El gobernador cordobés Martín Llaryora inauguró el ciclo lectivo 2026 con una frase que sintetizó la crisis que atraviesa la educación pública de su provincia: "No alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes", dijo ante docentes en conflicto paritario, intentando relativizar el reclamo salarial. Lo que omitió mencionar fue que su propio gobierno destina millones de pesos en contratos de seguridad privada para las escuelas que la misma administración vacía de maestros con despidos y salarios de hambre.
El pluriempleo, una marca de la crisis
Según una encuesta encargada por la conducción provincial del gremio UEPC, el 45% de los docentes realiza actividades adicionales fuera del sistema educativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo, en el 71% de las familias docentes los recursos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, y un 96% percibe que su situación económica es igual o peor que hace un año.
El cuadro se agrava al observar el endeudamiento en el sector. El 78% de los maestros debió recurrir a préstamos, ayuda económica o ahorros para pagar gastos corrientes como alimentos y servicios, y el 65% se vio obligado a interrumpir o refinanciar pagos en el último trimestre. Por su parte, el Observatorio del Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) elaboró un informe que muestra que el 71% de los docentes no llega a ingresos familiares de $1.500.000. Individualmente, la cifra de docentes que perciben ingresos por debajo de la pobreza asciende al 95%.
Frente a este panorama, los maestros cordobeses convocaron a paros para el 9 y el 11 de marzo, en reclamo de una recomposición salarial que el gobierno provincial no se muestra dispuesto a otorgar. En el acto de inicio de clases en San Pedro, Llaryora ensayó una respuesta con carga de provocación. Agradeció la labor cotidiana de los docentes, reconoció el escenario económico y afirmó que la escala salarial de Córdoba es una de las más altas del país, aunque admitió que "no alcanza". También prometió que su gestión hará "todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria", sin precisar cifras ni plazos.
El discurso oficial recurrió a la comparación interprovincial para desinflar el reclamo, pero los números derrumban el argumento. De acuerdo al convenio salarial 2025, para un maestro de grado sin antigüedad, la paritaria preveía entre enero y septiembre una mejora acumulada del 2,2%, pero ese incremento se transformó en una caída del 2,6% producto del mayor ritmo inflacionario. La pérdida es similar a todas las escalas de la tarea docente, expandiendo la pauperización a todos los niveles educativos de la provincia.
Millones en custodia
Mientras el gobierno de Llaryora —en línea con el presidente Javier Milei— argumenta que “no hay plata” para una mejora salarial sustancial, el legislador provincial de la UCR Miguel Nicolás presentó un pedido de informes que puso en evidencia las verdaderas prioridades de la gestión cordobecista. Según la información relevada por la bancada radical, solo a una empresa, M3 S.R.L., el Estado provincial le abonó más de 4.000 millones de pesos durante el año 2025 en concepto de vigilancia privada en establecimientos educativos.
“¿Por qué el Gobierno provincial destina miles de millones de pesos a empresas privadas mientras deja a 175 docentes sin trabajo?” preguntó Nicolás en la presentación, donde se anota una contradicción evidente: hay recursos para contratos millonarios, pero no para sostener cargos docentes. Hay dinero para empresas privadas, pero no para garantizar el derecho a la educación con maestros en las aulas.
El legislador también cuestionó la racionalidad del gasto: “Resulta inconcebible —sostuvo— que, contando la Provincia con una Policía propia, con guardias urbanas y con autoridades escolares responsables de cada institución, se decida además tercerizar la seguridad a costos millonarios”. Y advirtió que en tiempos donde la tecnología permite sistemas de monitoreo remoto, cámaras inteligentes y conexiones directas con las fuerzas de seguridad, “resulta todavía más difícil justificar este gasto desmedido”.
El pedido de informes presentado en la Legislatura exige al Ministerio de Educación provincial que detalle cuántas empresas prestan este servicio, bajo qué modalidad contractual fueron contratadas, qué montos se abonan desde 2023 a la fecha, qué antecedentes tienen, cómo funciona el sistema de vigilancia y en qué escuelas se aplica, discriminado por departamento. Hasta el momento, el gobierno de Llaryora no dio respuesta pública a ninguno de esos interrogantes.
De gira con Milei por Estados Unidos, al gobernador lo esperan en su provincia para que explique, si puede, la notoria contradicción.
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