Delta: dilemas sanitarios y políticos sobre la regulación del ingreso al país

02 de julio, 2021 | 05.00

Sin dudas, el ingreso de la variante Delta es una amenaza cuyo impacto pagaríamos colectivamente, como ocurre cada vez que la pandemia recrudece y los contagios diarios aumentan. Hoy en Argentina las infecciones por Coronavirus son casi en su totalidad por variantes que ingresaron este año (Manaos, Andina y Reino Unido), que al ser más contagiosas terminan desplazando a las demás y acelerando los contagios. La variante Delta es incluso más transmisible.

Posiblemente sea inevitable que, eventualmente, tengamos que lidiar con la variante Delta en Argentina. Tal vez ninguna medida puede garantizar que no ingrese la variante, e incluso ya haya en el país personas infectadas con Delta. Sin embargo, no es inútil invertir esfuerzos en la contención: la cantidad de personas infectadas que ingrese al país es la clave de cuán rápido se disemine. Esa velocidad es crucial, tanto para que nos dé tiempo de seguir avanzando en la campaña de vacunación, como para evitar que el aumento de casos por Delta nos sorprenda en la estación del año más difícil para la gestión de la pandemia.

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En definitiva, cuanto más eficaz sea la estrategia para evitar el ingreso de personas infectadas con la variante Delta en los próximos meses, menor será el daño que cause. Un daño que se cuenta tanto en vidas humanas como en millones de personas que deberían cumplir restricciones inevitablemente necesarias para poder controlar al aumento de casos.

En ocasiones se cuestiona el control en aeropuertos por ser tan extensa la frontera terrestre en Argentina. Sin embargo, el control de quienes llegan en vuelos internacionales tiene un papel clave. Lo sabemos en base a cómo se irradiaron las variantes que entraron en 2021 y a qué países tienen hoy circulación comunitaria de Delta (en este momento circula de manera significativa en Europa, Asia y EEUU, no así en países limítrofes)

¿Alcanza con un testeo de los pasajeros al llegar y el aislamiento controlado de quienes dan positivo? Lamentablemente, no.

Al momento de realizar un test, la probabilidad de detectar infecciones que ocurrieron en los últimos 4 días anteriores es muy baja: la probabilidad de un “falso negativo” es superior al 75%. Así, testeando los pasajeros al momento en que arriban, se nos escapan la mayoría de las infecciones que el PCR previo al vuelo no pudo detectar, incluyendo las que se hayan producido en el vuelo. Para peor, esas infecciones que no detectamos son las que tendrán su fase más contagiosa en los próximos días, cuando aumente la carga viral. Adicionalmente, los testeos “rápidos” son menos eficaces para detectar infecciones cuando la carga viral no es alta.

Sabemos que al menos un 40% de quienes arribaban a sus domicilios con indicación de aislamiento y resultado negativo no cumplían las restricciones. Pero el hecho es que, incluso si todes lo cumplieran, todavía podrían contagiar a sus convivientes al regresar a sus hogares. Convivientes que no tienen indicado aislamiento y, sin violar ninguna norma y sin saberlo, podrían esparcir la variante al continuar con sus actividades fuera de casa.

Por eso lo crucial es evitar toda exposición hasta descartar, con mayor seguridad, que los pasajeros estén infectados. Para lograrlo el test PCR debería realizarse al menos 4 días después del arribo. Mientras, los pasajeros podrían esperar esos días en un alojamiento donde se pueda garantizar que se cumplan las medidas de seguridad. Con el resultado negativo en el test, al quinto día, sí sería posible permitir que los pasajeros completen su aislamiento preventivo en sus domicilios.

La estrategia puede parecer apropiada desde lo sanitario. Sin embargo, las estrategias para lidiar con la pandemia han quedado desde hace tiempo en el fuego cruzado de estrategias electorales.

Al analizar la coyuntura en esos términos advertimos que, para el gobierno nacional, podría parecer muy costoso avanzar en una estrategia efectiva de control de viajeros. Si lo implementara por su cuenta, aislando por ejemplo en la PBA a cada persona que llegue a Ezeiza sin importar dónde resida, es fácil prever cómo responderían la oposición y buena parte de los medios. Sería fácil para estos actores cargar con el costo íntegro de la estrategia sanitaria a su contrincante, mientras le acusan de autoritario y fascista. Si en cambio el gobierno nacional dispusiera que el control fuera implementado por las jurisdicciones subnacionales, sería fundamental el acatamiento de la CABA, Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, en donde residen la mayoría de quienes llegan a Ezeiza. La Ciudad podría repetir la estrategia que desplegó en abril frente a la controversia acerca de la suspensión de clases presenciales: negarse a cumplir y defender su autonomía con presentación judicial de por medio. Como aquella vez, las probabilidades estarían de su lado. Para el gobierno nacional sería pura pérdida: mientras la estrategia sanitaria podría fracasar, el gobierno nacional quedaría atrapado en una crisis de gobernabilidad y el de Larreta cosecharía réditos políticos.

Es en este contexto que debe entenderse la estrategia elegida a nivel nacional de restringir los ingresos. Sea porque le importe genuinamente la situación sanitaria, o siquiera por cálculo político, lo cierto es que no le resulta conveniente asistir pasivamente al ingreso acelerado de personas infectadas con la variante Delta. Al restringir los ingresos a casi el 25% de los arribos diarios, no solo reduce en esa misma proporción las probabilidades de dejar ingresar personas con la nueva variante, sino que además consigue modificar los términos políticos de esta cuestión.

Para quienes se fueron, es preferible cumplir una breve estadía para ingresar, que tener que esperar afuera mientras sus vuelos son reprogramados. Ahora la opción de volver aceptando condiciones es del interés de quienes quedaron del otro lado de la frontera. Mientras el gobierno condiciona el cupo al compromiso de las provincias en el control, se esfuma el rédito político de ser laxos con quienes regresan. Ahora, la responsabilidad de que haya menos vuelos es de las jurisdicciones subnacionales. Y en sus manos está generar las condiciones para que puedan regresar tantos como quieran, siempre que acepten cumplir con controles genuinamente eficaces.

Hoy nos jugamos en esos controles, de unos miles de personas, el daño que pueda causar la tercera ola para millones de argentines. Empecemos a desnudar las estrategias políticas que se despliegan a costa de todes mientras anuncian que lo hacen por nosotres. Recordemos que el costo de la comodidad de unes puede ser, sólo meses después, la vida, las clases presenciales y el salario básico de millones.

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Sol Minoldo

Investigadora en CIECS-CONICET, Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Licenciada en Sociología (UNLP)

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