En un fallo que marca un límite contundente a la política de despidos indiscriminados del gobierno de Javier Milei, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó la reinstalación inmediata de un trabajador que padece VIH en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El agente había sido cesanteado en marzo de 2025 bajo la retórica oficialista de buscar una supuesta "eficiencia y transparencia" en la gestión pública, un argumento que la Justicia acaba de demoler al considerar que el despido fue un acto flagrante de discriminación.
Esta decisión no solo repara una injusticia individual, sino que establece un precedente fundamental para la protección laboral y la defensa de los derechos humanos dentro de la administración pública argentina en tiempos de ajuste indiscriminado.
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Gallegos Fedriani y Treacy, revoca un fallo de primera instancia y subraya que el cese de una persona que vive con VIH configura una vulneración que debe ser reparada con urgencia mediante una medida cautelar.
MÁS INFO
Para el tribunal, la verosimilitud del derecho invocado por el trabajador es clara, ya que su despido se presume “discriminatorio” de acuerdo con la normativa vigente, lo que obliga al Estado a dar marcha atrás con su decisión hasta que exista una sentencia firme.
En este contexto de "motosierra" estatal, el fallo resalta que las razones operativas esgrimidas por el Ministerio que conduce Sandra Pettovello no pueden pasar por encima de la protección especial que gozan las personas en condiciones de vulnerabilidad sanitaria.
Tras conocerse la decisión de la Cámara Federal, El Destape se comunicó con la cartera que conduce Pettovello para conocer la postura del ministerio ante el fallo adverso, pero al cierre de esta nota voceros de Capital Humano mantuvieron el hermetismo respecto del caso.
Derechos Humanos frente al ajuste
La importancia de esta sentencia radica en el sólido andamiaje jurídico que utiliza para frenar el avance de la administración libertaria sobre los derechos de los trabajadores. El tribunal fundamentó su decisión en un bloque de legalidad que incluye tanto instrumentos internacionales con jerarquía constitucional como leyes nacionales específicas que el Gobierno parece ignorar en su afán por recortar el gasto público.
MÁS INFO
Según publicó el portal infogremiales, entre las herramientas legales que cita el fallo para defender la permanencia del trabajador en su puesto, se destacan la Ley N° 27.675: esta normativa es clave, ya que su artículo 9 garantiza el derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo sin discriminación para personas con VIH. Además, establece la presunción de que cualquier despido en esta población obedece a razones discriminatorias, invirtiendo la carga de la prueba hacia el empleador, en este caso, el Estado Nacional.
En tanto, la justicia apeló a la Ley N° 23.592, de Actos Discriminatorios, que obliga a cesar cualquier conducta que menoscabe derechos constitucionales y a reparar el daño ocasionado. El sustento de la medida también tiene su correlato en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.
Cerrar sesión