La CGT anunciará este jueves una movilización a la Plaza de Mayo el 30 de abril, en la previa a la conmemoración internacional del Día del Trabajador. Será según los organizadores una convocatoria masiva con la participación de otras centrales obreras (CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma) y movimientos sociales (UTEP) así como intendentes bonaerenses del peronismo. Para el acto se buscará el aval de la Iglesia católica mediante una negociación con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un histórico aliado del sindicalismo argentino. De prosperar esa iniciativa la movilización incluirá un oficio religioso frente a la Catedral Metropolitana.
La convocatoria tendrá como eje la protesta contra la política económica del Gobierno y se hará también a caballo de la estela que dejó la masiva concentración del 24 de marzo pasado en la Plaza de Mayo y otros sitios de la Argentina en conmemoración del cincuenta aniversario del último golpe de Estado. La CGT terminará de definir los detalles del acto y de un documento que se leerá en esa oportunidad mañana, jueves, durante una reunión de su Consejo Directivo.
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El documento a consensuar hará eje en el agravamiento de las condiciones sociales de la mayoría de los argentinos con crecimiento en el desempleo y en el trabajo no registrado, aumento desde hace diez meses de la inflación y caída pronunciada del consumo masivo. También apuntará contra la reforma laboral que logró sancionar el Gobierno en el Congreso y que la CGT pudo frenar a instancias de un amparo que presentó y que acogió el juez del Trabajo Raúl Ojeda.
En cambio, la central sindical no tiene previsto aludir a la sucesión de escándalos y de episodios de presunta corrupción que salpican desde el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y decenas de funcionarios y legisladores libertarios beneficiados por créditos del Banco Nación. Sobre este tópico en la “mesa chica” de la CGT le dijeron a El Destape que se optó dejar que la dinámica de esos casos corra en paralelo sin forzar un impulso desde ese sector de los gremios.
La decisión de no martillar sobre esos episodios parece estar en línea con la persistencia del diálogo entre la CGT y Santiago Caputo, el asesor todoterreno que pidió a varios actores políticos y sociales enfocarse en sus reclamos sectoriales y no abundar sobre los errores propios del oficialismo que van desde el caso $Libra, los viajes y las propiedades de Adorni, los retornos que se investigan en Andis y los préstamos hipotecarios.
Los motivos de la protesta
La CGT permanecía con bajo perfil desde el paro nacional del 19 de febrero y se encontraba a la espera de novedades en Tribunales por las causas presentadas contra la reforma laboral. Mientras tanto había recibido del Ejecutivo la versión de que los funcionarios no tenían previsto apurar la reglamentación de la norma para aguardar una mejora en las condiciones económicas. La idea, hasta entonces, era no ahondar la tensión social esperable de la aplicación de artículos sensibles como los bancos de horas, los fraccionamientos de las vacaciones, las negociaciones salariales a la baja o las limitaciones estrictas al derecho de huelga.
El fallo de Ojeda volvió a tensar el vínculo con el Gobierno y liberó las manos de la “mesa chica” de la central obrera para avanzar con una nueva demostración de fuerza callejera. La última oportunidad en que la CGT se movilizó fue el 11 de febrero para acompañar el tratamiento parlamentario de la norma.
Pero, a diferencia de la módica convocatoria de febrero, para el 30 de abril la organización pretende volcar a decenas de miles de personas a la marcha y a lograr una conducta similar del resto de los adherentes. Si bien se hará en coordinación con el resto de las centrales y la UTEP, en el caso de la política se esperará una eventual incorporación por cuenta de cada sector. La premisa vale tanto para el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, como para La Cámpora, de Máximo Kirchner.
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