En el marco de la aprobación de la reforma laboral de Javier Milei disciplinaria para la movilización gremial, el Gobierno de Leandro Zdero presentó en Chaco un proyecto de ley que propone que los dirigentes sindicales del sector público ejerzan su representación sin percibir sus salarios durante el período de licencia sindical. La iniciativa ingresó este mismo jueves a la Legislatura provincial.
En un contexto de creciente malestar entre los trabajadores estatales por los incrementos salariales considerados insuficientes por distintos sectores, el proyecto oficial cuenta con altas probabilidades de ser aprobado en la Legislatura provincial, ya que al oficialismo le faltaría un solo voto para alcanzar la mayoría necesaria.
El proyecto fue presentado formalmente por el ministro de Gobierno, Julio Ferro, acompañado por los diputados oficialistas Iván Gyoker, Carlos Salóm y Adrián Zukiewicz. Según la propuesta presentada, se modificaría el artículo 48 de la Ley 645-A del Estatuto del Empleado Público y el inciso d del artículo 318 de la Ley 647-E del Estatuto Docente.
Ellos establecen que los dirigentes gremiales que resulten electos para cargos de conducción podrán acceder a una licencia automática para ejercer su función sindical, pero sin goce de haberes, manteniendo la reserva de su puesto laboral y el derecho a reincorporarse una vez finalizado el mandato.
El argumento del Gobierno
La iniciativa oficial argumenta que la medida permitiría disminuir el gasto público y destinar esos recursos a otros fines dentro de la administración provincial. Según el proyecto, la propuesta busca además reducir la conflictividad laboral y otorgar previsibilidad jurídica a las relaciones laborales dentro del sector público chaqueño.
El gobernador Zdero había anticipado la medida durante la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. En ese discurso, el mandatario cuestionó que las licencias gremiales con sueldo sean financiadas por el Estado provincial y sostuvo que esa situación representa una carga para el conjunto de los contribuyentes chaqueños.
El texto legislativo toma como referencia la Ley Nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales, sancionada en 1988, que contempla la posibilidad de que los trabajadores que ocupen cargos sindicales accedan a licencias sin goce de haberes mientras desempeñan funciones gremiales. El proyecto también menciona el principio de autonomía sindical, que establece que las organizaciones gremiales no deben recibir financiamiento directo de los empleadores.
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La propuesta aclara que los dirigentes que actualmente se encuentran con licencia gremial con goce de haberes mantendrán ese beneficio hasta la finalización de sus mandatos. Sin embargo, cualquier renovación o extensión posterior de esas licencias se otorgará sin salario. El proyecto tampoco detalla cómo se sostendrán económicamente los dirigentes sindicales durante el ejercicio de su función, aunque desde el oficialismo plantearon que esa responsabilidad debería recaer en las propias organizaciones gremiales.
Un clima de conflicto en la provincia por los sueldos magros
El proyecto se da en un contexto complicado, ya que el último aumento salarial anunciado por el gobierno provincial estableció incrementos del 3% para docentes y personal policial en febrero, un 3% para los empleados del escalafón general en marzo y un 2% adicional para todos los sectores en abril. Diversos sindicatos consideraron insuficientes esas subas frente al contexto económico actual.
Entre los sectores más afectados por la política salarial se encuentran los docentes y los trabajadores del Ministerio de Producción. Los educadores dejaron de percibir la denominada cláusula gatillo (el mecanismo de actualización salarial vinculado a la inflación) cuyo último pago correspondió al trimestre abril-mayo-junio de 2025.
Por su parte, los empleados de Producción denunciaron la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), que representaba una porción significativa de sus ingresos. Distintos sectores anticiparon que, en caso de sancionarse, la norma podría enfrentar cuestionamientos judiciales por parte de las organizaciones sindicales.
Los gremios sostienen que una regulación que limite las condiciones materiales necesarias para ejercer la representación sindical podría vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza a los representantes gremiales las condiciones necesarias para el cumplimiento de su función. En la misma línea, la Constitución de la provincia del Chaco establece que una ley provincial debe asegurar el ejercicio pleno y sin trabas de la actividad sindical. Por ese motivo, advierten que la eventual sanción de la norma podría derivar en una disputa judicial sobre su constitucionalidad.
