El anunciado plan de represión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó una respuesta uniforme de diferentes sectores de la sociedad. Una multisectorial que rechazó de manera contundente conformada por organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos políticos y organismos de Derechos Humanos. Además, ya hay alerta en Amnistía Internacional y entidades del exterior.
Mientras el ministro de Economía que anunció el híperajuste, Luis Caputo, afirmaba que "la gente está muy contenta", el gobierno de Javier Milei lanzaba el "Protocolo para el mantenimiento del orden público".
Este protocolo no será usado para disuadir a quienes salgan a festejar a un gobierno que entusiasma sino que tendrá un objetivo claro: reprimir la protesta social ante tamaño ajuste que pulveriza los ingresos y es pagado sobre todo por trabajadores activos y pasivos. En criollo: laburantes y jubilados.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en números del Ministerio de Caputo concluyó que el 67% del ajuste lo pagarán los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES. El cuadro de arriba lo muestra con claridad.
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La idea de Bullrich es contener a palazos y disparos lo que se viene. Este ajuste no cierra sin represión. En el final del día jueves se dio a conocer que la reprimenda será solo a protestas contra el gobierno nacional. El resto puede ocupar la calle, como ya lo hizo la ministra en plena cuarentena por el Covid-19.
El protocolo represor activó una serie de movimientos en todos los sectores. El martes a las 16 horas en Diputados habrá una audiencia pública para rechazar el anuncio de Bullrich. Estarán presentes desde el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hasta la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. Serán secundados por legisladores de la izquierda y sindicalistas.
El miércoles habrá una marcha a Plaza de Mayo, la primera grande contra Javier Milei, de cara a la Casa Rosada. Es por el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 contra el gobierno de Fernando De la Rúa que Bullrich integraba, como ministra de Trabajo. La lidera el Polo Obrero.
Su referente, Eduardo Belliboni, dijo que se esperan 50 mil personas. "Son amenazas contra una población que inevitablemente va a protestar en rechazo la barbarie económica contra los que menos tienen", afirmó a El Destape. Bullrich le respondió provocativa: "Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda".
Los organismos de Derechos Humanos también salieron a rechazar a Bullrich de manera uniforme. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró que "hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes" y que "pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales".
Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado explicó que "no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales para los ciudadanos y ciudadanas que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno".
Para la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), este protocolo es "la imposición de un Estado de excepción con suspensión de derechos y garantías". Para esta organización, "se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia".
Los movimientos sociales fueron durísimos contra la ministra. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, expresó: "No me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática". Estos movimientos están tendiendo puentes con otros sectores. "Vamos a ver cómo va madurando todo", afirmaron desde ese lado a este portal.
El anuncio de Bullrich ya genera eco en el exterior. Por su parte, Amnistía Internacional se encuentra evaluando el protocolo de la ministra y, según supo El Destape, en los próximos días publicará un análisis e informe en rechazo a la situación.
También se expidió desde Bruselas, Bélgica, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA). "Otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales", afirmaron en un comunicado en conjunto.
El escrito de la CSI y la CSA fue motorizado por un sector de la CGT y las dos CTA. Exhortaron en el mensaje al gobierno argentino "a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras". Y pidieron a otros países: "Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina".
Este viernes se reunieron en la Federación Gráfica Bonaerense integrantes de la Corrientes Sindical Federal, movimientos sociales, la CGT y empresarios del campo popular. Una de las temáticas inevitables fue el anuncio de Bullrich. Habrá más encuentros durante las próximas semanas entre estos actores.
A nivel sindical, desde la CGT y la CTA prometieron "no quedarse de brazos cruzados". Aunque advierten que "no vamos a dar una provocación". Una fuente sindical contó a El Destape: "Vamos a salir cuando nosotros decidamos que hay que salir". Durante el viernes, la central obrera lanzó un comunicado donde asegura que "la Constitución Nacional es el único garante del Estado de derecho" y sostiene que el protocolo es interpretado como "una estrategia para criminalizar la protesta social" vulnerando el ejercicio del derecho constitucional de la libertad, tanto de expresión como la sindical.
Por otro lado remarcan que el clima social "requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas" y que las y los trabajadores "siempre hemos sido los primeros en respetar la ley" sabiendo que es "la mejor garantía" para que los derechos sean respetados. Por último, sentencian que la democracia se consolida "con justicia social, más dialogo, democracia y paz social".
Bullrich pasó toda la campaña como candidata presidencial prometiendo que iba a meter preso al cosecretario general de la CGT Pablo Moyano. Perdió. Pero ahora es la ministra que va a reprimir a los trabajadores y gremialistas. Un amigo de Moyano e integrante de la central obrera reflexionó ante este portal: "La palabra de la ministra esta no lo va a asustar a Pablo. No nos van a asustar a ninguno. Vamos a estar al lado de él", prometió.
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