La derecha avanza sobre el discurso público

Las denuncias contra Roberto Navarro son la punta de lanza de un nuevo avance del gobierno de los jueces mientras los discursos de odio apuntan al peronismo y la democracia.

18 de agosto, 2022 | 09.20

De la judicialización de la política a la judicialización de la palabra: las denuncias penales contra Roberto Navarro por haber advertido sobre el uso sistemático de discursos de odio por parte de la oposición, particularmente en un canal de televisión asociado a Mauricio Macri, ponen a la vista de todos la voracidad de la mafia que colonizó la derecha argentina a partir del desembarco del expresidente en las grandes ligas. Con la concurrencia de políticos, empresarios, figuras taquilleras y funcionarios judiciales, esta entente antiperonista ya no se conforma con encorsetar la capacidad de maniobra del gobierno, en particular, y del Estado en general. Ahora también busca condicionar, por la misma vía, el debate público. En el proceso, la democracia se degrada.

Hace doce años el Congreso eliminó las penas de prisión (aunque mantuvo las económicas) para calumnias e injurias. Lo hizo siguiendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel contra el Estado Argentino. El tribunal había considerado que la posibilidad de ir preso por los dichos de una persona significaba una amenaza a la libertad de expresión porque en los hechos podía funcionar como un mecanismo indirecto de censura previa. Las dos denuncias contra Navarro, en aparente sincronía, sugieren que se le impute el delito de “incitación pública a la violencia colectiva”, que contempla de cuatro a seis años de prisión con cumplimiento efectivo. Ignorando el espíritu de Kimel dejan un ominoso antecedente.

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Que no hubo incitación a la violencia es algo que puede corroborar cualquier observador bienintencionado que repase las palabras de Navarro. Lo que hizo fue pedir una mayor intervención del Estado para regular los discursos de odio sobre los que construye su sentido común la derecha a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes. No se trata de un invento suyo, ni de un fenómeno autóctono sino que es un problema global. La ONU reconoce la categoría de “discursos de odio”. Angela Merkel, antes de dejar su cargo, llegó a pedir al parlamento que se oponga “al discurso extremista” porque sin ese límite “la sociedad alemana no volverá a ser una sociedad libre”. Existen leyes en ese sentido en más de cuarenta países de todo el mundo.

En circunstancias normales, las presentaciones judiciales deberían ser desestimadas en pocas horas, en cuanto se compruebe fácilmente la inexistencia de delito. Comodoro Py, donde se radicaron las denuncias, es una anormalidad que le da sustancia a la amenaza. La Justicia Federal devenida en grupo de tareas. El sorteo cantó juzgados 5 y 8. Jueces María Eugenia Capuchetti (asidua visitante de la AFI macrista y protegida por Daniel Angelici) y Mariano Martínez de Giorgi (sobreseyó a Macri y a los camaristas Hornos y Borinsky por las visitas a Casa Rosada y la Quinta de Olivos). Fiscales: Carlos Rívolo (fiscal de Los Sauces y pivot de Stornelli en Cuadernos) y Gerardo Pollicita (impulsor de la denuncia de Alberto Nisman contra CFK).

Así, en esa trama de juzgados y estudios de televisión, se construye el mecanismo que primero legitima y luego ejecuta, paso a paso, la degradación de la política. Con la complicidad de buena parte del arco político y empresarial del país, el Poder Judicial toma para sí cada vez más atribuciones mientras obtura los mecanismos previstos para su control. En los últimos años los jueces se han dado la última palabra en cuestiones que tienen que ver con facultades ejecutivas, como las políticas sanitarias; legislativas, como la conformación del Consejo de la Magistratura; de organismos autónomos, como la asignación de dólares para importaciones; y hasta de consensos políticos fundacionales, como cuando avanzaron con el 2 por 1 a los genocidas.

Que el siguiente paso sea avanzar sobre el discurso público no puede sorprender. Se trata del mismo esquema de poder que conspiró con éxito para encarcelar a los dueños del principal canal opositor durante el gobierno de Macri sin despertar, en el acto, la preocupación de los paladines de la libertad de prensa. Las denuncias contra Navarro no apuntan solamente contra Navarro. Son un chantaje a todos los que no están dispuestos a aceptar lo que la derecha prepara para el país a partir del 2023. Si no le ponen un freno, la derecha seguirá interviniendo en decisiones que no le corresponden. Ayer, la sociedad de Enlace operó sobre la candidatura presidencial del Frente de Todos, descartando a Sergio Massa. En ese clima se renuevan los rumores de proscripción de CFK.

Mientras tanto, los discursos de odio siguen siendo un problema en la Argentina, aunque suelen darse en la dirección contraria, al igual que la enorme mayoría de los escraches y ataques físicos que se retroalimentan con los mismos canales, desde donde se invita sin tapujos a la eliminación del otro. “Yo tengo un sueño. Es imposible pensar en una Argentina con ustedes. Creo que vamos a una Argentina sin ustedes. Creo que vamos a una Argentina donde las van a pasar muy mal si Dios quiere”, dijo el conductor televisivo Baby Etchecopar. Su colega Alfredo Leuco, por su parte, pidió “fortalecer la Nación, con más libertad, con más igualdad, con más legalidad y sin kirchneristas”. Ninguno de los dos fue amenazado con la cárcel. 

¿Cómo olvidar que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, fue filmado diciendo “créame que si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría”? El radical Alfredo Cornejo habló de “eliminar” y el propio Macri de “erradicar” al populismo. Una más: “Si el Presidente Mauricio Macri pudiera, contrataría una nave espacial y mandaría a la luna a los cerca de 600 argentinos que, según él, son los verdaderos responsables de la eterna decadencia del país. Los conoce a casi todos por sus nombres y sus apellidos. Son los empresarios, sindicalistas, dueños de medios, fiscales y jueces que forman parte del ‘poder permanente’".

Eso lo escribió, sin ponerse colorado, uno de los denunciantes de Navarro, Luis Majul.

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