Desde que Javier Milei desginó a Juan Bautista Mahiques como ministro de justicia, el reacomodamiento de las piezas que integran el sistema judicial sigue en marcha. En este contexto, escala la tensión entre el Gobierno y el procurador interno Eduardo Casal.
En un hecho poco usual, el jefe de los fiscales y su equipo acudieron al Congreso y ante los diputados y senadores reclamaron por el nivel de ajuste presupuestario y de personal de la gestión libertaria, renovaron la resistencia a la implementación del sistema acusatorio y le reclamaron un DNU al Presidente por el conflicto interjurisdiccional entre los poderes judiciales de Nación y Capital Federal desatados por un fallo de la Corte Suprema.
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Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal en manos del peronismo, se informó que el presupuesto está muy por debajo de la inflación con una pérdida del poder adquisitivo del 47% en los últimos dos años. Los datos aportados por el equipo de Casal especificaron una caída del 44,7% en 2024 y del 20,3% en 2025. "Esto tiene impacto sobre la administración de justicia; obviamente que somos conscientes de eso. Hemos efectuado reiterados reclamos ante el ministerio de Justicia. Tenemos buena predisposición, tratamos de adecuarnos y hacer nuestro máximo esfuerzo", resumió Casal al finalizar la exposición de su equipo técnico.
“El presupuesto creció muy por debajo de la inflación. En dos años la pérdida del poder adquisitivo fue del 47%. Esto es el valor lineal y se incrementa cuando uno entiende que el cambio al sistema acusatorio requiere recursos distintos, No solo no deberíamos estar abajo sino que deberíamos estar arriba además en términos de recursos humanos y edilicios”, explicó el secretario de coordinación institucional de la procuración, Juan Manuel Olima Espel.
Los representantes marcaron la contradicción en medio del traspaso al sistema acusatorio que impulsa el gobierno libertario. “Esta pérdida es en línea directa con el presupuesto que veníamos recibiendo, el sistema acusatorio implica un refuerzo de presupuesto porque requiere esfuerzo tecnológico y de personal multidisciplinario”, completó Olima. Indicaron que se necesita ahora una mayor cantidad de recursos que con el sistema anterior. Si en el corto plazo todas las investigaciones quedarán en manos de los fiscales, van a requerir más personal, presupuesto y tecnología. Es lo que reclamaron en el Congreso frente al disgusto de los diputados y senadores libertarios.
Además reclamaron por más personal. "Nosotros arrancamos perdiendo 2 o 3 a cero. Si se tiene en cuenta la cantidad de jueces en relación con los fiscales, en el ámbito federal son 380 jueces y 222 fiscales, tenemos un porcentaje alto de diferencia. El Poder Judicial tiene 9300 empleados y en el Ministerio Público somos 2.500. O sea, en promedio tenemos una asimetría 3 a 1 o 4 a 1 en cantidad de gente", reclamó el secretario Técnico Juan Manuel Casanovas quien reiteró que así se dificulta lograr un rápido funcionamiento de la Justicia. “Nosotros permanentemente pedimos el refuerzo presupuestario y que haya un traspaso de personal de los juzgados a las fiscalías. Si los juzgados no van a investigar más, deberían pasar a la fiscalía”, se explayó.
Los reclamos se dan en medio de la cada vez más explícita disputa del ministro de Justicia, quien aspira a convertirse en el sucesor de Casal pero con el acuerdo del Senado. Los secretarios del procurador interino detallaron que los reclamos presupuestarios se hicieron ante esa cartera del Ejecutivo y que, si bien hay buena predisposición, los fondos no aparecen. El jefe de los fiscales contrastó la situación y ejemplificó con las gestiones en 2019 y la del antecesor de Mahiques, Mariano Cúneo Libarona, como casos de buen vínculo con el Gobierno. Desde La Libertad Avanza no ocultan la tensión y buscan lograr los votos necesarios en la bicameral para rechazar el ejercicio presupuestario del año pasado. “No estaba en el temario pero igual no tienen los votos”, remarcó un legislador al tanto de la movida libertaria. Por ahora tampoco se contempla incorporar la votación en el próximo encuentro de la bicameral, previsto para Agosto.
Casal además contó que en mayo solicitó a Milei que emita un DNU para ordenar las transferencias de competencias de la justicia nacional a la porteña. “Solicitamos en mayo el dictado de un DNU que nos de cobertura y nos habilite a intervenir en las causas de justicia nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias de Nación a Ciudad. La situación de emergencia está”, reclamó el procurador.
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