A partir de la intervención militar y política que el presidente estadounidense Donald Trump ejecutó en Venezuela, desde la oposición venezolana crecen los rumores y el deseo de que el republicano considere intervenir El Helicoide, la cárcel para presos políticos que se transformó en un símbolo de la represión en el país caribeño. Situado en el corazón de Caracas, este edificio pasó de ser un ambicioso proyecto arquitectónico a un centro de detención, difundido internacionalmente por las graves violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en su interior.
El Helicoide fue construido en la década de 1950, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el militar que asumió el poder en 1952 y gobernó de facto el país, con fraude electoral mediante, hasta 1958. El edificio recibió ese nombre por su forma helicoidal y fue pensado, en principio, para que allí funcione un centro comercial. Se preveía que tuviera capacidad para 300 negocios, un hotel y un helipuerto, aparte de terrazas y balcones para el ocio. Caído el régimen de Jiménez el proyecto quedó incompleto y recién fue retomado en la década de 1980.
El edificio se fue terminando por partes hasta que en 1984, el gobierno de Jaime Lusinchi estableció algunas oficinas gubernamentales dentro del edificio, entre ellas una parte la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Desde entonces fue sede los servicios de inteligencia del país caribeño.
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El Helicoide durante el chavismo: sede de la inteligencia y un presunto centro de detención
A partir del año 2010, el Helicoide se convirtió en la sede del renovado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la principal agencia de inteligencia del Estado venezolano durante el chavismo. Y desde el 2015, el edificio comenzó a funcionar como centro de detención, sobre todo para opositores políticos, activistas, periodistas y "cualquier persona considerada un desafío al gobierno de turno", de acuerdo al testimonio de ex presos en el lugar.
El Helicoide fue apuntado repetidamente por testimonios de presos, ONG's internacionales y organismos multilaterales como un centro de detención y tortura, habiendo documentado prácticas que van más allá de la simple detención, tales como:
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Golpes, electroshocks y palizas como forma de interrogatorio.
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Celdas sin luz natural ni ventilación adecuada.
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Condiciones de hacinamiento extremo y falta de servicios básicos.
Desde las Naciones Unidas y diferentes comisiones de derechos humanos señalaron al Helicoide como uno de los principales espacios de detención arbitraria y tortura en Venezuela, usados para amedrentar a opositores o disidentes políticos.
Denuncias por violaciones a los derechos humanos
Aunque desde 2015 existen testimonios que denuncian violaciones a los derechos humanos para los detenidos en el Helicoide, los rumores crecieron a partir del asesinato de Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años, en marzo de 2021. Figueredo fue arrestada en octubre de 2020 acusada de posesión de material estratégico y permanecía detenida en un calabozo del Helicoide, cuando el oficial Daniel Galarraga le disparó en el rostro con su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta modelo 92FS, el 13 de marzo de ese año. Desde allí fue trasladada al Hospital General Eugenio Bellard, donde llegó sin signos vitales, y Galarraga fue posteriormente detenido e imputado por homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y otros cargos, lo que descartó la versión oficial inicial de un “disparo accidental”.
Las testimoniales de otras reclusas recogidas por la ONG apuntan que el disparo se produjo en un contexto de intento de abuso sexual por parte del agente, en medio de denuncias de que mujeres detenidas eran hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios a cambio de beneficios dentro del calabozo.
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