Entre 400 y 600 obreros de la empresa Siderca podrían perder sus puestos de trabajo o ver reducidos sus ingresos, si la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no firma esta semana la renovación de un acuerdo establecido por trabajadores suspendidos de su planta ubicada en el partido bonaerense de Campana.
El conflicto entre el mayor grupo empresario del país y uno de los principales gremios industriales comenzará esta semana al vencer un acuerdo vigente desde abril pasado, por el cual Siderca, del grupo Techint, le pagaba el 80 por ciento del sueldo a los suspendidos como consecuencia de la caída del precio internacional del petróleo.
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La empresa aplicó desde abril de este año un método de suspensiones rotativas según el cual entre 400 y 600 trabajadores permanecen siempre fuera del lugar de trabajo con el 80 por ciento del salario normal.
Según se informó hoy, se trata de un acta por seis meses que se renovó en octubre por dos meses más, pero ese convenio venció esta semana y para renovarlo quieren pagar sólo el 60 por ciento del salario. Techint tendría la intención de desprenderse del 20 por ciento de su plantilla de Siderca, en caso de no alcanzar el acuerdo exigido por la patronal.
En este contexto, el titular de la UOM Campana-Zárate, Abel Furlán, consideró en diálogo con Página 12 que "sin el acta de suspensiones no descarto que pueda llegar a haber despidos, que es lo que la empresa ha venido buscando hasta ahora".
"Sin dudas la nueva situación política es más favorable para la empresa, aunque todavía no hemos tenido contacto con nadie del Ministerio de Trabajo pero esperamos que las autoridades estén a la altura de la situación", agregó.
En Siderca trabajan 2700 personas de forma directa y más de 3000 si se cuentan los contratados, mientras que en el orden nacional en la actualidad el sector metalúrgico tienen 300.000 empleos contra los 200.000 de la década del noventa.
Desde el sindicato admitieron que durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se utilizaron diversas herramientas como la protección comercial (que en el caso de Techint es clave por la competencia de China), los créditos subsidiados y hasta autorizaciones de subas de precios como moneda de cambio de la estabilidad laboral.
Sin embargo, indicaron que a partir de un nuevo contexto político, una política de despidos o de reducción de salarios en Techint tendrían un efecto contagio sobre el empresariado.
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