Un escándalo político y judicial golpea a un intendente de la UCR y aliado del gobernador Leandro Zdero quién fue denunciado por malversación de fondos públicos. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias realizadas con recursos de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y responsabilizan a Bruno Cipolini.
La Justicia federal analizó movimientos efectuados a través de la Bolsa de Comercio de Chaco, donde se habrían registrado pérdidas estimadas en unos $ 8.000 millones. De ese monto, alrededor de $ 1.800 millones corresponderían a inversiones realizadas por la intendencia de Sáenz Peña en activos de riesgo, una práctica que estaría prohibida por la normativa vigente para los gobiernos municipales.
"El bloque justicialista pedirá el apartamiento del intendente", aseguró el exministro de Hacienda y actual diputado provincial por el Frente del Chaco, Santiago Pérez Pons, en el diálogo con El Destape, quien además es el que impulsa la presentación judicial. En esa línea, aseguró: "Lo más grave no es la inversión riesgosa, sin garantías, sino que ellos mismos cobran comisiones. Mientras más ponían, más plata les llegaba. Fueron tan desprolijos e impunes que las cobraban en su cuenta particular".
El caso también impacta en la gestión del gobernador Zdero, ya que Cipolini es uno de sus aliados más importantes en el interior provincial. Según trascendió, el mandatario decidió no asistir recientemente al aniversario de la ciudad para evitar una exposición pública junto al intendente mientras avanza la investigación judicial.
El diputado destacó que "está la factura y está la autorización del intendente", y explicó que la maniobra era realizada desde "agosto del 2023, por eso no pueden reconocer que no lo hacían". Finalmente, Pons lamentó que "lo que se perdió en total equivale a la gestión de un mes de administración del municipio".
El caso tomó mayor dimensión luego de la salida del gabinete municipal del exsecretario de Gobierno Diego Landriscina, considerado uno de los funcionarios más cercanos al jefe comunal. Landriscina tenía a su cargo el manejo de las inversiones del municipio y, según la denuncia, también actuaba como bróker dentro de la Bolsa de Comercio. Esa doble función lo habría colocado en ambos lados de las operaciones financieras y le habría permitido percibir cerca de 15 millones de pesos en comisiones.
Con los ojos en Chaco
Pons, sostuvo que el municipio invirtió recursos públicos en instrumentos financieros que superaban el perfil conservador permitido para las administraciones locales. De acuerdo con la documentación presentada, el intendente Cipolini habría firmado la apertura de la cuenta de inversión, autorizado a Landriscina a operar en el mercado bursátil y aprobado el cambio de perfil inversor que habilitó esas operaciones.
Ante la magnitud del caso, el propio Cipolini presentó una denuncia contra la Bolsa de Comercio de Chaco por el perjuicio económico que habrían sufrido las arcas municipales. Sin embargo, desde la entidad financiera respondieron que las operaciones se realizaron con autorización formal de la intendencia y que el manejo de los fondos fue delegado al entonces secretario de Gobierno.
Los antecedentes
El escándalo genera fuerte repercusión política en la provincia de Chaco, ya que Sáenz Peña constituye el segundo distrito más importante del territorio provincial y uno de los principales bastiones históricos del radicalismo. En el ámbito político chaqueño suelen describir a esa ciudad como el equivalente de La Matanza para la UCR, debido a su peso electoral.
La causa continúa en etapa de análisis y podría derivar en nuevas medidas judiciales si se comprueba que los recursos públicos fueron utilizados en operaciones financieras que no se ajustaban a la normativa vigente para la administración de fondos municipales.
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