Las negociaciones paritarias entre el Gobierno de Tucumán y el Frente Gremial Docente volvieron a quedar sin acuerdo luego de que la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) rechazara la última propuesta salarial del Ejecutivo provincial del 8,4%. El eje del conflicto es concreto: los docentes sostienen que la oferta oficial no acompaña la inflación acumulada desde noviembre ni alcanza a cubrir el costo de la canasta básica. El Destape intentó comunicarse con representantes del gobierno provincial, pero al momento de publicación no hubo respuestas.
Según el último Informe Indicativo del Salario Docente publicado por la Secretaría de Educación de la Nación (III trimestre de 2025), el salario bruto testigo de un maestro de grado con 10 años de antigüedad (MG10) en Tucumán se ubicaba en $864.021. Ese monto se encuentra, aproximadamente, un 17% por debajo del promedio nacional para el mismo cargo, que ronda los $1.043.239.
La brecha se amplía cuando se compara con el costo de vida. De acuerdo con el INDEC, la canasta básica total para un hogar tipo de cuatro integrantes alcanzó en enero de 2026 los $1.360.299. En ese escenario, el salario testigo docente en Tucumán cubre apenas el 64% del valor de esa canasta, sin considerar otros gastos asociados a la actividad laboral ni las cargas familiares.
Desde el gremio señalaron que la propuesta oficial -que incluye un incremento porcentual al básico y sumas fijas- no logra recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación ni corrige la posición relativa de Tucumán dentro del ranking salarial docente nacional, que se ubica como la cuarta provincia con el salario bruto MG10 más bajo del país, superada únicamente por Catamarca ($833.251), Misiones ($828.378) y Mendoza ($827.122). Además, advirtieron que la estructura de aumentos con componentes no remunerativos impacta negativamente en el cálculo jubilatorio y en la consolidación de derechos previsionales.
El Gobierno provincial, por su parte, argumenta limitaciones fiscales y un contexto económico adverso para justificar la oferta. Sin embargo, el conflicto se da en paralelo a un escenario político en el que Tucumán acompañó en el Congreso la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un contexto de ajuste y caída del consumo que también repercute en la recaudación provincial.
La falta de acuerdo mantiene abierta la posibilidad de medidas de fuerza y agrega incertidumbre al inicio del ciclo lectivo. Mientras tanto, el debate excede la discusión salarial: pone en cuestión la sostenibilidad del sistema educativo provincial cuando los ingresos docentes quedan sistemáticamente por debajo del costo de vida y del promedio nacional.
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El apoyo jaldista a Milei
La Cámara de Diputados aprobó la media sanción en general de la reforma laboral. El oficialismo obtuvo el acompañamiento de legisladores que responden a gobernadores peronistas y los partidos aliados. Entre los gobernadores que entregaron sus votos para blindar el proyecto del presidente Javier Milei se destaca el tucumano Osvaldo Jaldo.
En su discurso, el legislador Pablo Yedlin habló de su provincia y afirmó que en el último año se perdieron 2.500 empleos vinculados a la cosecha del limón, 5.500 puestos en la construcción tras la paralización de la obra pública nacional y alrededor de 500 en el sector textil. Uno de los casos emblemáticos es el de las plantas de Hilados S.A., quienes anunciaron la apertura de un concurso preventivo de acreedores, con el objetivo de ordenar sus compromisos financieros y garantizar la continuidad operativa en un contexto de fuerte deterioro del mercado.
La representación de Tucumán resultó fundamental para el triunfo oficialista, ya que siete de sus nueve integrantes votaron a favor. El apoyo provino de Gladys Medina, Elia Fernández, del bloque Independencia, mientras que Javier Noguera facilitó el quórum pero se ausentó a la hora de votar; Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza; y el radical con peluca Mariano Campero, de la UCR. Por el contrario, los votos en contra provinieron de los diputados de Unión por la Patria, Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.
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