La crisis del transporte público en Corrientes expone el deterioro del sistema y la falta de respuestas del gobierno de Juan Pablo Valdés. En medio del conflicto por las suspensiones de al menos 23 choferes sin goce de sueldo, este miércoles se llevó adelante una reunión entre la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), la Secretaría de Trabajo y las empresas nucleadas en Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). No hubo acercamientos entre las partes y se fijó una nueva audiencia para el próximo 6 de mayo.
Durante el encuentro, las empresas sostuvieron que la medida se enmarca dentro de un procedimiento preventivo de crisis, en el cual se contemplaba la posibilidad de suspender trabajadores en caso de no lograr una recomposición del sector. Sin embargo, desde el gremio rechazaron estos argumentos y cuestionaron tanto la intervención de la Secretaría como la legalidad de las decisiones adoptadas. “Hasta el momento las empresas no han demostrado dicha crisis como indica la ley, por lo que pedimos la reincorporación automática de los compañeros suspendidos”, remarcaron.
El gremio rechazó los argumentos de las autoridades y denunció irregularidades. En esa línea, advirtieron que las medidas no respetaron el orden de prioridad ni los tiempos de notificación correspondientes. Según detalló El Litoral, el sindicato solicitó a las empresas que presenten el diagrama de vacaciones, francos y feriados ante la Secretaría de Trabajo, al advertir que las suspensiones generaron que algunos trabajadores quedaran sin su período de descanso correspondiente.
El conflicto no es aislado, forma parte de un proceso de deterioro que se viene profundizando en los últimos meses. La reducción de servicios, especialmente en horarios nocturnos, ya había generado complicaciones para miles de usuarios que dependen del transporte público para trabajar o estudiar. A esto se suman interrupciones frecuentes por paros, que afectan la regularidad del sistema.
El conflicto de transporte en Corrientes
Tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche, la municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.
Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.
"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.
La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio.
Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado. No obstante, desde la gestión municipal de Corrientes fueron tajantes: el incumplimiento de las frecuencias pactadas por contrato derivará en sanciones económicas.
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