Con el Ministerio del Interior disuelto, el Gobierno definió que los fondos discrecionales que se distribuyen entre las provincias -los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)- quedarán bajo la órbita del vicejefe de Gabinete de Interior, Gustavo Coria, un funcionario de máxima confianza del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La dupla Santilli-Coria pasará así a manejar una herramienta clave para negociar con los gobernadores dialoguistas, a quienes la Casa Rosada busca convencer de respaldar los proyectos que envió al Congreso, empezando por la reforma electoral. Los mandatarios provinciales suelen quejarse de que las promesas oficiales nunca se concretan y de que los ministros con los que negocian carecen de poder de decisión. La resolución publicada este martes, que define las atribuciones de Coria, apunta justamente a revertir esa situación.
Los ATN están destinados, en teoría, a "atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales". En la práctica, históricamente se utilizaron para asistir a las provincias oficialistas o aliadas y relegar a las administraciones no alineadas. Durante el gobierno de Javier Milei, tanto las transferencias automáticas, a través de la Coparticipación Federal, como las no automáticas registraron una sostenida caída en términos reales. Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias no automáticas alcanzaron en junio de 2026 los 48.300 millones de pesos, una caída real del 87,7% interanual que convirtió a ese mes en el peor junio para las provincias desde 2005.
Santilli les prometió a los gobernadores que esa situación cambiará y que los compromisos asumidos por la Casa Rosada dejarán de desvanecerse en el aire. El jefe de Gabinete asumió el cargo con 13 mandatarios provinciales ubicados en la platea especialmente montada para ellos en el Salón Blanco, una postal que volvió a repetirse durante el acto por el 9 de Julio en Tucumán. "Va a haber mucha plata y de contado", anticipaban en la Casa Rosada para describir las características del nuevo vínculo que buscan construir con los gobernadores dialoguistas. Semanas atrás, el Gobierno ya había facilitado líneas de financiamiento a las administraciones de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, que atravesaban dificultades para afrontar el pago de salarios y del medio aguinaldo. Pero la señal más contundente fue el anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El decreto precisó que la asistencia busca ayudar a la provincia a superar "dificultades financieras transitorias" y estableció que el desembolso multimillonario se realizará en función de la capacidad de repago de Córdoba, medida por su participación en la recaudación de tributos nacionales. El gobernador Martín Llaryora mantuvo una relación oscilante con el gobierno libertario, pero ocupó un lugar destacado entre los asistentes a la jura de Santilli. El peronismo cordobés, que desde hace tiempo impulsa sin éxito la construcción de una alternativa de centro, todavía evita definir su alineamiento de cara a las presidenciales de 2027.
Las urgencias financieras de los gobernadores se conjugan con las necesidades políticas de la Casa Rosada, una negociación que quedó en manos de Santilli. Los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reducción del subsidio de Zonas Frías, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de la Ley de Salud Mental y, sobre todo, la reforma política son las iniciativas que el Gobierno pretende acelerar en el Congreso. Esta última, cuyo eje es la eliminación de las PASO, es considerada en el oficialismo una pieza central de la estrategia para la reelección de Javier Milei.
Con las encuestas mostrando niveles de rechazo superiores al 50%, en la Casa Rosada apuestan a un triunfo en primera vuelta. Para eso necesitan consolidar el caudal de votos que habitualmente reúne una derecha unificada y, al mismo tiempo, favorecer una competencia del peronismo dividido en dos listas, un escenario que consideran más probable sin las PASO como mecanismo de ordenamiento interno. Santilli se fijó como objetivo aprobar la reforma durante agosto y, para esa negociación, ya cuenta con una de las herramientas que sirven para convencer voluntades.
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