La investigación judicial por la red de médicos y consultorios truchos que se destapó alrededor de "Argentina Salud" en el partido bonaerense de La Matanza sumó un avance en las últimas horas. Alrededor de 30 colegios denunciaron recientemente haber firmado convenios de asistencia médica con empresas vinculadas a la clínica de González Catán.
Según el expediente, las instituciones habían contratado seguros de emergencias para alumnos y docentes. Algunos de esos acuerdos, incluso, contemplaban pagos anuales ya abonados para todo el ciclo 2026. Ciertos contratos preveían cifras de hasta 1,3 millones de pesos, por apenas 50 llamados de emergencia médica.
La aparición de las escuelas dentro de la causa amplió el alcance de la investigación y profundizó las sospechas sobre el funcionamiento de la red que, según los especialistas, habría operado durante al menos cinco años en distintas zonas del partido bonaerense.
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Ambulancias, certificados y sellos
La causa investiga si detrás de la clínica funcionaba una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, la utilización irregular de sellos profesionales y la realización de documentación médica trucha.
En esa línea se detectó que en algunas escuelas acudían ambulancias y también vehículos particulares para atender emergencias médicas. Tras esas intervenciones, se entregaban certificados sellados, que ahora son analizados por la Justicia. Se estima que fueron confeccionados con sellos de doctores verdaderos, pero sin su consentimiento.
Uno de los testimonios que más complicó la situación judicial de los acusados fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana. Ante la Justicia la mujer admitió que no tenía revalidado su título para ejercer en Argentina y reconoció que utilizaba el sello profesional de otra médica para atender pacientes. Según declaró, ese sello le había sido entregado por Alberto Santarceri, supuesto propietario de “Argentina Salud”.
También declaró el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien aseguró que trabajaba utilizando el sello de otro profesional y que realizaba guardias tanto en ambulancias como dentro de establecimientos educativos. De acuerdo al testimonio, acudía a emergencias en escuelas y en consultorios de Virrey del Pino, llevaba certificados previamente sellados y cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas.
Los dos imputados señalaron que recibían los sellos médicos al iniciar la jornada laboral y que luego los devolvían a Sofía Luna, la esposa de Santarceri.
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Cómo sigue la investigación
La causa, a cargo del fiscal Fernando Garate y del juez de garantías Rubén Ochipinti, intenta determinar el alcance total del fraude y establecer si hubo menores afectados por las atenciones médicas en escuelas.
La investigación comenzó después de una denuncia de una médica, quien afirmó que utilizaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de ello se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.
En los operativos las autoridades secuestraron sellos médicos, documentos, computadoras, dispositivos electrónicos y vehículos. Además, según trascendió, algunos autos tenían patentes adulteradas.
En total y hasta el momento, fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados figuran Alberto Santarceri, Sofía Luna, Dunia Mercedes Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse, mientras que otras 23 personas quedaron bajo investigación como partícipes secundarios.
Enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.
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