El Poder Judicial de Corrientes atraviesa un clima de creciente tensión por la falta de definiciones del gobierno provincial sobre el pago de un aumento salarial pendiente del 6%. La demora en la liquidación ya genera malestar entre los trabajadores judiciales, que no descartan avanzar con medidas de fuerza ante la falta de respuestas oficiales, según indicaron a Corrientes Hoy.
El conflicto se originó a partir de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que a mediados de febrero dispuso un incremento del 12% para empleados y funcionarios judiciales, a aplicarse en dos tramos. Mientras el primero, correspondiente a marzo, fue abonado, el segundo, previsto para los haberes de abril, aún no fue confirmado, lo que dejó el aumento incompleto y abrió el frente de conflicto.
En este escenario, el eje de la disputa se trasladó al plano político. Desde el Ejecutivo provincial, encabezado por Gustavo Valdés, surgieron objeciones al pago del tramo restante. El ministro de Hacienda, Héctor Grachot, advirtió que la medida tendría un fuerte impacto fiscal, con un costo estimado de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, argumento que fue utilizado para poner en duda su implementación.
Esta postura generó malestar en el ámbito judicial. Desde el sindicato de trabajadores reclaman el cumplimiento de la acordada y exigen que el incremento sea liquidado sin demoras, tal como estaba previsto.
Ante la falta de respuestas concretas, crece la posibilidad de un conflicto gremial. En los pasillos del Poder Judicial no descartan la implementación de medidas de fuerza, incluyendo paros, en caso de que el aumento no se haga efectivo en los próximos días.
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La crisis económica de Valdés en Corrientes
A este escenario de tensión en el Poder Judicial se suma la crisis en el ámbito municipal. Al 16 de abril, trabajadores de la localidad de Guaravarí continúan sin percibir sus salarios y, en su lugar, reciben “vales de comida”. La situación, que incluye denuncias de al menos 30 despidos y una comuna en crisis financiera, expone un cuadro de deterioro que trasciende un caso aislado.
El conflicto adquiere dimensión política al contrastar con el discurso oficial. Mientras Juan Pablo Valdés aseguró que su hermano, el gobernador Gustavo Valdés, “deja la vara alta”, “sin deuda” y con un “manejo responsable de las finanzas”, la situación en los municipios comienza a poner en duda ese relato.
En ese sentido, desde sectores sindicales advierten un “efecto dominó” que impacta en distintas localidades. El secretario general de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, señaló en diálogo con El Destape que el gobernador “acompañó todas las leyes del presidente Javier Milei con promesas de Papá Noel sobre la coparticipación y hoy el resultado de esas negociaciones se ve en los municipios”, en referencia a la falta de recursos y el deterioro de las condiciones laborales.
Este sistema de cuasi-moneda local es la evidencia de una quiebra técnica que el oficialismo no puede ocultar. Mientras desde la Capital se pregona una estabilidad ejemplar, el municipio que gobierna el intendente aliado Tomás Méndez Ribeiro otorga papeles para canjear por alimentos básicos, como arroz o fideos, eliminando el derecho del trabajador de disponer de su salario. Rubiola señaló que al intendente "no le alcanza para pagar con lo que le llega de coparticipación".
Si un intendente de Vamos Corrientes puede pagar con "papelitos" y condenar a muchas familias sin que el Gobierno Provincial intervenga, el mensaje para el resto es claro: el ajuste se profundiza y el vale de comida es la nueva normalidad. Frente a la falta de respuestas, el representante de ATE aseguró que desde el gremio realizaron "las presentaciones necesarias" para ir a la localidad y "defender a los trabajadores". "No hay tiempo, no le podemos dar más tiempo porque más tiempo para ellos es más aflicción para nosotros", lanzó sobre las excusas del mandatario radical.
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