El desregulador Federico Sturzenegger va por todo. Luego de la ley bases, el DNU 70, la ley hojarasca y decenas de decretos, el ministro ultima los detalles de una nueva ley ómnibus que modifica la vida de diversos sectores que van desde la producción de libros hasta la marina mercante, los traductores, las farmacias, la cadena vitivinícola y la promoción de la carne.
El borrador del paquete al que accedió El Destape cuenta con más de 100 artículos distribuidos en 8 capítulos, que están siendo analizados por la secretaría Legal y Técnica de la Casa Rosada antes de ser enviado al Senado. El texto vuelve sobre aspectos que ya habían quedado afuera de los paquetes anteriores que promovió el Ministro por el rechazo social y de los partidos aliados.
Respecto a las farmacias, modifica la ley del sector vigente desde 1967. Habilita la venta online de medicamentos, la entrega a domicilio y la comercialización de productos de venta libre en kioscos y supermercados. Esto rompe con el esquema vigente que restringía la venta de medicamentos casi exclusivamente al circuito de farmacias habilitadas.
En otro capítulo elimina la exigencia de título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, bastará con secundario completo y mayoría de edad para ejercer. Además prohíbe fijar aranceles mínimos o máximos para los intermediarios en las operaciones. “Es la ley Remax”, señalan legisladores que ya recibieron el texto y ponen reparos. Establece además que toda regulación futura sobre corretaje debe respetar la libre competencia.
También deroga la ley de precio único del libro que desde 2001 impide a las grandes cadenas vender con descuento por debajo de lo que fija el editor. La Cámara Argentina del Libro defiende el esquema actual porque, según sostiene, el precio único es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes. El sector empresario también se pronunció: el CEO de ILHSA (Yenny/El Ateneo) advirtió que si se desregula todo, el negocio del libro en el país terminaría agonizando.
Mientras se aguarda por los cambios en Zonas Frías que aumentará las tarifas en la zona centro del país, el texto propone cambios en el mercado del gas licuado y petróleo. Elimina la posibilidad de que el Estado regule precios, márgenes o condiciones comerciales del gas envasado, es decir, libera completamente ese mercado, sensible por su uso en sectores de menores ingresos sin acceso a gas natural por red.
En otro segmento del proyecto propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el fin de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Este último es un organismo que recauda en base a un impuesto del 0,07% del valor de la res que pagan los productores y el 0,03% que aportan los frigoríficos por cada animal faenado. Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace junto con las principales cámaras frigoríficas firmaron un documento conjunto en rechazo al fin de los aportes obligatorios.
En su artículo 16 deroga el art. 6° de la ley que regula la profesión de traductor público. Ese artículo era el que exigía, en la práctica, la intervención de traductores públicos matriculados para ciertos trámites y contenidos como el doblaje/subtitulado, que tradicionalmente requería su certificación. En vez de exigir traducción certificada de manera general, deja que sea el Poder Ejecutivo quien determine, "con carácter excepcional", en qué trámites o documentos sigue siendo obligatoria la traducción al idioma nacional (por razones de complejidad técnica, seguridad jurídica o tratados internacionales).
En el marco del debate por la extranjerización de la tierra, este nuevo proyecto habilita a que la navegación de cabotaje nacional sea realizada tanto por buques de bandera argentina como por buques de bandera extranjera, punto que hoy está restringido. Deroga el Decreto-Ley 19.492/44 que era el marco histórico de reserva de cabotaje para buques nacionales. El capítulo de cabotaje apunta a abrir el mercado a buques de bandera extranjera (hoy fuertemente reservado a la marina mercante nacional) y a flexibilizar las reglas de contratación de tripulación, manteniendo pisos mínimos de nacionalidad pero con mecanismos de excepción amplios.
“Cada artículo de este paquete tienen nombre, apellido y número de CUIT”, advierten en la oposición además recuerdan que en su mayoría son temas “en los cuales se insiste ya que se cayeron en la ley bases y algunos en hojarasca”. El proyecto ingresaría por el Senado una vez que se retome la actividad en agosto.
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