Pullaro presentó una reforma procesal penal “a lo Bukele” y llovieron las críticas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la legislatura provincial un paquete de reformas procesales en materia penal que consolidan su perfil ‘a lo Bukele’ en cuanto a derechos y garantías constitucionales y le otorgan más herramientas a la policía santafesina para que actúe sin tutela judicial. Entre los puntos más controversiales, se destacan la posibilidad de realizar interrogatorios policiales sin la presencia de un abogado defensor, la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la incorporación como válidas de pruebas obtenidas de manera ilegal, y la instalación de mecanismos de espionaje electrónico.

En diálogo con El Destape, el Dr. José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, cuestionó con dureza el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial: “Nosotros consideramos que es un retroceso en las políticas de persecución penal o, por lo menos, en las reglas de enjuiciamiento vigentes en la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos un código procesal moderno, que es del 2014 y que viene funcionando de buena manera. Es sumamente peligroso porque deja en manos de todo un aparato estatal el derecho a las garantías constitucionales que tanto costó construir”. 

Allanamientos sin orden judicial y declaraciones sin abogados 

Uno de los puntos más sensibles del debate es la ampliación de las excepciones para la realización de allanamientos sin orden judicial. Actualmente, el ingreso a una vivienda solo puede hacerse con orden de un juez, salvo situaciones excepcionales ya contempladas por la ley como la persecución de un sospechoso, o frente a pedidos de auxilio cuando se registran gritos desde el interior de una vivienda. La iniciativa de Pullaro, en cambio, admite intervenciones de las fuerzas de seguridad por motivos menores. 

“Acá lo que se pretende es establecer un catálogo de excepciones que desvirtúan absolutamente la orden judicial y facultan al personal policial o a los investigadores a ingresar en una vivienda por cuestiones mínimas. Hay otros mecanismos, hoy los fiscales trabajan muy rápido frente a la urgencia y se obtienen órdenes de allanamiento que se envían por WhatsApp. Por eso vemos sumamente peligroso que se deje librado a la decisión de un policía la posibilidad de ingresar a un domicilio particular a los efectos de buscar un arma de fuego”, señaló Nanni. 

Además, criticó especialmente el regreso de las declaraciones policiales sin la presencia de un abogado defensor. “En su momento, el viejo código procesal penal de la provincia admitía esta forma de tomar declaración, hoy se sacó porque es sinónimo de abuso policial, de corrupción, y generaba numerosos vicios en el arranque del procedimiento que terminaban en la anulación de las causas por estas cuestiones. Por algo se sacaron esas declaraciones y hoy las estamos metiendo por la ventana como si nada”, aseguró. 

En cuanto a la posibilidad de incorporar a los procesos judiciales pruebas obtenidas de manera irregular, el abogado penalista puso como ejemplo las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes, algo muy común en Santa Fe. De esa forma se puede obtener información para otras causas a través del secuestro temporal de un teléfono celular, pese a que la persona retenida no haya cometido ningún ilícito. También alertó sobre la obtención de datos a través de “apremios ilegales” por parte de las fuerzas de seguridad: “Todas estas cuestiones ya se discutieron hace 40 años”.

Espionaje digital y estado de excepción 

Otro de los aspectos cuestionados por Nanni es la incorporación de mecanismos de inteligencia preventiva y espionaje digital. Según explicó, uno de los artículos habilita al Estado a realizar tareas de vigilancia sobre comunicaciones y redes sociales sin la existencia de un hecho concreto previo. “El Estado sospecha que una persona pertenece a una organización delictiva y podría hacer espionaje digital sobre sus redes sociales y sus comunicaciones”. Aunque el alcance técnico de la norma todavía no está claro, advirtió que “la ley es extremadamente amplia” y abre la puerta a mecanismos de vigilancia incompatibles con el sistema constitucional vigente.

Por otra parte, manifestó que el proyecto impulsado por Pullaro instala una lógica de “estado de excepción” permanente bajo el argumento de combatir a las organizaciones criminales. “Cuando el Estado pelea contra el enemigo, el fin justifica los medios”, sostuvo el penalista, y alertó sobre el riesgo de construir un enemigo “abstracto” que termine habilitando prácticas autoritarias. “Hoy el enemigo son las organizaciones delictivas, pero cuando el Estado persigue un objetivo abstracto sin individualizar y sin hacer política criminal frente a un hecho concreto, en el medio caemos todos”, afirmó. 

Mientras la iniciativa comienza a debatirse en la Legislatura santafesina, distintos sectores del ámbito judicial y académico manifestaron reparos sobre una reforma que amplía la capacidad de intervención del Estado sobre la intimidad, la propiedad y las comunicaciones privadas de la ciudadanía. 

Desde el Colegio de Abogados de Rosario, señalaron que el proyecto “en los términos en que ha sido presentado, contiene disposiciones que importan un serio retroceso en materia de garantías constitucionales”. También el Colegio de Abogados de Santa Fe se expresó en el mismo sentido: “Varias de sus disposiciones resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.