción registra una profunda caída en todo el país. “A nivel nacional estamos trabajando con un 30 por ciento menos de actividad de la que teníamos a mediados de 2023. Eso no se recuperó nunca, pero la provincia de Santa Fe tiene una realidad un poco mejor”, señaló Llenas.
Pese a que el gobernador Maximiliano Pullaro replica el modelo de ajuste del presidente Milei en su provincia y mostró apoyo a ciertas normativas que finalmente fueron sancionados en el Congreso, cientos de proyectos de infraestructura comenzados fueron paralizados por el Ejecutivo nacional.
Llenas señaló que en territorio santafesino la crisis en la obra privada, que siempre fue el motor de la construcción, se evidencia "desde mediados del año pasado" con una fuerte "retracción y caída de los indicadores". Remarcó que "los costos siguen subiendo y no es posible trasladarlos al costo del metro cuadrado".
“Por ese motivo, lo poco que se mueve de parte de los préstamos hipotecarios van directamente a la compra de inmueble usados. El metro cuadrado en dólares está caro. La inflación en dólares se ve muy bien en la construcción. Esos costos no pueden pasarse a precio porque el mercado no lo paga”, subrayó Llenas en declaraciones para LT8.
En Rosario, la tasa de desempleo llegó a 8,2% y se ubicó por encima del promedio nacional, que se ubicó en 7,8%. En el Gran Santa Fe, la desocupación alcanzó 6,5%. El dato se enmarca en una actividad que muestra recuperación en algunos indicadores, pero con impacto sobre el empleo masivo que se radica principalmente en entornos urbanos. La mejora en sectores primarios y exportadores no se traduce con la misma velocidad en ocupación extendida en otras ramas como comercio e industria.
Milei delegó en las provincias la concesión de obra pública de rutas nacionales
En abril pasado, el gobierno de Milei resolvió delegar en las provincias la concesión y ejecución de trabajos sobre rutas nacionales. La medida del Ejecutivo cae en medio de una marcada crisis vial por el deterioro de rutas nacionales, recortes presupuestarios y falta de mantenimiento. Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.
Uno de los diagnósticos más difundidos fue presentado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), cuyo secretario gremial, Fabián Cattanzaro, sostuvo que “hoy la Red Vial Nacional está en un 70% en estado de regular a malo” y advirtió que la falta de mantenimiento multiplica los costos futuros de reparación. Según ese relevamiento, preservar una ruta a tiempo cuesta entre cinco y siete veces menos que reconstruirla una vez degradada.
La crisis también aparece vinculada al ajuste presupuestario. FEPEVINA denunció que el presupuesto de Dirección Nacional de Vialidad cayó un 75% en términos reales respecto de 2023, afectando tareas de conservación y obras nuevas. En paralelo, el intento de cierre o desmantelamiento de Vialidad Nacional encendió alarmas, aunque no se concretó, suma presión sobre un sector castigado.
La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados". Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales "en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación".
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