En una muestra de convergencia política por encima de las diferencias partidarias, la primera ministra de Italia, la conservadora Giorgia Meloni, y su par de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, publicaron un pronunciamiento conjunto para exigir un giro drástico en las políticas migratorias de la Unión Europea. Ambos gobiernos endurecieron su discurso al vincular directamente la inmigración irregular con el aumento de los índices de criminalidad, los delitos violentos y el desgaste de los servicios públicos en el continente.
El documento apela a la implementación de "soluciones innovadoras" para acelerar los procesos de expulsión de quienes no posean autorización de estancia, defendiendo abiertamente la creación de centros de repatriación fuera del territorio comunitario. Además de apuntar contra los flujos no autorizados, la declaración conjunta extendió sus advertencias hacia las comunidades de extranjeros residentes legales, señalando que no tolerarán intentos de imponer estilos de vida ajenos a la cultura europea y reafirmando su compromiso con la defensa de la tradición y el patrimonio de raíz cristiana.
La postura coordinada entre Roma y Copenhague refuerza el frente crítico que ambas mandatarias vienen encabezando contra la estrategia del Ejecutivo español tras la reciente irrupción migratoria en la frontera de Ceuta. El pronunciamiento consolida el aislamiento de las posturas más aperturistas en el seno de la Unión Europea y presiona por una reforma estructural de las normativas de asilo y control fronterizo a nivel comunitario.
Con información de EuropaPress.