En Tokio, el parlamento discute cómo cerrar una puerta que Japón nunca antes había considerado peligrosa: la compra irrestricta de tierra por parte de extranjeros, sin residencia ni visa, con los mismos derechos que un ciudadano local. Durante décadas fue una rareza jurídica sin consecuencias. Dejó de serlo cuando el catastro mostró que terrenos cercanos a bases militares, fuentes de agua y costas estratégicas habían sido adquiridos de forma sistemática por inversores extranjeros, en su mayoría chinos. Un relevamiento oficial documentó que entre 2010 y 2021 se vendieron a compradores foráneos casi 2.400 hectáreas, con Hokkaido -próxima a Rusia y a las rutas del Pacífico norte- concentrando casi la mitad de esas operaciones. Tras el hallazgo, el gobierno japonés decidió avanzar, entre contradicciones y demoras, hacia licencias previas y un registro público de propiedad extranjera. Parece lógico: cuando la tierra linda con la soberanía, ni el paradigma de la economía más abierta del mundo está dispuesto a regalarse.
Argentina, sin embargo, va en camino contrario. En sentido literal. Aunque cercenada, la ley que el Ejecutivo envió al Congreso abrió una discusión sobre los límites a la extranjerización del territorio nacional. Más por torpeza propia que por mérito ajeno, el gobierno de Javier Milei perdió esa batalla legislativa. Pero se mostró dispuesto a mantenerse en guerra, sobre todo en la calle, donde desplegó una escalada represiva feroz contra la población unida por el espanto.
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Desarma y sangra
La madrugada del viernes, tras una sesión maratónica, el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El resultado, 37 votos contra 33, expresó una derrota parcial: el oficialismo tuvo que resignar dos capítulos completos antes de llegar al recinto y otro apenas un minuto antes de la votación. El texto que facilitaba la extranjerización de la tierra cayó por falta de apoyo entre los propios aliados, y sobre la hora cayó también el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego para permitir un cambio más rápido de uso en terrenos incendiados.
Aun así lo que sobrevivió no es menor. El proyecto habilita desalojos por la vía sumarísima, la más expeditiva del sistema procesal, y reduce a diez días corridos el plazo para que un inquilino regularice una deuda antes de enfrentar la acción judicial de desalojo. El senador Mariano Recalde lo resumió con precisión quirúrgica: el texto incluye en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato, apenas por atrasarse en el pago del alquiler, en un país donde buena parte de la población no llega a fin de mes. También restringe con dureza las expropiaciones: exige interpretación restrictiva de la utilidad pública, limita el lucro cesante al treinta por ciento del daño emergente y fija que el valor del bien se calcule antes de cualquier anuncio oficial que pudiera alterar el precio. Es, en los hechos, un blindaje legal a favor de las privatizaciones y propiedad concentrada, y en contra de la capacidad del Estado para intervenir sobre ellas.
El paisaje afuera del recinto contradijo cualquier épica de la modernización. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal contra autoridades políticas y a policías de la Ciudad y agentes federales por una represión que calificó entre las más crueles de los últimos meses: más de mil quinientos heridos, cien granadas de gas lanzadas, cuarenta personas alcanzadas por postas de goma y veintiocho detenciones. Una fotorreportera resultó herida de gravedad tras un disparo policial en la esquina de Lima y Avenida de Mayo, un episodio que remitió a lo sucedido con el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados de marzo de 2025. Tanto entonces como ahora, el despliegue represivo buscó objetivos que multipliquen el efecto disciplinador del terror.
El gobierno respondió con una contradenuncia por atentado al orden constitucional, en un intento de criminalizar la protesta que, según advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales, repite un patrón: cada vez que hay una discusión central en el Congreso y un rechazo social contundente, aparece una represión desbordada.
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La amenaza del embajador
Mientras el Senado convertía la propiedad privada en bandera política, la embajada de Estados Unidos escalaba su gestión intervencionista, esta vez, sobre una cooperativa eléctrica de Neuquén. El embajador Peter Lamelas envió una carta al presidente de CALF, Marcelo Severini, en la que acusa a la empresa china Huawei de responder al Partido Comunista Chino y exige que la cooperativa cancele el contrato de fibra óptica que mantiene con esa firma. La misiva no se detiene en la advertencia diplomática: ratifica la posibilidad de retirar visas o impedir el ingreso a Estados Unidos a los directivos de CALF si no dan marcha atrás, y pide además conocer con detalle las compras tecnológicas que la cooperativa planifica para el futuro. Es decir, exige terminar un contrato vigente y, al mismo tiempo, conocer de antemano decisiones comerciales que todavía no se tomaron.
CALF respondió con una carta en la que acepta reunirse con la embajada pero exige pruebas concretas del vínculo que Lamelas atribuye a Huawei con el gobierno chino. "Si esa información existe, la Cooperativa tiene derecho a conocerla", planteó la entidad, y advirtió que de lo contrario se estaría pidiendo a una cooperativa argentina que revierta una decisión de sus propios órganos de gobierno sin un solo fundamento verificable. China respondió por su lado acusando a Washington de chantaje de visados. En el medio queda una cooperativa que presta el servicio eléctrico de Neuquén desde 1933 y que ahora se convierte en rehén de una disputa geopolítica que excede, por completo, su capacidad de decisión.
La amenaza de Lamelas no es un hecho aislado. El propio embajador escribió en redes que se trata de una cuestión de seguridad nacional tanto para Estados Unidos como para Argentina y para las empresas que invierten en Vaca Muerta, y ofreció ayuda para identificar proveedores "confiables". Un discurso similar escuchó el canciller Pablo Quirno hace dos semanas en Washington, durante la exótica “cumbre antiterrorismo de izquierda” convocada por el Departamento de Estado. En ese encuentro, Marco Rubio expuso ante una docena de cancilleres continentales el discurso que se replicó esta semana en Buenos Aires cuando el FBI difundió el encuentro entre su codirector adjunto, Andrew Bailey, el propio Lamelas y autoridades de la SIDE y del Centro Nacional Antiterrorista, organismo creado el año pasado bajo el paraguas de la inteligencia argentina.
La Vaca atada
La suma de presión comercial, amenaza migratoria y cooperación de inteligencia dibuja un mapa donde la soberanía tecnológica de una cuenca estratégica como Vaca Muerta queda supeditada a Washington, sin un marco regulatorio propio que discuta con autonomía qué proveedores conviene incorporar.
Las consecuencias del injerencismo se sienten en el territorio con demandas comerciales cada vez más agresivas. Halliburton, la petrolera de capitales estadounidenses dedicada a la perforación de pozos no convencionales, pidió a sus proveedores locales una rebaja de hasta el veintitrés por ciento sobre los contratos vigentes entre agosto y diciembre. El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa calificó la medida como una calamidad y advirtió que pone en riesgo tanto a las pymes regionales como al empleo. Marcelo Rucci, secretario general del gremio, fue directo: una compañía que factura más de quinientos millones de dólares por trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados resuelva su propio problema de competitividad.
La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo se sumó al reclamo y pidió una mesa de diálogo, con el temor de que la rebaja de Halliburton se replique en otras operadoras de la cuenca. Relevamientos del sector industrial petrolero vienen registrando que alrededor del dieciséis por ciento de las pymes proveedoras despidió personal en los últimos períodos, en un contexto de alta capacidad ociosa y costos en dólares que erosionan cualquier margen. El contraste es elocuente: Vaca Muerta bate récords de producción mientras la cadena de pymes que la sostiene en el territorio absorbe el ajuste de las corporaciones que operan con escala global.
Un hilo rojo conecta el debate sobre la tierra, la represión en el Congreso, la presión diplomática sobre CALF y el ajuste sobre las pymes de Vaca Muerta: son aristas del modelo de gestión de la soberanía que entrega decisiones estratégicas -sobre la tierra, la infraestructura de datos, los proveedores tecnológicos, el reparto de la renta petrolera- a actores externos o a corporaciones concentradas, mientras reprime en la calle a quienes de verdad resisten el reparto y complican el plan de enajenación total.