Cómo avanza la denuncia penal contra Macri por la deuda con el FMI

La Oficina Anticorrupción presentó en marzo una denuncia penal contra Macri. Las nuevas declaraciones del exmandatario son claves para la causa. Podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.

09 de noviembre, 2021 | 13.43

El expresidente Mauricio Macri admitió en una reciente entrevista que los 44 mil millones de dólares que le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) se usaron "para pagarle a los bancos comerciales que se querían ir del país”, contradiciendo el discurso que había instado su exministro de Economía, Hernán Lacunza, que había dicho que “fueron para pagar deudas anteriores”. Ahora, el exmandatario confesó virtualmente lo que había denunciado el oficialismo: los fondos fueron utilizados para la fuga de capitales. En este marco, esta nueva revelación sería clave en la causa judicial en la que está imputado junto a diversos funcionarios de su gobierno por "defraudación y malversación de caudales públicos".

Fue la Oficina Anticorrupción (OA) que presentó en marzo una denuncia penal contra el expresidente y los funcionarios de su gobierno como Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares. La OA formalizó esta denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi. La causa está avanzando y esta declaración de Macri no se corresponde con lo que declaró cuando tomó el préstamo y que tampoco se condice con lo que se permite para tomar un préstamo con el FMI. 

Avance de la causa contra Macri por el préstamo del FMI

La presentación puntualiza que el 20 de junio de 2018, el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado "a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados". Con esos fondos, los funcionarios del gobierno de Macri "ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el  Estado Nacional". El fiscal imputó a Macri junto al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central de la República Argentina: Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris por el presunto delito de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, la primera en la historia argentina.

Las imputaciones

"Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos. Todos los imputados "violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)".

"Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad. Las omisiones y violaciones a sus deberes de los funcionarios fueron las formas mediante las cuales se materializó parte del fraude", subraya la denuncia.

Para este delito de malversación de fondos, según detalla el Código Penal, será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

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