La industria de la defensa suele ser abordada en la Argentina únicamente desde la óptica del gasto militar. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que puede funcionar como una verdadera política de desarrollo económico, generación de empleo e innovación tecnológica. La clave no está simplemente en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte.
En América Latina existen ejemplos concretos de esta lógica. Brasil desarrolló el programa PROSUB junto a la francesa Naval Group, combinando adquisición de capacidades submarinas con transferencia tecnológica, construcción local e infraestructura industrial. El proyecto implicó inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares y permitió generar miles de puestos de trabajo, consolidando un polo naval estratégico en Itaguaí.
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Chile avanzó en una dirección similar mediante ASMAR, articulando capacidades estatales con cooperación tecnológica internacional. Uno de los casos más relevantes es su asociación con la española Navantia para el desarrollo de capacidades navales y programas de construcción local. Al igual que Brasil, el modelo chileno combinó participación estatal, incorporación de ingeniería extranjera y construcción nacional, permitiendo sostener empleo técnico, transferencia de conocimientos y continuidad industrial.
Colombia, mediante COTECMAR, incorporó además una dimensión exportadora, demostrando que una industria naval regional puede convertirse incluso en generadora de divisas. Perú, por su parte, consolidó capacidades propias a través de SIMA, con un esquema gradual de integración tecnológica y producción local.
¿Qué tienen en común todos estos casos? Tres elementos: un Estado que conduce, un socio tecnológico que transfiere conocimiento y una política sostenida en el tiempo. Estos casos muestran un patrón común: los países que desarrollaron capacidades navales sostenidas no lo hicieron mediante compras aisladas en el exterior, sino articulando Estado, industria local y transferencia tecnológica. La defensa fue utilizada como herramienta de desarrollo económico.
La Argentina posee capacidades relevantes para avanzar en ese camino. TANDANOR, el Astillero Río Santiago y numerosos astilleros privados nacionales conforman una base industrial existente, aunque actualmente fragmentada y subutilizada. El problema principal no es la falta de recursos humanos o infraestructura, sino la ausencia de una estrategia sostenida de integración y continuidad.
Frente a este escenario, la propuesta de crear un “Consorcio Naval Argentino” busca articular capacidades estatales y privadas bajo un modelo híbrido, orientado a transformar la demanda de la defensa en producción nacional sostenida. La iniciativa plantea integrar empresas públicas, astilleros privados y socios tecnológicos internacionales, financiados parcialmente mediante el FONDEF y bajo mecanismos estrictos de auditoría y control.
Esta propuesta surge de la ponencia “Industria de la Defensa: la soberanía como motor económico”, presentada en el Congreso de Defensa Nacional del Partido Justicialista el pasado 15 de mayo.
El objetivo inicial sería avanzar en programas de complejidad intermedia —patrulleros oceánicos, remolcadores, buques auxiliares y modernización de unidades existentes— para construir una curva de aprendizaje industrial realista y sostenible. El modelo propone incorporar progresivamente contenido nacional, transferencia tecnológica verificable y participación de proveedores locales.
La dimensión económica del proyecto resulta significativa. Según las estimaciones desarrolladas en la ponencia, un programa naval de aproximadamente 1.000 millones de dólares en cinco años podría generar hasta 10.000 empleos directos y entre 16.000 y 30.000 indirectos, además de un impacto económico superior al monto originalmente invertido.
Pero la experiencia regional también deja una advertencia clara: ninguna política industrial de defensa funciona sin continuidad. Brasil sostuvo PROSUB durante distintos gobiernos; Chile mantuvo programas navales sucesivos durante décadas; Colombia y Perú consolidaron capacidades gracias a la regularidad de sus proyectos. La eficiencia y la estabilidad institucional son tan importantes como el financiamiento.
La discusión de fondo excede lo estrictamente militar. Se trata de decidir si la Argentina continuará dependiendo de compras externas aisladas o si utilizará parte de su inversión en defensa para fortalecer empleo, industria, tecnología y soberanía productiva. La industria naval puede ser solamente un gasto o convertirse en una política estratégica de desarrollo. La diferencia depende de la capacidad del Estado para sostener una visión de largo plazo. Porque, en última instancia, la soberanía no se declama. Se construye.
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