El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, exigió que se lleve adelante una audiencia pública para que se analice el motivo de los injustificados aumentos de los precios de los alimentos, en un contexto de claras conductas anticompetitivas en las grandes cadenas de supermercados.
El pedido hecho a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), se basa en investigaciones de mercado realizadas por el organismo, un trabajo llevado adelante en forma coordinada con todas las delegaciones que tiene en distintos puntos de la Provincia.
“Este estudio arrojó que existe un aumento desmedido de los precios de los alimentos básicos, lo que afecta derechos humanos fundamentales de los sectores más vulnerables, y se da como producto de un proceso de concentración y cartelización, que en los últimos años también provocó el cierre de aproximadamente cien mil comercios minoristas, y la pérdida de un millón de puestos de trabajo”, precisó Lorenzino.
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En ese sentido, el Defensor del Pueblo reclamó que “se convoque de forma urgente a una audiencia pública para que toda la sociedad sepa las razones por las que las grandes cadenas suben los precios de los productos más esenciales, además de por qué en muchos casos no ofrecen marcas alternativas que puedan beneficiar a los que menos tienen”.
“Las conductas anticompetitivas de las grandes cadenas minoristas se reflejan en los precios exhibidos en góndola, en donde es común encontrar diversidad de marcas, pero de muy pocas empresas. Esto limita de manera inconstitucional la competencia y fijan precios que no tienen relación con los costos de producción, lo que genera ganancias extraordinarias a costa de los bolsillos de los consumidores”, agregó.
Además, desde la Defensoría reclamaron que la CNDC profundice el control sobre las relaciones entre los grandes supermercados y sus proveedores, teniendo en cuenta el acceso oligopólico que tienen algunas de las empresas más importantes a las góndolas y que, ante la existencia de conductas anticompetitivas, aplique las sanciones previstas en las normas de protección de los consumidores.
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