La Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación embargar el sueldo del senador Bartolomé Abdala, referente de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta. Es por una deuda impositiva de $45 millones. El Senado deberá retener parte de sus haberes hasta cancelar el monto, mientras el legislador denuncia persecución política del gobernador Claudio Poggi.
La medida fue dictada por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, quien fundamentó la resolución en el incumplimiento del pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales. El oficio judicial ingresó formalmente a la mesa de entradas del Senado el último viernes, obligando a la institución a retener un porcentaje de la dieta del legislador.
Abdala percibe actualmente alrededor de $11 millones mensuales, cifra sobre la cual se aplicará la retención hasta cubrir la deuda de $45 millones. Tras conocerse la decisión, el senador calificó la medida como una “persecución política” impulsada por el gobernador Claudio Poggi. “Es una maniobra de hostigamiento vinculada a mis aspiraciones electorales”, sostuvo Abdala, quien ya se perfila como precandidato a la gobernación en 2027.
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El legislador comparó la política fiscal actual con la de los Rodríguez Saá, acusando a Poggi de aplicar métodos similares para presionar a la oposición. En su última declaración jurada, Abdala declaró bienes por $197 millones, lo que refuerza la polémica sobre su capacidad contributiva.
Cruces con Abdala
Desde el Gobierno provincial, la directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó las acusaciones de persecución y defendió la política tributaria vigente. “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, afirmó la funcionaria.
Capiello subrayó que los contribuyentes de menores recursos suelen ser los más cumplidores, mientras que sectores con alto poder económico son los que más evaden. En paralelo, Abdala utilizó sus redes sociales para insistir en que “no lo van a callar”, reforzando su discurso de víctima de persecución. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, deberá ejecutar la orden judicial, lo que coloca a la Cámara alta en el centro de un conflicto institucional.
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