Confirmaron condena de 4 años contra María Julia Alsogaray

23 de septiembre, 2015 | 13.49
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por corrupción durante la privatización de la ex empresa de telecomunicaciones Entel.

La Sala Cuarta del máximo tribunal penal del país, con las firmas de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazó la apelación presentada por Alsogaray, con lo que dejó firme la condena.

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Alsogaray aún tiene por delante una instancia de apelación en la Corte Suprema, pero allí no se discutirán ya los hechos sino cuestiones "de derecho", es decir si se respetaron el debido proceso y las garantías constitucionales.

Según informó la agencia DyN, la ex funcionaria estaba acusada por "haber efectuado una contratación ilegítima y fraudulenta" con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) "a través de la resolución Entel 90/94 para un llamado a concurso para la contratación de un consultor para el desarrollo técnico legal y administrativo contable, para el relevamiento y análisis de la totalidad de los contratos de obra pública en los que la ex Entel hubiere actuado como comitente". Para ello se apeló a "un procedimiento excepcional similar al de contratación directa".

"Para evitar una auditoría por parte de la Sindicatura General de la Nación se habría procedido a crear una unidad de auditoría interna que dependía directamente de Alsogaray. Luego, y a través de esta UTE, se iniciaron irregularmente y abusivamente demandas judiciales basadas en el informe deficiente e incompleto elaborado por la misma UTE contratada a tal fin por ENTEL".

Los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino condenaron a María Julia, y al ex coordinador general de la telefónica estatal, Gustavo Daneri, a la misma pena, en tanto que el consultor Hernán Flaum fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

Si bien el fallo fue confirmado contra María Julia, para los otros dos imputados el tribunal resolvió que la causa vuelva a la instancia anterior para que se le fijen nuevas penas, ya que sufrieron condenas superiores a las que había pedido la fiscalía. La causa fue iniciada en los '90 por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.