El Estado puede ser un perpetuador de las desigualdades o una herramienta de transformación

La resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en 2008, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que incluía convertir los 35 metros del borde ribereño en un área parquizada donde se habían asentado familias y construido barrios, desencadenó un proceso de organización popular que obligó al reseteo del Estado porteño. Se produjo, en los hechos, un cuestionamiento a la lógica hasta entonces vigente de notificar a las familias con 72 horas de preaviso para desalojarlas y abrir paso a las topadoras. Así, el Estado porteño tuvo que repensar su rol, sus propuestas y las posibilidades de desarrollar políticas públicas.

El Poder Judicial había definido el modo de actuación con frases bien claras: "tomar posesión del lugar" y consideraba a las familias que vivían allí como "obstrucciones que invaden la zona de protección ambiental especial". Esa fue la mirada con la que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) inició los primeros desplazamientos. Pero esa lógica política no pudo avanzar en la 21-24, donde las familias afectadas, bloquearon el acceso al barrio, eligieron su Cuerpo de Delegados y construyeron un entramado de relaciones que incluyó a la Defensoría Porteña, a la Asesoría Tutelar y otras organizaciones locales.

Esa tensión, esa fricción, y la parálisis en el avance del cumplimiento de la orden judicial, obligó a ajustar el modo de entender el territorio y a sus habitantes por parte de los funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. En ese proceso fue clave el rol de “traductoras” que desempeñaron las integrantes del equipo territorial que lograron explicar la situación y co-crear con el barrio alternativas frente a las encerronas. Se produjo allí un proceso que llevó al Estado a volverse más poroso. Lo que arrancó con verbos como erradicar, limpiar, remover, fue dando espacio a otras acciones como abordar, concientizar, consensuar y produjo nuevos instrumentos: veedurías, mesas de trabajo y protocolos de actuación.

Eso ocurrió porque en la Villa 21-24 existía una trama organizativa que se negó a ser sólo objeto de la política, y porque dentro del Instituto de Vivienda porteño había un equipo territorial capaz de usar creativamente la porosidad del Estado, buscando traducir las demandas barriales en normas, moverse entre los vacíos legales y lo institucionalizado, para que el proceso terminara siendo otro. Las propias trabajadoras llamaban a eso "hacer trampa", pero yo lo llamo gestión en y desde los márgenes. Y en ese proceso se evidenció lo que puede hacer el Estado cuando trabaja desde el barro, con conocimiento del territorio y con voluntad de escuchar.

Porque cuando el Estado gestiona desde y en el territorio es más inteligente y potente, se humaniza. Eso le permite entender que para las familias de ese barrio a relocalizar, la idea de la relocalización no significa necesariamente una respuesta a sus problemas, ni una mejora en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque esa relocalización puede contener todo lo que implica el desarraigo: ese territorio era su lugar de vida, era su barrio, era el lugar donde habían construido sus lazos sociales, donde desarrollaban su vida cotidiana. 

Y, a partir de esa escucha, esos equipos territoriales pudieron pensar soluciones que sintetizaran posiciones y necesidades gestionando el conflicto atendiendo otros tiempos: los tiempos sociales, que no son los tiempos judiciales ni los administrativos. Son los tiempos de las familias, para hacer el duelo del desarraigo de sus vidas tal como las conocen, sus vínculos cotidianos, sus rutinas de cada día. Es también gestionar las expectativas, los temores y las inseguridades de esas familias.

Eso es lo que logró entender el equipo estatal en la 21-24 y construyó un nuevo marco, que permitió a las familias ser parte de la toma de decisiones. Eso posibilitó que el Estado, con sus topadoras y subsidios habitacionales excepcionales, no fuera un perpetuador de las desigualdades. Pudo decodificar y establecer diálogos, procesos de negociación y de consenso para encontrar soluciones que fueran entendidas por los actores implicados, que no son otros que las familias que vivían en ese territorio que tenía que ser desalojado.

En ese camino, que incluyó confrontación, debate y negociación, el cambio de posición también quedó reflejado en el lenguaje: los documentos judiciales dejaron de hablar de "obstáculos que invaden la zona de protección ambiental" para usar palabras como "afectados", "proceso participativo", "acuerdo". Ese movimiento de una posición donde el Estado, personificado en sus equipos territoriales, llegaba a bajar una línea de actuación a una posición de escucha, análisis y síntesis es lo que posibilita que el Estado pueda transformar la realidad en lugar de ser un perpetuador de desigualdades.