El gobierno de Javier Milei viene preparando el terreno en la conversación publica para la presentación de su próxima reforma en el Congreso, la Ley de Libertad Educativa, que propone una serie de cambios profundos para reorganizar el sistema educativo argentino en clave de mercado, corriendo al Estado de su rol de garante del derecho y proveedor principal. Entre los puntos mas polémicos aparece el homeschooling, es decir la posibilidad de que las familias puedan educar a sus hijos e hijas en sus hogares para cumplir con la escolaridad obligatoria. Sin embargo, atrás de esta propuesta que es la encargada de llevarse la marca de la indignación y el debate público superficial, el proyecto busca redefinir los pilares sobre los que se construyó el sistema educativo argentino.
MÁS INFO
La premisa vertebral de la Ley 1420 es, desde hace más de un siglo, la educación pública, gratuita y obligatoria, concebida no únicamente como herramienta para enseñar a leer, escribir, sumar y restar o eliminar el analfabetismo, sino como política pública destinada a fortalecer la capilaridad del Estado Nación, construir ciudadanía, e integrar una sociedad atravesada por profundas desigualdades sociales, culturales, territoriales y económicas. La escuela fue pensada como una institución capaz de actuar como igualadora, garantizando que el origen social o lugar de nacimiento no determinaran el futuro y las oportunidades de una persona. Por eso la propuesta libertaria, embanderada alrededor del homeschooling como solución a la intervención estatal, significa mucho más que el traslado operativo del lugar de educación.
Al respecto Gabriel Brener, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por FLACSO, advierte que la transformación que expresa el proyecto oficial es la restauración de las desigualdades sociales como algo deseable y natural: “Ese modelo atenta contra la idea de comunidad, porque trasladar la responsabilidad a las familias significa desplazar la responsabilidad del Estado a la posibilidad de cada familia. Más que a una ciudadanía apunta a un consumidor y aniquila a la educación en clave de derecho social”. El pedagogo entiende que atrás del foco del homeschooling se esconde un cambio de paradigma que subyace a la iniciativa: la educación no como derecho garantizado colectivamente, sino como responsabilidad administrada por cada hogar o familia según sus propias características y posibilidades.
La referencia permanente a lo que sucede en Estados Unidos para defender el proyecto tampoco resulta casual. En el país gobernado por Donald Trump el homeschooling tiene una larga trayectoria vinculada a comunidades religiosas y a sectores políticos más conservadores que reivindican una mayor autonomía frente al Estado. Según cifras del National Home Education Research Institute (NHERI), alrededor de 3,4 millones de estudiantes, cerca del 6% de la matrícula, reciben actualmente educación en este formato, tendencia que se profundizó luego de la pandemia. Los estudios muestran que confluyen razones muy distintas atrás de este decisión: aumento de la violencia escolar; preocupaciones por la seguridad de sus hijos; pertenencia a grupos religiosos; criticas a los programas y contenidos curriculares; el crecimiento de la desconfianza hacia las instituciones educativas. Es un fenómeno que responde a una historia, dinámica política y matriz cultural y de valores completamente diferente. Mientras el modelo estadounidense nace de una sociedad que privilegia la autonomía individual y la descentralización educativa, en Argentina la escuela pública fue concebida como territorio de paz, lugar de resguardo, y uno de los principales espacios de socialización e integración social para las infancias y adolescencias en un país atravesado por enormes desigualdades.
La escuela representa mucho más que un lugar de enseñanza de contenidos. Fue, sobre todo, pensada como laboratorio de ciudadanía, experimentación de un mundo compartido con un otro diferente pero con los mismos derechos: hijos de inmigrantes, criollos, pueblos originarios, estudiantes con distintos credos y religiones, chicos y chicas de diferentes clases sociales, habitantes de grandes ciudades o pequeñas localidades. En una actualidad azotada por múltiples crisis, por las que muchas de las desigualdades tienden a profundizarse, esa función continúa siendo irremplazable. No porque la escuela sea la encargada de eliminar las diferencias sociales, sino porque parece ser una de las pocas instituciones comunitarias capaces de atenuarlas, o cuya lógica pedagógica diaria intenta no reproducirlas.
El informe "Desigualdad social, desigualdad social en las aulas?” (2024), de Argentinos por la Educación, advierte que si bien la segregación escolar es elevada, y alcanza sus valores más altos en las escuelas privadas sin subvención, las escuelas estatales continúan siendo las que reúnen una mayor diversidad social. Además subraya que, aunque el nivel socioeconómico condiciona fuertemente los aprendizajes y trayectorias, existen instituciones que logran obtener resultados más favorables a los esperados para dichos contextos problemáticos. “El documento explica que la segregación escolar es un problema porque puede ocasionar que la escuela reproduzca las desigualdades originadas en la familia y, en consecuencia, reforzar la exclusión. En contraposición, contar con aulas más integradas contribuye a la cohesión social y a la equidad, e incluso podría tener efectos positivos en el aprendizaje al enriquecer la diversidad en el aula", señalan desde la organización.
Brener plantea en esta línea uno de los principales interrogantes en el marco de la discusión por la reforma educativa del gobierno: “¿No será entonces que en nombre de una supuesta libertad se desarticulan todas las posibilidades de justicia escolar, de una posible distribución algo más justa de condiciones y oportunidades para quienes nacieron o viven con más dificultad?”.
La escuela bajo sospecha
Toda reforma de un derecho colectivo necesita, antes, una transformación del sentido común. Justamente lo que se observa es que el proyecto de transformación educativa vino acompañado de un proceso previo de erosión sistemática de la legitimidad de una institución que durante más de un siglo organizó buena parte de la vida democrática argentina. Para garantizar la etiqueta partidaria de un derecho que es universal y lograr que el homeschooling pueda instalarse en la agenda como alternativa legítima, fue necesario, primero, que la escuela pública dejara de ser percibida por amplios sectores sociales como una opción viable para sus hijos, y una institución capaz de garantizar aquello para lo que fue creada.
Durante los últimos años, a partir de operaciones y campañas sucias, se fue consolidando un clima de creciente desconfianza que incluyó: denuncias por supuesto adoctrinamiento, judicialización de conflictos escolares, desprestigio de los resultados y lecturas sesgadas de las evaluaciones nacionales, cuestionamiento permanente a la autoridad, exposición en redes y escarnio publico al rol de los docentes, aumento de los episodios de violencia, criminalización de la organización estudiantil, y la creciente intervención de las familias en decisiones pedagógicas.
Ese proceso simbólico se produce a la par de un retroceso material y presupuestario del Estado en materia de financiamiento educativo. Un informe reciente elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, reveló que el presupuesto nacional destinado a educación se redujo un 47,7% en términos reales entre 2024 y 2025. El estudio denuncia que la función Educación y Cultura perdió participación tanto en el presupuesto nacional como en el Producto Bruto Interno y que, de continuar las proyecciones para 2026, el sistema acumularía tres años consecutivos de caída real de la inversión pública. El ajuste que se viene generando desde 2023 y el proyecto de Ley de Libertad Educativa que ingresará al Congreso en estos días parecen trabajar por el mismo cambio de paradigma: un Estado que reduce su rol como garante de la educación pública, mientras se impone un modelo privatizador que traslada más responsabilidad a las familias.
Para Brener, ese desplazamiento constituye una nueva etapa en la historia del sistema educativo argentino: “hubo un traspaso de Nación a provincias como rasgo distintivo entre la Ley Federal de Educación de 1994 y la Ley de Educación Nacional de 2006. Pareciera que aquí, en 2026, ese traspaso se deslizaría hacia las familias. Por tanto, lo que se enuncia con intención de promover autonomía es mera desresponsabilización”. Lo que aparece como una ampliación de la autonomía o libertad puede interpretarse, al mismo tiempo, como un retiro del Estado de una responsabilidad que históricamente asumió como propia.
De la escuela como derecho a la escuela como empresa
¿Qué tipo de ciudadanos produce una escuela organizada bajo la lógica del mercado? La pregunta atraviesa buena parte de las críticas de especialistas al proyecto. “Lo que no se dice, pero está por debajo, es que una buena escuela debe parecerse a una empresa. Su directora, a una gerente eficiente y entonces sus docentes pueden convertirse en vendedores, promotores, animadores, dando respuesta ya no a potenciales ciudadanos sino más bien a clientes, simples consumidores que son los estudiantes. Finalmente, sujeto y predicado, la regla de tres simple o la Revolución de Mayo pueden trocarse en mera mercancía, que se compra y se vende exactamente como galletas en el supermercado”, explica Brener.
La metáfora del especialista en Gestión y Conducción resume un cambio profundo de racionalidad. Durante más de un siglo la escuela pública fue concebida como una institución destinada a producir un bien común, formar ciudadanos, construir una cultura compartida, fortalecer la democracia y equiparar las oportunidades. Bajo la lógica del mercado, en cambio, la educación deja de ser un derecho para convertirse en un servicio o una mercancía; las escuelas pasan a competir entre sí por los clientes; los resultados económicos reemplazan a las trayectorias de los estudiantes; y el conocimiento adquiere valor de mercado.
“El imperativo ya no es una escuela como ámbito de construcción de ciudadanía plural y democrática, sino un centro de rendimiento que sólo se ajusta a exámenes estandarizados, donde cada escuela, igual que las personas, lucha por la supervivencia del más fuerte y se naturaliza que algunos queden a un costado - explica Brener -. se legitima la competencia, se salva quien puede y se hace responsable al desamparado de su propia intemperie, sea institución o persona”. En esa descripción resuena una racionalidad hoy popularizada e institucionalizada: la competencia como reemplazo de la cooperación, el mérito individual por sobre la igualdad de oportunidades, y el Estado abandonando su papel como garante de derechos para asumir un rol cada vez más limitado.
Por eso, Brener agrega que la reforma educativa debe leerse como parte integral del programa de gobierno de Javier Milei: “esta ley es complementaria de la reforma laboral. Las reglas de flexibilización de las condiciones de los trabajadores necesitan su legitimidad en un sistema educativo acorde a este imperativo: disciplinamiento social y escolar para una sociedad mucho más desigual e injusta, donde el estado como garante de derechos es objeto de aniquilación, del mismo modo que la sindicalización. Cada quien se salva como puede”.
Es en ese sentido el especialista propone una definición que sintetiza el proceso en marcha: “estamos frente a una ley de uberización educativa”. Así como las plataformas trasladaron al trabajador la responsabilidad sobre sus propios ingresos y condiciones laborales, la educación corre el riesgo de convertirse en una responsabilidad administrada por cada familia según sus recursos, posibilidades, su tiempo y su capital cultural. La promesa de autonomía termina ocultando un proceso de fragmentación que naturaliza las desigualdades en lugar de intentar corregirlas.
La escuela pública argentina, incluso con imperfecciones, limitaciones y enormes deficiencias, conservó en más de un siglo una función difícilmente reemplazable: siguió siendo uno de los pocos espacios donde el Estado intentó construir un mundo común en una sociedad profundamente desigual. En sus aulas se aprende a convivir con quien piensa distinto, a resolver conflictos con palabras, a respetar las reglas compartidas, a reconocer al otro como un igual en derechos y a descubrir que la vida democrática es más que la suma de decisiones individuales. “El desafío es construir y fortalecer comunidad, no desintegrarla. Una escuela que se enriquezca y fortalezca con las diferencias al mismo tiempo que construye lo común. Una escuela que enseñe a vivir con los demás, no que reproduzca las violencias y desigualdades de una sociedad que enaltece el individualismo, el descarte y la deshumanización”, expresa Brener.
Cerrar sesión