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El macrismo movió una nueva pieza en el tablero contra los derechos humanos. En este caso, mediante la intervención de facto de la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, la cual fue creada por Alejandra Gils Carbó en 2015. Con la resolución del interino Eduardo Casal, Mary Ana Beloff, a cargo de una fiscalía, será la que quede como interventora de la Dirección pese a no tener capacitación ni trayectoria en la materia como sí la tiene quien hasta ayer comandó el área: Andrea Pochak.

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Mediante la resolución 3468/2015 de la Procuración General de la Nación, se creó la Dirección que se ocupa de aspectos vinculados a la “política criminal así como cuestiones relativas al tratamiento del derecho a la igualdad y no discriminación; los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos de los niños, niñas y adolescentes; los derechos de los pueblos indígenas, de las personas migrantes; la libertad de expresión”.

Además, sus principales tareas son “la sistematización y actualización de la colección de dictámenes. Sobre esa base puede advertirse que generar instrumentos de contenido jurídico y de capacitación en materia de derechos humanos que puedan informar los criterios de actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal”. Según Casal, estos ejes de trabajo “encuentran una estrecha vinculación con las cuestiones propias de Política Criminal y de Capacitación”, por lo que definió “la conducción unificada” de las áreas a cargo de Beloff.

De este modo, Casal optó por dejar sin efecto la resolución 3479/15 por la cual Gils Carbó creó la Dirección bajo la órbita de la Procuración. Como esta Dirección no forma parte de su ley orgánica, otra resolución puede modificarla o intervenirla, como ocurrió en este caso. Un detalle no menor, es que la resolución de la ex Procuradora era de carácter "PGN", o sea pública. En cambio, la modificación es "PER", interna, como si se tratara de un mero cambio de personal, cuando debería haber sido abierta.

Esta decisión no sorprende a los organismos de derechos humanos pero sí los alerta. “Ésto es un ataque a quienes venimos impulsando y sosteniendo las políticas de DDHH”, advirtió Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S., a El Destape ya que “Pochak tiene trayectoria en esta materia y ésto es una respuesta a eso. Nos conocemos (con ella) desde la militancia, desde articular acciones vinculadas a las políticas de los organismos, pero su margen de acción estaba destinado a los fiscales” en materia de formación, trabajo conjunto en lo referido a migrantes, libertad de expresión, derecho a la vivienda, crímenes de lesa humanidad, entre otros. O sea, políticas de derechos humanos entendidas en su sentido más amplio.

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En su designación, se destaca que Pochak fue directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2001-2011) y se desempeñó como responsable de proyectos de cooperación técnica del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, institución intergubernamental creada en el año 2010. También fue representante para Argentina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y abogada de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y de Contrabando, de la Procuración General de la Nación. Es profesora invitada de las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de Comahue. Cuenta con amplia experiencia en presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Una amplia trayectoria en la materia.

Esta intervención “es un mensaje hacia los organismos y no es casual que se de en vísperas del aniversario de Madres de Plaza de Mayo, que es hoy”, advirtió Pisoni y agregó: “Es coherente con lo que vienen planteando: dijeron que éramos un curro, avanzaron con el 2x1 que pudimos frenar, tienen funcionarios negacionistas que no reconocen a los 30.000 desaparecidos, realizaron escuchas a dirigentes políticos y tienen un Secretario de DDHH que vació distintos programas. No nos toma por sorpresa” esta decisión.

La resolución del Procurador interino no ahonda en motivos suficientes como para justificar la intervención de un área tan importante y avanza en la desjerarquización de los derechos humanos al poner una Dirección por debajo de una Fiscalía. En este caso, la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, frente a la cual fue designada Beloff mediante la Resolución 118/2007. La Fiscala se encuentra, además, a cargo de la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Pisoni destacó a El Destape que la Beloff “asumió más responsabilidades desde que asumió este Gobierno lo que indica que es una persona de confianza del Procurador y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano”.

En un texto de tan sólo dos hojas, Casal se ocupó de resaltar el currículum de Beloff, quien quedará como interventora de la Dirección General de Derechos Humanos. Ella es doctora en Derecho Penal, magister y profesora en la Universidad de Buenos Aires; “ha enseñado en cursos, seminarios y conferencias sobre derechos humanos y género, derecho penal y procesal penal, derechos del niño y justicia juvenil; ha participado como asesora en reformas legislativas en esas materias en diversos países americanos, y se ha desempeñado como experta de dichas temáticas para numerosos organismos internacionales”. Es, según explicaron a El Destape, una persona que tiene papiros académicos, trayectoria en materia penal, de niñez pero no de derechos humanos.

En off, varias fuentes coinciden en que esta decisión de Casal es una orden directa del Poder Ejecutivo. Beloff es una persona con vínculos históricos con Garavano pero, sobre todo, con el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, quien fue uno de los impulsores de la marcha del 21F por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

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En 2013, el CELS y Memoria Activa denunciaron a Pleé por haber demorado la acusación contra los imputados por encubrimiento de la voladura de la AMIA, que deberían ir a juicio oral y público este año. Según se denunció entonces, Pleé dejó de impulsar la causa, sin ninguna explicación, hasta la irregularidad quedó en evidencia.

Además, en 2007, luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Pleé fue, junto con el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica y el ex juez Alfredo Bisordi, uno de los acusados de obstaculizar el avance de las causas por lesa humanidad en la Cámara de Casación. Y, por si fuera poco, a comienzos de su gestión como procuradora general, Alejandra Gils Carbó desplazo a Pleé de la Unidad Fiscal antilavado que el fiscal encabezaba, por tener magros resultados.

La Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración, al no ser orgánica, sino creada por resolución, pudo ser intervenida de un plumazo y no hay acción posible para revertir la decisión tomada ayer por Casal, por lo que quedó en vigencia desde el mismo momento en que fue firmada, el lunes 29 de abril de 2019.

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